Esta semana he publicado en este mismo periódico un artículo con el título “Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016. Querer, pero no poder” y también en mi blog.

En la misma hacía referencia a la insuficiencia de recursos en el Proyecto de Presupuestos de CLM para 2016 para poder recuperar unos servicios públicos básicos con los niveles de calidad previos a la crisis y a los recortes sociales. Finalizaba la misma señalando que sería posible modificar los impuestos sobre los que tiene competencia la Junta de Castilla-La Mancha para lograr mayores ingresos públicos y así mejorar la dotación presupuestaria de aquéllas políticas sociales que se encuentren infradotadas.

Para determinar la filiación ideológica de un gobierno, además de fijarnos en las políticas de gasto, hemos de prestar atención a la manera en que recauda impuestos, directos o indirectos, con mayor o menor progresividad, las exenciones y bonificaciones que establece, etc. Por eso, en los párrafos que siguen voy a señalar, sin ánimo exhaustivo, algunos elementos de la política impositiva del actual que desde mi punto de vista serían susceptibles de reforma en aras de una mayor justicia fiscal.

Lo primero de todo es señalar, que según el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que se está tramitando a la par que el de Presupuestos, se van a suprimir una serie de tasas establecidas en su día por el de CLM en materia de Bienestar Social. Dichas tasas recaían sobre asociaciones y personas de baja capacidad económica cuando las mismas solicitaban la prestación de determinados servicios sociales básicos tales como la revisión del grado de discapacidad y dependencia, inscripción de entidades de servicios sociales, acreditación y registro de entidades de voluntariado, informe de vivienda adecuada y arraigo para la obtención de residencia por reagrupamiento familiar de inmigrantes, etc. Eran tasas profundamente injustas, y procede ahora reconocer lo acertado de su supresión por el actual Gobierno de CLM. Pero por otro lado, el Gobierno de CLM ha tenido la oportunidad de aprobar en las Cortes, y no lo ha hecho, la modificación de los dos principales impuestos directos sobre los que tiene competencias, con el fin de hacerlos más progresivos, de manera que las familias con mayores rentas y patrimonios aumenten su contribución a las arcas públicas. Me refiero al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto del Patrimonio (IP).

En septiembre de 2014, el Gobierno del PP en CLM rebajó un punto el tipo de gravamen a todos los contribuyentes del tramo autonómico del IRPF. Dicha medida afectó a todos/as los ciudadanos/as por igual, sin distinguir su capacidad económica, a la vez que no benefició a las familias que no presentan declaración del IRPF por tener unas rentas del trabajo inferiores al mínimo exento de 22.000 euros/año (pensionistas, desempleados/as, trabajadores/as precarios/as). Por ello, fue regresiva, es decir, contribuyó a aumentar desigualdades, a la vez que en un momento donde existían tantas necesidades básicas sin cubrir, los 50 millones de euros de pérdida de recaudación que supuso, imposibilitó apuntalar políticas públicas de solidaridad (educación, sanidad, servicios sociales) que en los años previos habían quedado maltrechas y desarboladas. El Proyecto de Ley de Presupuestos de CLM para 2016, así como el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2016, mantienen sin rectificar (renunciando así a mayor recaudación), la reforma del IRPF que en 2014 aprobó el Gobierno del PP en CLM, así como la escala de tributación del Impuesto de Patrimonio fijada con carácter supletorio por el Estado. Esta escala ha sido aumentada en los últimos años por determinadas comunidades autónomas como Andalucía (20%), Extremadura (50%), Cataluña (10%) y (20%). Si CLM procediera de igual manera, aumentando la escala de tributación en un 20%, la recaudación por el Impuesto de Patrimonio subiría en 3,6 millones de euros al año. Quizás pueda parecer una cantidad modesta, pero tiene un importante trasfondo simbólico en la medida que su recaudación procede exclusivamente de una mínima parte de los contribuyentes que poseen muy elevados patrimonios.

Un apartado del Proyecto de Ley de Presupuestos hace referencia a los beneficios fiscales como la magnitud de los recursos dejados de recaudar debido a la existencia de determinados incentivos fiscales legalmente establecidos (exenciones, reducciones, bonificaciones, moratorias, regularizaciones). En el caso de CLM, los beneficios fiscales para 2016 ascienden a 398 millones de euros, es decir, alrededor de un 5% del presupuesto total. Veamos el desglose de los mismos.

Los beneficios fiscales en el IRPF ascienden a 10 millones de euros, como consecuencia de las deducciones autonómicas de la cuota íntegra por conceptos tales como nacimiento o adopción de hijos/as, discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes, contribuyentes mayores de 75 años, cantidades donadas a la cooperación internacional, la lucha contra la pobreza y apoyo a la discapacidad, familia numerosa, gastos en libros de texto y enseñanzas de idiomas, etc. Sin perjuicio de que algunas de estas deducciones podrían ser cuestionadas por sus implicaciones sobre la equidad social, no voy a profundizar ahora en ellas.

Donde sí merece la pena prestar atención es a la importantísima pérdida de recaudación que se produce (311 millones de euros) por los beneficios fiscales ligados al Impuesto de Sucesiones (214 millones) y Donaciones (87 millones). En este impuesto, igual que en el resto de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas (50% del IRPF, 100% del IP) se abre una competencia fiscal entre regiones para ver cuál de ellas establece los impuestos más bajos con el fin de atraer la residencia de personas y empresas que buscan contribuir lo menos posible a las arcas públicas. La Comunidad de , que en los años 2006 y 2007 bonificó entre el 99 y el 100% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dio el pistoletazo de salida de esta carrera para reducir la recaudación impositiva y consecuentemente, hipotecar las políticas sociales. Desde entonces, el resto de Comunidades Autónomas, ha seguido sus pasos.

El Proyecto de Ley de Presupuestos de CLM para 2016 establece en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en adquisiciones mortis causa (Sucesiones), unos beneficios fiscales (reducción de la recaudación) de 214 millones de euros, con motivo de bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto que van del 100% cuando la base liquidable es inferior a 175.000 euros al 80% cuando la base liquidable es superior a 300.000 euros. Para las adquisiciones inter vivos (Donaciones), los beneficios fiscales ascienden a 87 millones de euros, con motivo de bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto que van del 95% si la base liquidable es inferior a 120.000 euros al 85% cuando la base liquidable supera los 240.000 euros.

En un reciente debate en las Cortes CLM, el actual Consejero de Hacienda afirmó: “Antes, todas las herencias pagaban impuesto, con las mismas exenciones para grandes y pequeñas. A partir de ahora, sólo pagarán el 2% de las herencias, las más grandes”. Desde mi punto de vista, este planteamiento intenta justificar una pérdida de recaudación injustificable en los actuales momentos de insuficiencia de ingresos para las políticas sociales en CLM. En este sentido, lo justo sería que todas las herencias paguen el impuesto que les corresponda, progresivo en función del valor de la misma, estableciendo incluso supuestos de bonificación especiales en los casos en que las personas que las reciben se encuentren en una situación económica y social de precariedad o sean discapacitadas, PERO NUNCA QUE SE HAGA UNA BONIFICACIÓN CASI GENERALIZADA, que exime del pago de impuestos a contribuyentes que han obtenido un aumento de patrimonio a título lucrativo, es decir, sin contrapartida, rompiendo así con principios tributarios básicos como son los de capacidad económica y progresividad.

Por su mayor complejidad, así como por su menor importancia en cuanto al total de los beneficios fiscales en 2016, no abordaré aquí los que tienen que ver con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (76 millones) y el Impuesto de Hidrocarburos (11 millones).

En todo caso, con las posibles modificaciones señaladas más arriba, en 2016 los ingresos tributarios en Castilla-La Mancha podrían haber aumentado en unos 365 millones de euros, el equivalente al 4,3% del total de ingresos.

Dichos 365 millones de euros de ingresos adicionales vendrían por un lado de mayores tipos de gravamen en IRPF (50 millones) e Impuesto de Patrimonio (3,6 millones) y de la eliminación de beneficios fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (311 millones). Seguro que algunas partidas de gasto social infradotadas lo agradecerían.

Artículo de opinión de , profesor Titular de Política Económica de la