El proceso de admisión de los alumnos y alumnas de nuestra región para el curso 2016-2017 está ya en marcha. Como bien saben, en enero de 2013 el anterior gobierno decidió establecer la zona única de escolarización en una misma localidad, de tal modo que la residencia familiar del alumno no fuera uno de los criterios a tener en cuenta en la asignación de una plaza escolar en un centro educativo sostenido con fondos públicos.

La decisión de escolarizar a un hijo es una de esas decisiones que una familia planifica con tiempo, tratando de informarse, valorando pros y contras de uno u otro centro, siendo conscientes que del resultado de la misma se decide no sólo el lugar en el que su hijo o hija pasará buena parte de su tiempo durante nueve años de su vida, sino la misma predisposición del niño ante el aprendizaje, sus amistades, sus aficiones, su entorno vital y el de la familia; se decide su presente más necesario y su porvenir.

Aquella decisión de imponer la zona única de escolarización trataba de revestir con una pretendida libertad lo que en realidad no ha sido más que un ejercicio de indolencia, evitando asumir con responsabilidad la necesaria planificación de la oferta de plazas escolares, el establecimiento de cauces que permitan trasladar información comprensible sobre las posibilidades de elección de centros, y la necesaria coordinación entre administraciones para, de manera conjunta, decidir en esta materia.

Siendo ésta la realidad, tampoco es nuestra intención trazar líneas sin más, en un mapa de escolarización que no existe porque nadie se ha preocupado en ordenarlo, fijando unas fronteras geográficas que excluyen más que incluyen, alumnos en zonas, tratando al alumnado como bloques que encajan en un molde.

Introducir cambios precipitados en educación, sabiendo que son insuficientes, dada la existencia acreditada de dificultades reales, que precisan de un desarrollo normativo previo, hubiera sido una temeridad que no haría más que introducir un elemento de inseguridad, intranquilidad y temporalidad, que en educación es peor que una mala decisión.

Abocar a las familias a un retraso importante en los plazos requeridos en un proceso de escolarización ordenado, transparente y con garantías, sólo podría haber provocado una mayor insatisfacción añadida a la que llevan experimentando en los últimos años.

No pretendemos un sistema de escolarización estricto, sino al contrario, que sea inclusivo, amplio y equilibrado; priorizando los derechos del alumno que vive en la zona de influencia de un centro educativo, su posible situación de vulnerabilidad personal, familiar y económica, pero ofertando un número amplio de posibilidades de elección de centro educativo; haciendo de la libertad un ejercicio responsable.

Pero dicho esto, el Estado de Derecho define un camino que va desde la reflexión sobre el bien común y la planificación, hasta la norma y la ley. Si no recorremos ese camino, estaremos vulnerando nuestro modelo de convivencia, y las consecuencias de esa conculcación son la inseguridad, la falta de anclajes que genera más desasosiego que la propia mala praxis.

Al anterior gobierno le llevó dos años derribar el sistema de escolarización vigente. Estamos trabajando para proponer cuanto antes a las familias de Castilla-La Mancha un mecanismo de asignación de plazas escolares que favorezca la adecuación entre las preferencias educativas familiares y las vacantes escolares disponibles en los centros. Pero entre tanto, queremos plantear una buena oferta de centros educativos, con recursos personales y materiales, con servicios educativos complementarios ajustados a las necesidades del alumnado y sus familias, con un proyecto educativo moderno, que motive al alumnado, que reconozca la labor del profesorado, que favorezca la titulación y que haga del conocimiento nuestra riqueza como región.