A principios de este mes de Agosto, comentábamos en el artículo “Un 2018 de incertidumbres”, la previsión económica para el segundo semestre del año, y los riesgos que amenazaban la senda de crecimiento económico que mantenía la economía española en los últimos años.

En la mañana de hoy, el daba a conocer los datos de deuda de las Administraciones Públicas, alcanzando un nuevo récord en junio : 1,16 Billones de Euros. Es decir, sitúa nuestra deuda en el 98,8% sobre el PIB.

Este incremento de la deuda se ha sustentado en el incremento de la deuda del estado, que ha crecido en 10.006 millones de euros entre mayo y junio, y la deuda de la Seguridad Social, con un incremento de 7.501 millones de euros. Para cerrar el círculo, tanto comunidades autónomas como corporaciones locales han puesto su grano de arena en el incremento de la deuda, con niveles de deuda de un 2,3% sobre junio de 2017 en el caso de las primeras, y del 1,7% con respecto a mayo en el caso de los ayuntamientos.

Con la previsible retirada del programa de compra de deuda del BCE a finales de año, la ecuación es muy sencilla: mayor deuda en circulación, y mayor coste de la misma; igual a más recursos de nuestros presupuestos generales del estado para pago de deuda, y menos disponible para políticas sociales, inversiones que creen valor añadido, etc..

La preocupación por la deriva irresponsable del en materia fiscal es creciente dentro y fuera de nuestras fronteras, y esta irresponsabilidad, en último término, la vamos a pagar empresas, autónomos y en general todos los contribuyentes. Ayer miércoles, el Gobierno acordó con sus socios de Podemos y las CCAA, la subida del objetivo de déficit del 1,3% al 1,8%; es más que previsible una subida de los tipos marginales del IRPF, especialmente a las rentas de más de 60.000 euros, nuevas tasas a las empresas tecnológicas y las entidades financieras, incremento de la fiscalidad verde, y eliminación de las Sicav, para las que ya se elevó su tributación en País Vasco y y el resultado fue la fuga de patrimonios de estas dos comunidades. Actualmente en España quedan 2.800 Sicav, con algo más de 419.000 accionistas, con un patrimonio de 30.000 millones de euros que se moverán a otros países de la zona euros con dilatada tradición en estos vehículos de inversión.

Por otro lado, resulta casi un fraude de ley que la debilidad del Gobierno de 84 diputados de Sánchez, se traduzca en gobernar continuamente mediante Decreto Ley, una debilidad que se ha traducido en evitar el veto del a la senda de déficit pactada ayer entre PSOE y Podemos, eliminando el Art. 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En definitiva, el horizonte económico hasta las próximas elecciones se presenta complejo, subir impuestos para gastar por encima de nuestras posibilidades e hipotecar a generaciones futuras para pagar el dispendio, no es la solución, y es un hecho que ante subidas fiscales, empresas y particulares ralentizan la toma de decisiones sobre realizar o no nuevas inversiones; y este lujo no nos lo podemos permitir.

- Secretario de Economía del PP de Albacete