Los datos económicos lo constatan. Ya no hay lugar a dudas. La salida de la crisis ha beneficiado especialmente a ese 1% de la población que concentra gran parte de la riqueza de nuestro país.

Esto ha incrementado considerablemente la desigualdad social y económica haciendo aumentar el número de personas que, aun teniendo trabajo, viven en la pobreza. Y esto es consecuencia de que la calidad del trabajo se ha deteriorado y también los salarios. Lo que significa que ese pequeño porcentaje de la población que acumula esta gran cuota de la riqueza, ven incrementadas sus fortunas a expensas de otras muchas personas que trabajan por salarios miserables, que están sobreexplotadas, con trabajos parciales, de mala calidad, y echando muchas más horas de las que corresponden a sus jornadas, sin que se les retribuyan.

Trabajadoras y trabajadores sin derechos, que se ven obligados a aceptar esas condiciones por necesidad, como es el caso de los temporeros y temporeras de las campañas agrícolas y diversos colectivos que trabajan en los servicios.

La crisis económica ha generado grandes desigualdades, además de una importante disminución del empleo y de la renta per cápita de la población. Pero iniciada la recuperación, que por cierto hace varios años que se está produciendo, esas desigualdades no han vuelto a los niveles anteriores a la crisis, ni en renta ni en empleo, sin embargo los beneficios empresariales si se han recuperado aunque estos no se han trasladado a los salarios.

El revertir la desigualdad es hoy una prioridad para nuestro país.

Tan sólo la provincia de Albacete, que cuenta con más de 300.000 habitantes, tiene más de 34.000 parados. Una cifra demasiado alta. Personas que quieren trabajar y no pueden. Personas con pocas expectativas de empleo en una provincia como esta en la que el crecimiento económico está muy ralentizado.

Teniendo en cuenta que España está entre los países de que encabezan la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas, es imprescindible que se redistribuya mejor la riqueza para acabar con estas desigualdades sociales. Y para ello debe haber un compromiso de los gobiernos, las administraciones públicas y de los empresarios para crear más empleos y de mejor calidad.

La gente necesita trabajar para poder planificar sus vidas. Necesita más estabilidad. No podemos consentir que haya salarios por debajo de los mil euros que no permiten llegar a fin de mes.

No podemos seguir consintiendo que las mujeres y los menores de 25 años accedan a los contratos más precarios, parciales y con los salarios más bajos.

CCOO ha iniciado durante este año varias campañas de denuncia contra la precariedad y la explotación laboral.

Hay que tener tolerancia cero con los abusos laborales.

Estas campañas comienzan a dar sus frutos. Durante el verano se han quintuplicado el número de contratos indefinidos, y fijos discontinuos, en el sector del campo, con respecto al año anterior. Y esto, gracias a la denuncia sindical permanente y a la labor de la inspección de trabajo.

Es el momento, de luchar también contra la economía sumergida, que termina impactando negativamente sobre las condiciones laborales de las personas más vulnerables, y genera una importante competencia desleal entre los propios empresarios.

Todas estas circunstancias agrandan las desigualdades sociales. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento de cambiar las reglas del juego. El crecimiento económico nos tiene que llegar a todos. No pedimos imposibles.

Pedimos más justicia social, trabajo estable y con derechos, salarios dignos y combatir esa desigualdad que asola a nuestra sociedad. Y todo esto debe de ir acompañado, como no puede ser menos, de mejores servicios públicos que contribuyan a cohesionar la sociedad y que nos hacen más iguales a toda la ciudadanía.