El pasado martes tuve el honor de acompañar a quien fuera Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y Vicepresidente de su gobierno, , a presentar el libro MEDICAMENTOS: ¿DERECHO HUMANO O NEGOCIO?, del que es coautor junto a , Javier Sánchez Caro, Pedro Pita Barros y Frances Puigventós Latorre.

Un trabajo serio, clarificador, incomodo, arriesgado y profundo sobre un problema de gran dimensión social, política y económica y que pone blanco sobre negro una cruda y cruel realidad: el papel que juegan las grandes multinacionales del medicamento respecto del conjunto de la sanidad.

Es evidente que para estas, la salud está muy por detrás del interés real que les mueve: el económico. La salud, por más que lo intenten enmascarar, gastándose millones de euros en publicidad, es solo un camino para obtener unos beneficios que nos sacan los colores a todos, sin importarles un comino si los enfermos pueden o no pagarlos y si los países pueden hacerles frente, estrangulando así la economía de unos y otros. Ejemplos los hay a cientos y el estudio saca a la luz algunos de ellos. Sin lugar a dudas el más reciente y emblemático es el de la Hepatitis C, que todos conocemos y que ha encendido todas las luces rojas. El trabajo de este grupo de analistas y expertos sobre el tema, demuestra que la empresa titular de la patente, en el primer mes de la puesta del viral en el mercado, amortizó el importe total de la investigación, unos 1.000 millones de euros.

El coste de producción del medicamento no está más allá de 50 Euros por lo que, con todos recargos lógicos, su precio para el sistema sanitario y ciudadano no debería sobrepasar los 150 Euros. Sin embargo nuestro país, al igual de los demás, con unos de 700.000 enfermos de hepatitis C según facilito el propio gobierno, aunque esta cifra este hoy en discusión por parte del propio gobierno, se vio obligado, a pagar inicialmente 30.000 euros por cada tratamiento, satisfaciendo en estos momentos unos 10.000. Ello ha supuesto que entre todos le hemos pagado a la multinacional más de 1.700 millones desde que se inició el tratamiento cuando este no debiera haber superado los 50 millones de Euros. Y eso que solamente han sido tratados algo menos de 70.000. ¡Intolerable!.

Si esos 1650 millones de Euros se hubieran dedicado a atención primaria, a aumentar las plantillas de médicos y enfermeras, a reforzar la formación de los profesionales y de los instrumentos técnicos, o a la investigación ¿cuánto hubiera mejorado nuestra sanidad?.

Y algo parecido está pasando con las vacunas, por ejemplo la de la Meningitis, que no es obligatoria pero los médicos recomiendan su vacunación a los menores, y los padres atendiendo a esta recomendación se están gastan los 300 euros que cobran cuando el coste de la misma esta en torno a 5 Euros. Y un largo etc.

El problema de fondo está en el papel de sumisión que han y están jugado los diferentes gobiernos ante estas grandes multinacionales, al haber desarrollado una legislación que permite le permite a las empresas contar con un sistema de patentes sin control, convirtiéndose así en auténticos oligopolios, que imponen, sin competencia alguna, el preció que quieren a los usuarios.

Soluciones las hay. Falta la voluntad política para ponerlas en marcha. La primera sería establecer un sistema legal mucho más estricto sobre las patentes, con posibilidad de reversión de esta, si el precio no está acorde con los costes de investigación, producción, comercialización y beneficio empresarial; una mayor inversión en investigación pública, y otras muchas que se desarrollan en este trabajo.

Si de inmediato no se adoptan medidas que ponga coto a todo ello, la sanidad pública está en peligro y con ello la salud de los ciudadanos.

Por ello es necesario levantar la voz, hacerse oír, organizarse e intentar combatir esta realidad para cambiarla ya que en ello nos va la vida.

Artículo de opinión de , funcionario de Justicia y sindicalista