Cada día los boletines oficiales de las provincias de Castilla-La Mancha publican anuncios de tramitaciones de nuevas concesiones de aguas subterráneas en todas sus cuencas hidrográficas. La transformación de cultivos leñosos en regadío (viña, almendros, pistachos, olivos) y las macrogranjas (porcino fundamentalmente, pero también avícolas), son los proyectos que se llevan la palma en cuanto a la finalidad de dichas concesiones.

En los últimos meses el goteo de nuevos proyectos es incesante, como nunca antes se había visto. Imposible de abarcar y estudiar en su totalidad por las organizaciones ecologistas, casi las únicas que están formulando alegaciones a los mismos. Estas burbujas que especulan con la tierra y el agua están inflándose a marchas forzadas, igual que en su día ocurrió con el urbanismo y el ladrillo. Y olvidamos que el final de las burbujas es siempre el mismo, explotar, y que las consecuencias las sufran principalmente quienes en nada se beneficiaron de su auge: la gente normal y corriente.

Corresponde a la Consejería de Agricultura y resolver sobre estos proyectos en cuanto a impacto ambiental y ordenación agraria, y a las correspondientes Confederaciones Hidrográficas sobre nuevas concesiones de agua. Salvo excepciones, casi siempre como consecuencia de la presión ciudadana, estas solicitudes se resuelven favorablemente, dando una vuelta más de tuerca a nuestros frágiles ecosistemas al borde del colapso.

Esta es la planificación territorial de nuestras administraciones públicas: convertir Castilla-La Mancha en un vertedero y un desierto. Multitud de actividades de alto impacto ambiental que se autorizan una a una, de manera independiente, sin una adecuada evaluación ambiental integrada que permita valorar el efecto acumulativo de esos proyectos individuales sobre el agua, el suelo y la atmósfera, tanto en el propio territorio como a escala global. Cuando una parte de la ciudadanía y los pueblos más afectados claman por frenar y pensar antes de que sea demasiado tarde, los gobiernos de todos los niveles (salvo dignas excepciones de algunos ayuntamientos), se dirigen a toda máquina contra el acantilado.

Recuerdo unas declaraciones del Ministro de Industria del segundo gobierno Zapatero (2008-2011), . En una entrevista de 2013, cuando preguntaron a Sebastián porqué el gobierno del que él formaba parte no desactivó la burbuja inmobiliaria que crecía fuera de control en España, respondió que eso era como “quitar el ponche y la música en medio de la fiesta”. Efectivamente, esa es la tarea de los gobiernos, frenar dinámicas explosivas. Como no se hizo en su momento, la crisis de la economía española fue la más intensa de tras la de Grecia, dejando sin empleo a casi 6 millones de personas, desplegando políticas de recortes sociales salvajes como nunca antes se habían conocido, dejando en riesgo de pobreza y exclusión a casi un tercio de la población, sumiendo en la precariedad a millones de personas a pesar de tener un empleo, expulsando de este país a más de un millón de jóvenes.

Gobernar no es dejarse llevar por las inercias de grupos de presión más o menos explícitos, que sólo buscan de los gobiernos políticas que favorezcan sus intereses particulares. Gobernar es decidir qué hacemos hoy para que mañana estemos mejor. Las personas no vivimos del ponche, ni siquiera de los alimentos ni bienes que compramos en el mercado. Vivimos del sol, el agua y la tierra, a partir de las cuales obtenemos todo lo demás.