Quiero dedicar este artículo a los derechos económicos y sociales que contiene la Constitución y a los ataques que ha sufrido en los últimos 5 años.

Estos derechos están contenidos desde el título preliminar que dice “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. En el Capítulo Tercero se establece que los poderes públicos promoverán el progreso social y una equitativa distribución de la renta, los derechos a la protección de la salud, el acceso a la cultura, medio ambiente adecuado, vivienda digna, pensiones, derecho y deber de trabajar, entre otros. En el Título VII se indica que la riqueza del país, en cualquier forma y de cualquier titularidad, está subordinada al interés general.

La reforma introducida en el artículo 135, en setiembre de 2011, destrozó los fundamentos sociales de la Consitución. Con este nuevo artículo se incluyeron las obligaciones de las administraciones públicas de adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria establecidos por la UE. Y se añadió que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública tendrán prioridad absoluta. Este cambio supuso nueva pérdida de soberanía frente a las directrices neoliberales y representó un cambio de orientación que dejó absolutamente devaluado el estado social. El PP ha gobernado con mayoría absoluta 4 de los 5 años que han pasado desde entonces.

¿Cómo han evolucionado estos derechos sociales y políticos y sus garantías en estos últimos años? La relación de contrarreformas es tal que haría muy largo el discurso. Seré sintética y no exhaustiva:

  • Se ha vulnerado el derecho a la salud y acabado con la cobertura sanitaria universal, con la retirada de tarjeta sanitaria a inmigrantes.

  • Se ha puesto en riesgo el derecho a la educación con la aprobación de la LOMCE que refuerza y consolida las desiguadlades entre el alumnado, los discrimina y premia a los más favorecidos.

  • Más del 40% de las personas en desempleo no reciben ninguna prestación. Se vulnera así el Artículo 41 que se refiere al régimen público de Seguridad Social, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

  • Se han reformado las pensiones endureciendo las condiciones para el acceso a las contributivas y se está agotando la hucha de las pensiones, poniendo el riesgo el sistema.

  • Se ha realizado una reforma laboral que, lejos de garantizar el derecho al trabajo, ha contribuido a la precarización del empleo y abaratado el despido.

  • Se ha retrocedido en materia penal, con la introducción de la cadena perpetua revisable, situándonos en materia legislativa en el siglo XIX y pervirtiendo el mandato del artículo 25 que obliga a que las penas privativas de libertad tengan como finalidad la reeducación y reinserción social del penado.

  • Se ha aprobado una normativa que limita derechos políticos fundamentales, “la ley de seguridad ciudadana” que restringe la libertad de reunión y manifestación, criminaliza la protesta y ha facilitado la represión de la contestación social que han tenido el gobierno del Sr Rajoy en estos años.

  • Se ha legalizado las devoluciones en caliente en las frontera española, una vulneración del derecho al asilo, reconocido a nivel internacional y en el artículo 13 de nuestra Constitución. Mientras asistimos conmovidos al drama de los refugiados en el mediterráneo, expulsamos a las personas en las fronteras de y con actuaciones totalmente execrables que han costado vidas y suponen una vergüenza humanitaria.

Poco se ha hecho por garantizar el derecho a la vivienda, y se permite que los bancos expulsen a la gente de su hogar, pero se han hecho múltiples reformas con claros beneficiarios: las élites financieras nacionales e internacionales, causantes en gran medida de la crisis y enriquecidas en ella.

Hemos contemplado la entronización del nuevo rey, por mor de la discriminación de sexo constitucional que prima al varón sobre la mujer en el acceso al trono, y por obra de la restauración monárquica tras la dictadura que se recogió en la CE del 1978. El modelo de jefatura de estado monárquico, frente al republicano, fue impuesto en la transición y nunca ha sido aprobado en referéndum por el pueblo español, en quien reside la soberanía según la carta magna.

Atravesamos uno de los momentos más graves de nuestra reciente historia. A la dificilísima situación por la que pasan casi cinco millones de personas sumidas en el paro y la exclusión por las políticas neoliberales, al robo sistemático, al desmantelamiento y reparto privado de lo público, hay que sumar la ofensiva anticonstitucional de un gobierno que cada día demuestra su animadversión por los derechos y libertades básicas. “Veo la democracia como una rosa seca”. Nuestra constitución es como esa rosa seca que describe el poeta en una de sus columnas: “No está desde luego en un buen momento, pero arrebatarle toda la belleza no es una salida”. Dejarla sin contenido social la aleja del pueblo y de sus intereses. Parapetarse con ella frente a quienes disienten es un ejercicio de autoritarismo y ceguera política. Ojalá el parlamento imponga frenos a tal torpeza y vulneración de derechos y libertades, ahora que el gobierno ya no tiene mayoría absoluta.

– Concejala Portavoz de Ganemos