En nota de prensa, indica que tras la entrada en vigor el 31 de diciembre de 2014 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la (LRSAL) y la consiguiente modificación que afectó a las competencias de las Diputaciones, se estableció como propias de la Diputaciones asumir la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Además, Añade que la Disposición Final Segunda de la LRSAL obliga a los consorcios y, por lo tanto, también al SCIS a adscribirse a las administraciones públicas con mayor número de votos y, por lo tanto, en el presente caso, a la Diputación de Ciudad Real.

Como consecuencia de estas modificaciones legales en el régimen de competencias en materia de prevención y extinción de incendios, añade el PP, numerosos ayuntamientos procedieron a realizar una reclamación para exigir a la Diputación y al Consorcio SCIS la asunción de sus obligaciones legales, reclamaciones que alcanzaron la vía judicial y finalizaron en un acuerdo extrajudicial.

Dicho acuerdo, señala el PP, alcanzado en una comisión especial entre Diputación, ayuntamientos y el SCIS, dio lugar a un pacto de carácter provisional que daba cumplimiento parcial a lo dispuesto en el artículo 36 de la LBRL. Así, la Diputación asumía, a partir del año 2015, el 50% de las asignaciones que los ayuntamientos de más 5.000 y menos de 20.000 habitantes pagaban en función de los estatutos del Consorcio. El acuerdo fue refrendado por los órganos competentes de la Diputación Provincial y del Consorcio SCIS.

Además, el acuerdo estableció un periodo transitorio para el abono a los ayuntamientos del 50% de estas asignaciones correspondientes al 2014 por parte del Consorcio y que finalizó en el año 2017.

Según el PP, desde hace más de un año, muchos ayuntamientos consorciados han venido exigiendo al Consorcio y a su presidente que reclame a la Diputación que cumpla completamente lo dispuesto legalmente y que ésta se haga cargo del servicio de prevención extinción de incendios en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

“Por desgracia, el presidente se ha negado a debatir en la asamblea esta propuesta y ha impedido el ejercicio de los derechos constitucionales de participación política que corresponden a los ayuntamientos que formamos parte del SCIS”, concluyen los ‘populares’.