Las funciones del trabajo para el ser humado eran darle seguridad, bienestar, dignidad, salud y sentirse integrado en un proyecto humano participando como ciudadano dentro de una comunidad.

Estas funciones cuestan detectarlas si ponemos el foco en España. Ahí van algunos datos y realidades de nuestro mercado laboral.

A pesar de que la estadística de la EPA indica que la tasa del paro ha bajado de un 25% al 18%, los últimos datos de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA, indican que el 70% de las familias españolas no han percibido ninguna clase de mejora respecto a su situación durante la crisis, que supuestamente ha terminado.

España tiene un 13% de los trabajadores pobres, únicamente por detrás de Grecia y Rumanía, que se ceba especialmente entre los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años y muchos autónomos.

Hay que poner también la atención en la mala salud psicológica que está produciendo esta situación en las personas trabajadoras que están sufriendo especialmente esta situación que radicalmente se ha impuesto en las relaciones laborales en nuestro País.

Las competencias intelectuales y tecnológicas necesarias para navegar en la era digital no se distribuyen equitativamente. La renta de los hijos está determinada en cerca del 40% por la renta de los padres. Casi dos millones de personas están subempleadas, un fenómeno que afecta más a las mujeres.

Más de la mitad de las personas en desempleo son de larga duración: llevan más de un año buscando un trabajo y dentro de este drama se esconde otro, los hombres desempleados de larga duración notan la recuperación antes que las mujeres.

Hoy hay más personas con empleo que en el 2011 pero con menos horas trabajadas.

Casi dos millones de personas trabajan menos horas de las que les gustaría.

Hay más trabajadores a tiempo parcial y menos a tiempo completo, habiendo descendido estos últimos en 690.500 personas.

Hay una brecha norte/sur. La media de la tasa de desempleo es de un 17,2%, en una banda que va desde el 10,5% en al 25,7% en . En un 22,2%. En la encuesta anual de coste laboral de 2016 del INE, el trabajo peor pagado de España es del obrero en Castilla la Mancha.

Ante esta situación, se requiere con urgencia plantear un Pacto a nivel nacional por el empleo digno, al igual que se ha podido acordar el pasado mes de julio un pacto en contra de la violencia de género. Tengo claro que la consecución de un empleo de calidad en nuestro País, tendría que empezar por la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, pero como lo que propongo es un Pacto de Estado, no incorporo esta medida en la propuesta porque llevaría directamente a que el PP y sus siete millones de votantes no lo harían suyo. Habría que negociar políticamente una serie de medidas que en cualquiera de los escenarios políticos, pudieran mejorar radicalmente la situación de las personas, independientemente de los ciclos electorales.

Propongo algunas que se podrían incluir:

Dotación de recursos humanos y materiales a la Inspección de Trabajo, con planes anuales que se centraran en todas las medidas que están haciendo especialmente precario el empleo: inexistencia de causalidad en la contratación temporal, la proliferación de horas extraordinarias que además no se abonan, las condiciones de salud laboral en las que se desarrollan muchas actividades, régimen de subcontratas abusivos y mal pagados, etc.

Diseñar fuertes medidas desincentivadoras y penalizadoras del fraude.

La desaparición de las prácticas no laborales, aprobando únicamente las que están estrictamente dentro de los planes de profesional o universitaria. Una vez completados los estudios, en ningún caso podría volver a materializarse esa figura no laboral en torno a becas en el mejor de los casos y que no aportan ningún valor añadido al trabajo, conllevando únicamente una prestación de servicios a bajo precio sin prestaciones. Establecer una regulación laboral más protectora a los trabajadores menos cualificados que asegure aún más la estabilidad de su empleo, porque en toda economía siempre existirán actividades de bajo valor añadido. La colaboración de todas las administraciones. Históricamente los Ayuntamientos han desentendido esta materia. Hay muchos ámbitos en los que pueden actuar, sobre todo en colaboración con la Inspección de Trabajo, poniendo al servicio de este fin a las policías locales. Hay que explorar esta actuación de la administración más cercana al ciudadano, para conseguir que pueda velar también porque el empleo sea más digno. Hay que diseñar un sistema de atención sanitaria especializada para atajar los daños psicológicos que está provocando en las personas trabajadores el funcionamiento del mercado laboral.

Seguir potenciando el cuarto sector, el cuidado de las personas, que recoja la fuerza productiva que libera la robotización. Más allá de mejorar las condiciones laborales de las personas profesionales que trabajan en la atención sociosanitaria, hay ocupaciones que se pueden reforzar en este ámbito, como la docencia con las personas mayores, la difusión y animación sociocultural, etc.

Nuestro norte debería ser el sur, trasladando las medidas e inversiones necesarias para que las tasas de desempleo del sur tiendan a ser como mucho las del norte.

Y así hasta varias decenas de medidas (en el Pacto contra la Violencia Machista se han llegado a prever hasta 200 medidas), con el objeto de conseguir que la inmensa mayoría de la ciudadanía se vea representada por sus políticos si demuestran que en este tema, también son capaces de ponerse en el lugar de la mayoría de las personas.

Artículo de opinión de , Jefe de para el Empleo de la JCCM