Recientemente son muchas las ocasiones en que escuchamos hablar del problema del despoblamiento del . Es esta una temática que va y viene a la primera plana de los medios de manera periódica, reflejo de una realidad en un marco general de regresión demográfica en el conjunto del Estado, pero con peculiaridades propias de cada provincia y de cada comarca. Si se revisan las proyecciones demográficas generales para toda España, la previsión es que esa caída de la población será sostenida. Esa tendencia, iniciada en el medio rural en los años sesenta, en la ultima década se ha visto acentuada por el frenazo del crecimiento socioeconómico propiciado por una crisis económica que ha provocado una pérdida de población por saldos migratorios negativos. Sin embargo, la perdida de población rural lleva ocurriendo como tendencia desde hace décadas, sin haberse obtenido respuestas eficaces de las actuaciones para frenarla, sin embargo, periódicamente aparece en los medios como si se tratase de un nuevo problema.

En 2007 el , elaboró y aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. En ella se identificaban a 105 comarcas con serios problemas de despoblamiento, y a otras 84 comarcas que consideraba que estaban con un riesgo intermedio. Sin embargo, se sigue cayendo en el error de hablar de municipios vacíos, en lugar de hacerlo de “comarcas” como hace el Ministerio, porque la escala de una u otra afirmación es muy importante, porque el hecho de que el despoblamiento de un municipio o de una comarca es algo muy diferente. Tenemos zonas ya despobladas que van a continuar asistiendo a la desaparición progresiva de sus pequeños municipios, sin ninguna posibilidad de frenar esa tendencia, y a la vez, en esa misma comarca, un núcleo que aumenta su población.

El envejecimiento, la salida de los jóvenes, el descenso de la natalidad, la mayor emigración de las mujeres (que supone un fuerte desequilibrio entre sexos en numerosas zonas rurales) y una baja densidad demográfica son causas de esa despoblación del medio rural. Creo que a estas causas deben añadirse la progresiva desaparición del transporte público entre núcleos rurales y las áreas de las capitales, y unas deficitarias ofertas sanitaria y educativa que se precarizan progresivamente, con la desaparición de consultorios locales y de escuelas en muchas poblaciones. Si a eso le añadimos la falta de actividad económica suficiente en los pueblos, unida a la oferta de empleo de las ciudades, parece casi obligatoria esa emigración masiva, en busca de oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida. Hoy los medios y una publicidad subliminal consumista, relacionan el concepto de progreso con residir en ciudades de mayor tamaño, y eso implica el abandono de las actividades agrícolas, ganaderas y agroalimentarias, con lo que el despoblamiento rural está servido.

La fotografía de esta España nuestra es muy clara: la mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción; en catorce provincias, más del 80% de todos sus municipios no superan los 1.000 habitantes; un total de 1.286 municipios no superan los 100 empadronados; y según el INE, durante el último año 36 provincias han perdido población fundamentalmente en sus áreas rurales. Esto debe entenderse no como un motivo para arrojar la toalla, sino como una señal de alarma, que debería servir para que tanto las entidades locales como la sociedad civil organizada, se conviertan en los principales actores de las estrategias que deben plantearse. pueblos españoles sufren problemas graves de falta de habitantes y ya están calificados como “espacios rurales en riesgo de despoblación irreversible”.

Hay una paradoja que merece ser analizada: que la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos, no puede servir como justificación, para no atender lo que son los derechos de los ciudadanos rurales. El encarecimiento de la prestación de los servicios públicos y del mantenimiento de las infraestructuras es real, como lo es el desaprovechamiento de recursos endógenos de los territorios rurales. Pero no se puede hablar solo del coste económico que supone afrontar estos problemas, y olvidarnos de la obligación que tienen las administraciones de garantizar sus derechos a todos los ciudadanos. El primero derecho que debe respetarse es el derecho a la igualdad de oportunidades, porque al hacerlo, los recursos que se destinen a garantizarlo, se transforman en una inversión en cohesión social y territorial, y en una apuesta por la sostenibilidad tanto económica, como social y ambiental.

Pero ¿Estamos ante un proceso irreversible? Posiblemente todavía hay formulas que nos permitan frenar ese proceso agónico de muchas zonas rurales. Para hacerlo debe empezarse por poner en valor ante el conjunto de los ciudadanos, el hecho de que en el medio rural es el guardián de los elementos imprescindibles para la vida en este planeta: el agua, aire de calidad, las energías limpias y los alimentos. Pero esas características, para ser puestas en valor, requieren que ante todo desaparezcan, no las políticas a favor de las grandes ciudades, sino las políticas que van en contra de lo rural y suponen un menosprecio cultural, que en el actual modelo educativo sufren las áreas rurales. El medio rural posee sus bondades y sus pecados, pero no más ni menos que las áreas urbanas.

Como segundo elemento parece imprescindible plantearse una reordenación del territorio rural en base a núcleos viables, para que en ellos puedan encontrara un empleo bien retribuido la población joven y formada, y unos servicios públicos que garanticen calidad de vida para sus moradores. Una mejor financiación de la educación para el medio rural, resulta en este sentido imprescindible. Esta puede ser la única solución al envejecimiento progresivo de la población rural. Si además se aborda la adecuación del tejido productivo a una población activa envejecida, que favorezca los trabajos menos penosos, y se actúa en beneficio de la actividad intelectual e innovadora, posiblemente empecemos a dar los primeros pasos para primero frenar, y que luego se empiece a revertir la actual tendencia de abandono.

Pero no se puede obviar el papel fundamental que como productor de alimentos desempeña el medio rural. Potenciar la agricultura y ganadería responsables, primando en ellas los criterios de sostenibilidad tanto económica como social y ambiental. Es posible continuar potenciando una industria agroalimentaria de calidad ya existente, y facilitar la creación de nuevas oportunidades de empleo mediante la simplificación de los trámites administrativos que favorezcan la apertura de negocios y microempresas públicas o privadas. La mejora de las infraestructuras de comunicación y transporte y el fomento del teletrabajo, pueden servir como atractivos de un modo de vida alternativo a la aglomeración urbana. No todo se puede basar en hacer grandes inversiones en las zonas despobladas, y creerse que las ayudas de la PAC y los fondos europeos son la solución, aunque los recursos económicos sigan siendo muy necesarios. El discurso de vivir de las ayudas y los subsidios debe ser desterrado de una vez.

El despoblamiento es un problema grave, pero no todo lo que acontece en el medio rural es pesimismo, porque hay ejemplos de que es posible alcanzar objetivos en la línea planteada, y son muchas las zonas rurales donde ya se puede apreciar una mayor convergencia entre el medio rural y el medio urbano. Esas zonas son un ejemplo de cómo es precisamente la singularidad del medio rural, esos pequeños municipios, en contraposición a las aglomeraciones urbanas, la que le otorga su atractivo. Quienes defendemos el desarrollo del medio rural, ya es hora que superemos el discurso tradicional en el que se antepone lo rural a lo urbano, porque ni lo rural es símbolo de atraso y pobreza, ni lo urbano lo es de progreso o de dinamismo cultural. Sencillamente son entornos diferentes pero complementarios, nunca rivales. Es tanta la diversidad rural, que ese discurso de “victimas” podría ser valido en algunos casos, pero no para el conjunto. La realidad es mucho más compleja, y podemos ver municipios qué no solo han mantenido, sino que han ganado población, y es de esos de los que debemos aprender para ver cuales han sido sus aciertos en la gestión.

Esperemos que de una vez, alguien se plantee marcar prioridades para actuar en este medio, en lugar de siempre acabar por decir lo que quien le escuche quiere oír: estáis muy mal, sufrís mucho, os merecéis todas las ayudas que os vamos a dar, etc. Actúen correctamente, y empiecen primero por definir las estrategias adaptadas a la idiosincrasia de cada tipo de espacio rural. Que no vale el mismo pan para todos. En unos habrá que plantear la inversión en infraestructuras y equipamientos posiblemente a escala comarcal y actuar de forma racional, aplicando criterios de eficacia y eficiencia: modernización de la agricultura, relevo generacional, diversificación de actividades, nuevos pobladores, modelos asociativos, turismo rural, actividades de ocio, nuevas tecnologías, etc. En otros casos habría que preguntarse si merecen la pena los recursos y esfuerzos que serían necesarios.

No es una consecuencia solo de las políticas actuales, porque posiblemente hoy eso no sería así, si en su momento se hubiese abordado una revisión de la desigual estructura existente de los municipios, que nunca se ha racionalizado ni modernizado, como si se ha hecho en otros países europeos. La consecuencia de no haberlo hecho entonces, es esa: que existen zonas donde solo se puede hacer ya un tratamiento paliativo, para que quienes aun viven allí sean atendidos.

En hora de decir la verdad y asumir que hay zonas donde el despoblamiento como algo irreversible. Pero estemos en un caso o en el otro, esa realidad no es contraria al concepto de que existe una complementariedad urbano-rural. No valdrá volver a prometer lo incumplible, porque defender el medio rural, implica que los responsables políticos asuman, aunque duela, que los habitantes del medio rural se merecen que se les diga siempre la verdad, aunque hacerlo no les suponga réditos electorales para quien lo haga.

Para los ciudadanos rurales, ya se pasaron las fechas de escribir cartas a los reyes magos. Para los políticos, ya se pasaron los días de prometer a esos ciudadanos lo que no se va a cumplir.