Creo que la participación política en el ámbito de lo público no tiene otro interés más allá que el de romper las concentraciones de poder. En esta nueva etapa de transición ecosocial en que estamos inmersos/as toca institucionalizar que el pueblo tome directamente las decisiones y ejerza el control posterior sobre las mismas. Toca desconcentrar el poder. La utopía realizable e inaplazable es la democracia participativa directa autogestionaria.

La democracia representativa formal (que no real), que hoy sigue imperando en muchos ámbitos de representación pública y asociativa, forma parte de un pasado que toca enterrar.

No obstante, en el ámbito municipal es preciso ser conscientes del muy escaso margen de maniobra de los Ayuntamientos para la gestión independiente de su presupuesto. La autonomía municipal en España es una asignatura pendiente que nadie se esfuerza en superar.

Los municipios tienen un papel residual y dependiente respecto de Diputaciones, Comunidades Autónomas y . Los municipios antes dependían de señores feudales y caciques que ejercían su poder con la coerción de la fuerza y el clientelismo. Ahora dependen de gobiernos centrales, autonómicos y provinciales amparados por leyes que encorsetan y no liberan: el clientelismo sigo vivo.

La autonomía local no será tal mientras los municipios sigan dependiendo para prestar servicios de financiación condicionada, cambiante, temporal, costosa de gestionar e insuficiente, instrumentada a través de convocatorias de subvenciones y convenios unilateralmente decididos.

¿Qué sentido tiene que las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas convoquen anualmente subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos para financiar servicios de lo más variopinto? Todo sería más sencillo y justo si esos fondos que reciben con una mano las Diputaciones y las Comunidades Autónomas y entregan con la otra a los municipios, llegaran directamente a los Ayuntamientos para que en el ejercicio de su autonomía los dedicaran allí donde estimasen oportuno.

Las haciendas locales no disponen de medios suficientes para llevar a cabo las funciones que la Ley les atribuye. La ausencia de recursos propios se sustituye por subvenciones graciables en su concesión, condicionadas a determinados fines, que no garantizan la continuidad y regularidad de la prestación de los servicios públicos. Esto hay que decirlo, repetirlo y subrayarlo.

Hay algo más importante que la reforma de los estatutos de autonomía que ha copado y copará la agenda política española: la reforma del gobierno y la financiación local. En los últimos tiempos, en vez de avanzar se ha retrocedido. En diciembre de 2013 se aprobó la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la (Ley Montoro), que reformaba la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del , machacando más aún la situación de dependencia y subordinación de las administraciones locales.

No existe interés alguno en cambiar el actual orden de cosas por parte de quienes se benefician del mismo, Comunidades Autónomas y Gobierno Central. Y lo que es peor, desde muchos municipios esta situación se admite como normal o se acepta con resignación.

Además, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011 limitó aún más la política fiscal de los municipios (gastos e ingresos tributarios), teniendo que cumplir éstos a rajatabla con el pago de la deuda, utilizando el posible superávit que pudiera generarse para adelantar la amortización de préstamos anteriormente concertados. Así se hace muy complicado avanzar en la consecución de objetivos programáticos de carácter ecológico y social.

Mientras llega una financiación suficiente que supere el dogma neoliberal de la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, hay que hambrear en los ayuntamientos reordenando gastos hacia aquellas partidas que se consideren prioritarias desde otras que estime prescindibles. Y para no asfixiarse, acometer la actualización de tipos impositivos y tasas municipales con criterios de progresividad, es decir, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a los contribuyentes con mayor renta y riqueza.

Y todo porque una administración atada de pies y manos, como ahora mismo son los ayuntamientos, es más dócil y servil con las “manos que le dan de comer”.

Artículo de opinión de , profesor Titular de Política Económica de la