El próximo jueves 9 de noviembre de 2017 participaré en la mesa redonda “¿Son posibles las energías renovables en el presente marco regulatorio?” dentro del “Congreso sobre el derecho de las energías renovables y el regadío. Agua y electricidad verde” que se celebrará en Albacete los próximos 9 y 10 de noviembre de 2017. El título de mi ponencia es “Límites e impactos ambientales de las energías renovables en el regadío: el caso de Castilla-La Mancha”.

El texto completo de la misma puede descargarse en el siguiente enlace

https://pruebasaluuclm-my.sharepoint.com/personal/gregorio_lopez_uclm_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1dcdbc6414199496c9becb23444db89f4&authkey=AWF1FYDVg2vjZQzUKfmW5aE&e=ab85edcc8b4146d2b65089be30946581

La actual agricultura intensiva ligada al agronegocio cabe calificarla como una actividad extractivista, con un elevado impacto ambiental y social. El Instituto Universitario de Estudios de América Latina (2017) de la Universidad de define el extractivismo como:

“(…) el conjunto de actividades económicas directamente apoyadas en la explotación y apropiación de recursos naturales y su comercialización como materias primas (minerales y petróleo) o productos primarios (agricultura intensiva). Las operaciones para la obtención de estos productos, caracterizados por su escaso grado de elaboración y su orientación exportadora, implica la utilización y degradación a gran escala del patrimonio natural de los territorios en los que el modelo se localiza, generándose importantes repercusiones e impactos sociales, ambientales y territoriales”.

Pudiera pensarse que los fenómenos extractivistas tienen lugar exclusivamente mediante la apropiación de recursos del Sur por parte del Norte global. No es así. Todo Norte tiene su Sur, incluso dentro de las fronteras de las propias economías desarrolladas. En el caso que nos ocupa, las políticas de regadío que afectan a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, tanto las que han tenido lugar en las últimas décadas, las que ocurren en la actualidad, así como las que se pretenden llevar a cabo, van a comprometer el futuro de este territorio.

Castilla-La Mancha, en el centro de la mitad sur peninsular, alberga las cuencas altas de importantes ríos, tales como el Tajo y el Guadiana de la vertiente atlántica, el Júcar y el Segura de la mediterránea. Los lugares donde se desarrollaron los primeros regadíos fueron aquellos cercanos a corrientes permanentes de agua, donde más fácil era llevar a cabo pequeñas obras como azudes, acequias y norias movidas por la propia corriente de los ríos, para aportar agua a las tierras ribereñas. En Castilla-La Mancha existen regadíos históricos con aguas superficiales en las cuencas alta y media del Tajo y del Júcar, así como en las cuencas altas del Guadiana y del Segura. No obstante, en demasiados casos estos sistemas han experimentado deterioro y regresión de la mano de la pérdida de población y del abandono de la agricultura tradicional que ha tenido lugar en estos espacios rurales.

Igualmente, allí donde las aguas subterráneas estaban relativamente someras, desde antiguo se pusieron en marcha sistemas de elevación a la superficie mediante norias de tracción animal u otros artilugios manuales. En zonas de llanura castellano-manchegas, muchos pueblos contaban con huertas cercanas a la población que regaban a partir de pozos y permitían asegurar el abastecimiento en cercanía de productos hortícolas, además de diversificar la actividad agraria.

Si bien importantes recursos de agua superficial de Castilla-La Mancha, y los subterráneos de la cuenca alta del Segura a través de los pozos de sequía se trasvasan a otros territorios, los abundantes recursos de agua subterránea de las cuencas del Guadiana y del Júcar son objeto de sobreexplotación por parte de la agricultura de regadío intensiva de la propia región. En un caso y en otro, se produce un fenómeno extractivista de gran magnitud, utilizando recursos de agua muy por encima de sus niveles renovables, con la consiguiente hipoteca que ello implica sobre el futuro de esta región. Que detrás del cambio climático se encuentre la combustión a gran escala de hidrocarburos no significa que la sustitución de éstos por sistemas energéticos renovables vaya a resolver los problemas energéticos de la humanidad.

Las limitaciones a la generación de energías renovables deben hacernos caer en la cuenta de que las mismas no pueden sustituir completamente a las energías convencionales que utilizamos masivamente en la actualidad. Toca hacer frente a una transición del modelo energético actual y del modelo de producción y consumo asociado al mismo, en el horizonte de una sociedad y una economía mucho menos intensiva en el uso de energía. Para determinar qué usos van a disponer de garantía de suministro hay que abordar un proceso de planificación basado en la información y la participación de la ciudadanía. No hacerlo podría llevarnos a prácticas de darwinismo social regidas por los conflictos en el marco de un colapso civilizatorio acelerado.

Las energías renovables del futuro deben dedicarse fundamentalmente a aquellos usos de mayor interés social que en breve plazo ya no van a poder ser abastecidos por las energías convencionales no renovables, en rápida tendencia hacia el agotamiento. En este marco de decisión caracterizado por la escasez apremiante de recursos para satisfacer necesidades humanas básicas (alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad), tendremos que convenir cuáles de ellas van a contar con suministros energéticos y de materiales con carácter preferente.

Los avances en sistemas de generación eléctrica renovable, para instalaciones aisladas en el campo, van de la mano de precios cada vez más bajos y de mayor simplicidad en su manejo, de tal forma que cualquier persona con una mínima formación puede hacerlos funcionar. La energía que generan se aporta directamente a la electrobomba (bombeo solar directo), y no precisan de baterías que acumulen la energía producida, abaratando sustancialmente su precio, facilitando así un aumento de las extracciones de agua subterránea.

En los últimos años se está produciendo en Castilla-La Mancha un boom en la expansión de cultivos leñosos como la viña, el almendro, el olivar y los pistachos. En muchos casos, las nuevas plantaciones o las reconversiones de las existentes, se están transformando en regadío, a pesar de tratarse de cultivos que tradicionalmente se han realizado en tierras de secano, adaptados perfectamente a las condiciones naturales del territorio.

Entre 2002 y 2016 los cultivos de leñosos más importantes en Castilla-La Mancha, el viñedo, el olivar, el almendro y el pistacho, tradicionalmente cultivados en secano, han experimentado una intensa transformación hacia sistemas de regadío. Agrupando las superficies de los cuatro principales cultivos leñosos de Castilla-La Mancha, en su conjunto permanece casi constante entre 2002 y 2016 (baja la de viñedo y sube la de olivar, almendro y pistacho). No obstante, en términos cualitativos es preciso señalar la reducción del cultivo en secano en favor del cultivo en regadío, casi en el mismo orden de magnitud (unas 100.000 ha). La superficie de regadío de estos cultivos en 2002 era de 195.299 ha (19% del total), mientras que en 2016 ha sido de 293.019 ha (29,5% del total).

La actividad agraria en su conjunto, y el regadío en particular, deberían tener presente las nuevas realidades globales que nos instan a desarrollar el principio de la soberanía alimentaria como derecho de todos los pueblos de la Tierra a producir en cercanía sus propios alimentos, evitando la dependencia de las importaciones procedentes de mercados internacionales controlados por grandes empresas multinacionales y por fondos financieros de carácter especulativo. Mercados que imponen transportes de miles de kilómetros a los alimentos de una parte importante de la humanidad, y que en el contexto del actual agotamiento energético son absolutamente insostenibles, corriendo el riesgo de ser cada vez más inestables y especulativos.

En el ámbito de la soberanía alimentaria de las comunidades rurales, las energías renovables aplicadas al regadío deben gestionarse de acuerdo con criterios de interés general, para producir alimentos de calidad con destino a su consumo preferente en el seno de dichas comunidades. La garantía del suministro de los mismos no debería dejarse en manos de las grandes empresas del agronegocio y de la distribución comercial, sino que debería articularse desde las propias comunidades.

Las energías renovables que hagan posible el regadío del futuro no deberían utilizarse para seguir dando oxígeno a una agricultura intensiva que pudiera acarrear daños ambientales y sociales del mismo calado que el actual regadío con energías convencionales.

Si las tecnologías de energías renovables aplicadas al regadío siguen avanzando hacia la mejora de la eficiencia económica y energética, de tal manera que a través de las mismas pueda llevarse a cabo un uso creciente de las aguas subterráneas, se corre el riesgo de alcanzar un mayor deterioro de los ecosistemas ligados al agua. La tecnología, sin un adecuado control social, puede adentrarnos en mayores problemas en lo que toca al cuidado de la vida.