Defiendo la equidad y la justicia social. Por ello, el haber trabajado -como docente- en una educación segregada, en unas condiciones muy poco adecuadas, reafirmó mi convicción en la lucha por la consecución de una educación equitativa e inclusiva de calidad, que posibilite a todas las personas desarrollar al máximo sus potencialidades. La experiencia me ha demostrado que, el futuro de muchas personas con discapacidad, sería diferente si se les hubieran respetado sus derechos y facilitado una educación de calidad en y para la diversidad.

Celebramos el DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD para hacer visible que todas las personas tenemos que disfrutar de los DERECHOS HUMANOS, sin exclusión alguna, independientemente de nuestras capacidades físicas o intelectuales, o de nuestra procedencia y lugar de residencia. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas.

Nuestro reto es construir una sociedad en la que la educación y las diferencias no sean causas de segregación o exclusión, sino una posibilidad de desarrollo y enriquecimiento personal y social, en el marco del respeto a los DERECHOS HUMANOS. En esta labor seguiré mientras pueda, porque las mejores recompensas son las que llegan al corazón y he tenido la fortuna de haberlas recibido de personas a las que la sociedad ha maltratado y discriminado, vulnerando sus derechos fundamentales.

Conviene recordar que, las personas con discapacidad, la «minoría más amplia del mundo», suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a las personas con discapacidad.

Lamentablemente, el porcentaje de personas con discapacidad víctimas de la violencia es más elevado. Como puede comprobarse los/as niños/as discapacitados/as tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales.

Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello, es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad. Conviene recordar que, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. Igualmente, subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo «resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad».

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención reclama que las personas con discapacidad deben llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Asimismo, solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.

Por todo ello, la Agenda 2030 se compromete a «no dejar a nadie atrás». Las personas con discapacidades, como beneficiarios y como agentes de cambio, pueden acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover unas sociedades resilientes para todos y todas, incluidos los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria, además del desarrollo urbano. Es necesario que los gobiernos, las personas con discapacidades y las organizaciones que las representan, las instituciones académicas y el sector privado trabajen colaborativamente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consiguiendo una sociedad sostenible y resiliente para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación.

Resulta evidente que hemos avanzado mucho en la inclusión educativa; sin embargo, la respuesta a la diversidad conlleva una visión crítica de la escuela y un proceso complejo y dificultoso y, sobre todo, un cambio en las convicciones sociales, culturales y educativas de toda la sociedad para que realmente llegue a ser inclusiva.

Personalmente, considero que no hay mayor satisfacción que poder comprobar que no se ha hecho del todo mal y que ha valido la pena batallar. En efecto, aunque falta mucho por conseguir, los avances de los últimos diez años han sido my significativos. Ojalá nuestros representantes políticos tuvieran la imprescindible voluntad política y personal para trabajar en la construcción de una escuela y una sociedad inclusivas, sin discriminaciones.