Algunas amenazas que se ciernen sobre nuestras sociedades son el aprovechamiento ilimitado de recursos medioambientales, facilitar la especulación sobre bienes básicos, y crear infraestructuras que en vez de velar por la ordenación de una convivencia colectiva “justa y equitativa” se convierten en mecanismos impunes hacia la insostenibilidad de nuestros entornos naturales. Estas agresiones tienen un denominador común; intereses mercantilistas “enmascarados, oscuros y hostiles”.

La insolidaria utilización del reparto del agua en cuencas como el Júcar, el Segura, el Guadiana, la mala utilización del trasvase Tajo-Segura, las nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos a través del fracking, o apostar por la creación de un cementerio de residuos nucleares en un terreno no apto para esta actividad, son algunos de los enemigos a los que se está enfrentando el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, en estos primeros meses de Legislatura.

La búsqueda de soluciones para estas ilegalidades que perjudican gravemente la vertebración territorial y se saltan nuestra legislación de protección ambiental, son prioridades para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

Desde el Ejecutivo regional se están estudiando todas las medidas técnicas, jurídicas y legislativas necesarias para evitar estos grandes males en el entorno rural y en el sector primario, tras cuatro años ya no sólo de recortes de servicios sociales, educativos y sanitarios, sino también un periodo de tiempo caracterizado por la alarmante permisividad de Cospedal, -hoy candidata al Congreso por el PP-, ante múltiples deterioros medioambientales y auspiciando enriquecimientos contra natura.

Ahora, abogamos por una política de sostenibilidad, donde prime la ecología, se defiendan nuestros intereses como Comunidad Autónoma, y además se alce la voz ante agravios que como Región ya no soportamos más.

Este ejercicio de rebeldía nos lleva a oponernos al Decreto del Plan hidrológico de la demarcación de la cuenca del Júcar, con recurso incluido anunciado por García-Page, al entender que esta planificación lleva contemplada en letra pequeña el recrecimiento de la presa de Camarillas, la subida del canon a regantes y ayuntamientos de la provincia de Albacete; y en definitiva por ser una nueva muestra de incumplimiento con los derechos históricos de nuestra tierra.

Esta oposición al Plan de cuenca del Júcar, también se extiende a otras planificaciones hidrográficas aprobadas por el Gobierno central y las Confederaciones Hidrográficas como el Segura, el Guadiana o el Tajo.

Pero sin lugar a dudas, el compromiso para poner freno al fracking, con un buscando stops para los permisos de investigación, gracias a un Anteproyecto de Ley que declara Castilla-La Mancha tierra libre de esta técnica de explotación severa contra nuestros acuíferos y subsuelo; y la oposición al Ministerio de Industria para evitar la construcción de un ATC, y el posterior transporte nuclear atravesando nuestro territorio y carreteras, son “acciones de una gran profundidad legislativa, que sitúan a Castilla-La Mancha entre las regiones más punteras a la hora de velar por crear mecanismos de defensa y protección contra intereses particulares cortoplacistas, sin tener en cuenta, las consecuencias para la desertización, para el futuro desarrollo de nuestra región, y un mayor bienestar para las generaciones venideras”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Albacete