El próximo viernes 4 de mayo de 2018, a las 10,30 horas en la sede de la (FEDA), el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca organiza una conferencia que lleva por título “El sector agroalimentario de CLM dentro de la economía nacional e internacional”. La impartirá el Consejero de Agricultura, y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, .

Seguro que son muchos los temas interesantes que abordará el Consejero, pero ninguno que esté generando tanta preocupación social como el de las macrogranjas de porcino que están intentando proliferar por toda la región. Como no podré estar presente en dicha conferencia, voy a formular por escrito mis preguntas a través de las redes sociales con la confianza de que puedan llegar al Consejero, y si lo tiene a bien manifieste su opinión al respecto.

La primera es una repregunta, por si el Consejero quisiera rectificar o matizar una contestación que dio hace apenas 10 días. El pasado 23 de abril, en Albacete, interpelado por la posición de la Junta de Castilla-La Mancha respecto a las macrogranjas el Consejero afirmó: “la responsabilidad de que se instale una macrogranja en cualquier municipio de la región es del Ayuntamiento en cuestión que es el “órgano sustantivo”. La Administración local recoge el proyecto de la empresa y pide la Declaración de Impacto Ambiental a la Consejería de Medio Ambiente. Son los ciudadanos y el alcalde quienes tienen que decidir si quieren una granja de cerdos en su municipio. Es una cuestión que les compete a ellos. El alcalde tendrá que asumir el coste de promocionar una granja o no hacerlo y es una decisión que le compete al Ayuntamiento de manera exclusiva y que en ningún caso es competencia del . El Gobierno regional hace la Declaración de Impacto Ambiental que es siempre muy exigente[i], imponiéndose unos requisitos al promotor del proyecto”. Esta respuesta no me sirve. Creo que entra en abierta contradicción con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que en su artículo 31 señala que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume competencias EXCLUSIVAS, entre otras materias, en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, agricultura y ganadería e industrias agroalimentarias y planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Región. Por ejemplo, la Junta no deja que los municipios decidan sobre expedientes de transformación o nuevos derechos para plantación de viñedo, ni sobre incorporación de jóvenes a la agricultura, ni sobre ganadería extensiva o agricultura ecológica, ni sobre subvenciones a empresas productivas. En otros casos, como urbanismo, los municipios proponen, pero la Junta dispone. Entiendo que la Junta debe abandonar esta posición de equidistancia y tomar partido del lado de las preocupaciones de la gente.

Creo que la creciente movilización ciudadana contra las macrogranjas a las puertas de elecciones autonómicas ha llevado a la Junta a “echar balones fuera a la desesperada”. Al actuar así deja el problema de las macrogranjas en una situación de mayor vulnerabilidad aún. Para bien o para mal, los Ayuntamientos serán quienes decidan. Habrá algunos que cuenten con la opinión de la ciudadanía a través de procesos participativos transparentes. Habrá otros donde la Alcaldía tomará la decisión que estime conveniente sin consultar a sus vecinos/as. Lógicamente, los promotores de macrogranjas, buscarán éstos últimos Ayuntamientos para sacar adelante sus negocios sucios. La mayor parte de los Ayuntamientos son muy pequeños, sin medios para desarrollar un proceso con plenas garantías en materia de impacto socioambiental y menos aún para el control estricto de la gestión de residuos y de bienestar animal en el caso de que finalmente salgan adelante dichos proyectos.

Y otra cuestión no menor. Si un proyecto de macrogranja cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, ¿cómo podría un Ayuntamiento evitar la instalación de la misma sin ir contra la ley, es decir, sin prevaricar? Los ayuntamientos deberían justificar que la licencia no se puede otorgar por algún motivo mediante un informe técnico muy bien fundamentado en razones ambientales, sociales o económicas. Es decir, debería confluir la firmeza y valentía de la Alcaldía con la pericia de quienes elaboren los informes técnicos municipales. Y claro, frente a ello, estarían las empresas promotoras de macrogranjas con toda su artillería jurídica para recurrir cualquier acto administrativo contrario a sus intereses. Es decir, con mucha probabilidad se entraría en pleitos prolongados ante los tribunales de incierta resolución. Incluso podríamos encontrar fallos judiciales que obligaran a las maltrechas arcas municipales a indemnizar a empresas promotoras de macrogranjas a las que se les hubiera negado la licencia de obra y actividad de manera contraria a derecho. En el caso de que fuera posible prohibir macrogranjas vía ordenanzas municipales (tras pasar el filtro administrativo de la correspondiente comisión provincial o regional de urbanismo), una corporación municipal posterior podría modificar dichas ordenanzas para que de nuevo fueran permisivas. Así, el riesgo de esta espada de Damocles siempre estaría ahí, preparada para caer en cuanto la correlación de fuerzas políticas en un ayuntamiento se mostrara proclive. Como la administración autonómica deja la decisión en los municipios, más allá de la emisión de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, se convertiría en una simple espectadora respecto a un asunto de vital transcendencia para el medio ambiente y la salud de las personas en su ámbito de competencias.

Y ya puestos, una segunda pregunta muy concreta. Aprovechando que en el título de la conferencia se relaciona el sector agroalimentario regional con la economía internacional. ¿Existe algún documento o plan elaborado por la Junta de Comunidades, donde se valore el impacto socioambiental acumulativo sobre la tierra, el agua y el mundo rural, de los agronegocios ligados a los mercados internacionales, tales como la agricultura intensiva de secano y regadío, así como de la ganadería industrial que se están promocionando en esta región?

i Es cuestionable que las Declaraciones de Impacto Ambiental sean tan “exigentes”. El hecho de que se necesiten más de 2.000 plazas de cerdos para que sea exigible estudio de impacto ambiental es excesivo. Implícitamente se está considerando que con menos de 2.000 plazas no hay impacto en el medio natural, y eso es muy cuestionable. Por ejemplo, podría darse el caso de muchas granjas de 2.000 plazas en una comarca, que tendrían efectos acumulativos sobre el suelo y las aguas. Antes de la actual Ley de Evaluación Ambiental el límite para tener que someterse a estudio de impacto ambiental era 400 plazas de cerdos, por tanto, la evolución ha sido a cada vez más laxa, no cada vez más exigente.

Por otro lado, la Junta de Castilla-La Mancha está incumpliendo su ley de manera sistemática. Otorga Declaraciones de Impacto Ambiental a proyectos que no cumplen criterios exigidos como la presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio cuando el proyecto está en zona protegida (red natura o zona ZEPA), ni la presentación de plan de abonado cuando el proyecto está en zona vulnerable a la contaminación de aguas subterráneas por nitratos (donde se incluye buena parte del territorio de la región).

Igualmente, en 2012 el Gobierno de Castilla-La Mancha derogó la normativa que regulaba la gestión de los purines de porcino, y hasta ahora no se ha sacado ninguna norma que la sustituya, a pesar de tratarse de una actividad con un elevado potencial de impacto ambiental negativo.

[i] Es cuestionable que las Declaraciones de Impacto Ambiental sean tan “exigentes”. El hecho de que se necesiten más de 2.000 plazas de cerdos para que sea exigible estudio de impacto ambiental es excesivo. Implícitamente se está considerando que con menos de 2.000 plazas no hay impacto en el medio natural, y eso es muy cuestionable. Por ejemplo, podría darse el caso de muchas granjas de 2.000 plazas en una comarca, que tendrían efectos acumulativos sobre el suelo y las aguas. Antes de la actual Ley de Evaluación Ambiental el límite para tener que someterse a estudio de impacto ambiental era 400 plazas de cerdos, por tanto, la evolución ha sido a cada vez más laxa, no cada vez más exigente.

Por otro lado, la Junta de Castilla-La Mancha está incumpliendo su ley de manera sistemática. Otorga Declaraciones de Impacto Ambiental a proyectos que no cumplen criterios exigidos como la presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio cuando el proyecto está en zona protegida (red natura o zona ZEPA), ni la presentación de plan de abonado cuando el proyecto está en zona vulnerable a la contaminación de aguas subterráneas por nitratos (donde se incluye buena parte del territorio de la región).

Igualmente, en 2012 el Gobierno de Castilla-La Mancha derogó la normativa que regulaba la gestión de los purines de porcino, y hasta ahora no se ha sacado ninguna norma que la sustituya, a pesar de tratarse de una actividad con un elevado potencial de impacto ambiental negativo.