No podía ser de otra manera, y menos en este país nuestro de cada día. La polémica suscitada por la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública española, ha inundado medios de comunicación y redes sociales, provocando todo tipo de reacciones, desde las dudas a las alabanzas, pasando por argumentos para las críticas sobre el asunto. Tenemos a pacientes y trabajadores de la sanidad que la agradecen, junto a otros que opinan que sería más útil la donación a otros campos de la medicina distintos de la oncología, como es la Medicina de Familia; hay quien solo ve en esto una muestra de la generosidad del donante, y hasta quienes lo ven como una operación de blanqueo de dinero, y la relacionan con la explotación infantil en terceros países, donde las empresas de Ortega obtienen pingües beneficios, cuestionando así su lícita procedencia. En resumen ¿para gustos? colores.

Partiendo de que a nadie puede parecerle negativo que lleguen más recursos a una sanidad necesitada de ellos, y mucho menos a quienes sufren esta terrible enfermedad, hay que admitir que el hecho invita a un análisis. La contra el Cáncer se muestra encantada, y la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia le hace a Ortega un reconocimiento público. Que desde estas entidades se aplauda el gesto, es lógico si se conocen datos como que hay un 30% de pacientes no se pueden tratar por falta de Unidades; que existen algunas cuya tecnología podría calificarse de obsoleta; que no tenemos un Plan Nacional de Oncología, ni un Registro Nacional de Tumores; o que la situación de unas CCAA respecto a otras es muy dispar, y eso provoca auténticos calvarios a algunos pacientes obligados a peregrinar más de cien kilómetros para recibir radioterapia. Ante esto, lo natural es que el donante se convierta en alguien que resulta fundamental y hasta querido.

Pero junto a lo anterior, hay otro aspecto a tener en cuenta, como es el hecho de que nuestras leyes permiten desgravar casi un tercio del importe total de las donaciones realizadas a las fundaciones. La cuenta es sencilla: si la donación asciende en este caso a 320 millones, nos da una desgravación de 107 millones de euros. Si vemos este fenómeno en el contexto mundial, también hay países donde se realizan este tipo de donaciones por parte de magnates y mecenas, y en ellas no es raro encontrarnos que tras su aspecto filantrópico se esconden estrategias de lavado de cara de sus empresas, búsqueda de publicidad para el donante, y sirven para constatar que son muchos los sistemas de fiscalidad que presentan “agujeros” para tratar la recaudación impositiva sobre las grandes fortunas. Curiosamente, los grandes donantes (Gates, , o el propio Ortega), si son filántropos, pero también es cierto que cuentan con estructuras de expertos en ingeniería de la contabilidad, y que juegan sus fichas según su interés aquí o allí, puesto que sus empresas operan en diferentes países.

Muchos de estos donantes son admirados por su actividad de mecenazgo, y son a la vez referentes de un sector empresarial, principal receptor de todos los privilegios del capitalismo liberal que hoy domina en la globalización que vivimos. Un mundo de poder económico, en el que cuando se alcanza un determinado status, cuanto más alto se está, menor es la regulación impositiva que les afecta. Como parece suceder en este caso, tener ingresos elevados, no debería ser motivo suficiente para dar legitimidad a que sea el donante quien decida el destino final de su donación. Es fácil admitir que el donante decida la finalidad que quiera, pero implícitamente se está asumiendo que quien paga manda, pero donar no convierte al donante en el mejor conocedor de donde es más necesaria su aportación, puesto que lo lógico es que desconozca dónde están las mayores necesidades, en este caso de nuestro sistema público de salud. Ya lo dijo “el genio del capitalismo reside en su capacidad para lograr que los intereses propios sirvan también a un interés más amplio” , y esa máxima suele estar detrás de la mayoría de esas donaciones.

Habitualmente consideramos como “normal” que las donantes decidan la finalidad de sus donaciones. Lo vemos como lógico, pero es fácil cambiar de opinión en este caso, si supiéramos que mientras en el sistema público la tecnología sanitaria se usa en un 60%, si está se usa por manos de las empresas privadas su uso se eleva al 100%. Esto puede hacer que creamos que para nuestro sistema sanitario todo lo que sean recursos deben ser bienvenidos, sin antes preguntarnos si contamos con suficiente personal sanitario preparado para que ese aparataje funcione a pleno rendimiento, y que en muchas ocasiones sirve de tupido velo para ocultar que ese mismo sistema cuenta con camas cerradas y unidades a medio rendimiento por falta de personal.

El sistema sanitario público (desde sus actuales carencias), debe aspirar a una adecuada financiación, garantizada mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya los recursos y priorice las necesidades. Si nos declaramos preocupados por la salud en general, también es parte de nuestra salud, trabajar en unas condiciones que no supongan formas legales de explotación, a la vez que suponen un grave riesgo para nuestra vida. Es común olvidarse que la salud no depende solo del sistema sanitario (solo contribuye en un 11% a nuestra salud) mientras que otros determinantes como la alimentación, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, etc., (hoy son condiciones cada vez más deterioradas con las políticas de recortes y con la creciente desigualdad) si tienen una gran importancia en ella, y que no se consigue elevar la salud por muchos regalos que se le hagan al sistema asistencial.

Seguramente se desconoce que muchos de nuestros déficits en el sistema sanitario, se deben a que existe despilfarro, mala utilización de la tecnología, bajo rendimiento de esas inversiones y en ocasiones efectos adversos por exceso de su uso. Pero no solo hay que hacer un uso adecuado de la tecnología, sino que lo fundamental es insistir en otras políticas de carácter social de las que sí depende en gran medida nuestra salud, aunque hoy estén muy dañadas por las políticas neoliberales. No se arregla todo por dotar al sistema de tecnologías, solo estaremos favoreciendo a la industria, mientras que muchas familias seguirán careciendo de lo más elemental para poder conservar su salud. Invertir en salud es invertir en prevención, y eso se consigue no solo con programas de detección precoz y cribado de enfermedades prevalentes, sino mejorando en su conjunto las condiciones de vida de las personas.

En un país con un sistema fiscal insuficiente, preocupado más por controlar a los autónomos que por sacar a la luz las bolsas de fraude fiscal existentes, y en el que los servicios públicos están infradotados, no es raro que aplaudamos el hecho de que un magnate done lo que quiera porque le sobra y decida dedicarlo a lo que a él le venga en gana. Tampoco es cuestión de reprochárselo, pero debemos tener claro, que aquellos países que tienen que recurrir a donaciones generosas para mantener sus servicios básicos, es porque sus sistemas fiscales dejan huecos para que en lugar de nutrir sus arcas públicas haciendo que deba pagar más quien más posee, están obligados a depender de colectas y donaciones. No hay que estar en contra de su generosidad, sino que algo tan serio como la salud o el bienestar, sus avances no pueden depender de la generosidad de nadie. Otro gallo nos cantaría a los españoles, si nuestro sistema fiscal fuese realmente progresivo y se persiguiera con intensidad la evasión de capitales, porque sería fácil dotar con los recursos necesarios a nuestros servicios públicos fundamentales, ( sanidad, educación, pensiones, dependencia). De hacerlo, las donaciones serían anecdóticas, y nuestros derechos no dependerían de un patrocinio, ni nuestra salud de en que un generoso donante se acuerde de la enfermedad que padecemos.

Entre personas se puede ser generoso, pero en la política lo importante es ser transparente. Los servicios públicos deben pagarse por el estado a través de los impuestos de los ciudadanos/as, y las donaciones ser un complemento bienvenido si su procedencia es ilícita. Necesitamos leyes claras y transparentes para estas donaciones y su seguimiento. Aceptar una donación, nunca puede eximir a esta de que pueda ser criticada como algunos parecen pensar, apelando a la falta de gratitud de quienes no opinan como ellos. Una donación nunca puede sustituir al Estado en sus obligaciones, ni se puede admitir que nuestros impuestos no se dediquen a financiar primero los servicios del bienestar, ni que se mire para otro lado mientras nuestros recursos viajan a Suiza y otros paraísos fiscales.

No vale afirmar que lo importante es mejorar la salud, mientras no nos preocupan cuestiones que la determinan como son las condiciones laborales, hoy precarias desde que se ha implantado la Reforma Laboral, o se ha decidido recortar la atención a la dependencia, o no dotar suficientemente las políticas de igualdad que mejoren las condiciones de salud de las mujeres. Todo eso se nos olvida, mientras discutimos entre nosotros sobre si aceptar la donación está bien o no. Se piense de una manera o de otra, pocos negarán que necesitamos más justicia distributiva que caridad.