Algo huele a podrido en Castilla-La Mancha. Huele a podrido que se promueva la instalación de macrogranjas porcinas esgrimiendo el falso argumento de la creación de empleo, cuando las macrogranjas destruyen más empleo del que crean y el que crean es escaso y precario. La alta tecnificación hace que estas instalaciones generen muy pocos puestos de trabajo, subcontratando generalmente falsos autónomos en situación precaria. A cambio, se destruyen muchos otros empleos, por un lado, en el propio sector, donde los pequeños ganaderos no pueden competir con los bajos precios de las macrogranjas, lo que incrementa la concentración empresarial y la desigualdad de ingreso en el campo; y, por otro lado, también en otros sectores, como el turismo rural, debido a los impactos negativos en el entorno, lo que agudiza el problema de la despoblación en nuestro medio rural.

Huele a podrido que se ponga en riesgo el abastecimiento y la calidad del agua con instalaciones que generan una demanda inasumible de recursos hídricos en una región donde estos recursos son escasos y se encuentran ya bajo una fuerte presión. No estamos luchando contra los trasvases y en defensa de nuestros ríos para que ahora se trasvase el agua a las macrogranjas para beneficio de unos pocos y perjuicio de la inmensa mayoría. Cuando decimos que hay que seguir no solo el rastro del agua, sino también el rastro del dinero, nos referimos precisamente a esto. Los purines y residuos tóxicos que generan las macrogranjas se almacenan en inmensas balsas que pueden romperse o filtrar su contenido y constituyen una importante amenaza de contaminación de los ríos y acuíferos, provocando restricciones y prohibiciones de beber agua del grifo, como ha sucedido ya de hecho en varios municipios de nuestra región.

Huele a podrido que se subvencione con dinero público a grandes empresas como o desoyendo informes de la propia Junta que advierten sobre los impactos negativos de la ganadería intensiva sobre el medio ambiente. El informe ‘Impactos del cambio climático en Castilla-La Mancha’, encargado por la Junta a expertos en la materia, señala que la “producción ganadera intensiva tiene un papel importante como fuente emisora de ciertos gases que repercuten de forma negativa en el medio ambiente” y que, por el contrario, la ganadería extensiva, tradicional en nuestra región, puede “continuar siendo una excelente alternativa para mantener el equilibrio de los sistemas de producción.”

Huele a podrido que la complacencia y claudicación ante los intereses particulares de Incarlopsa haya llegado al extremo de expedientar y apartar de su puesto de trabajo a veterinarios de la Junta que resultaban incómodos a la empresa por denunciar sus incumplimientos de la normativa de bienestar animal. Como establece la sentencia del 21 de septiembre de 2017 del , “apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios, con el único elemento para justificar tal cosa que las simples quejas de un administrado con evidente interés en el asunto, entra ya de lleno en el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (…), que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española. La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos.”

Huele a podrido que se estén cometiendo graves irregularidades en la tramitación de autorizaciones para la instalación de macrogranjas, como establece también otra sentencia, del 15 de enero de 2018, del . Esta sentencia anula la autorización ambiental integrada para una explotación porcina por no haberse seguido el procedimiento legal establecido en la tramitación de la declaración de impacto ambiental, dado que no se ha sometido a información pública, privando a los interesados del derecho de información y participación que les corresponde. Uno de los magistrados emite además un voto particular en el que señala que, junto a los motivos formales, deben abordarse también los sustantivos porque “queda suficientemente acreditado (…) que las aguas de consumo público (…) están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos y vacas de la empresa autorizada” y que “la autorización concedida pone en grave riesgo la calidad de los recursos hídricos de toda la comarca”, lo que “prueba la insuficiencia de las medidas de gestión de estiércol”, que resultan “deficientes e ineficaces, ante un problema de salud pública tan grave.”

Huele a podrido que en las Cortes regionales se haya rechazado, con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP, una resolución de Podemos en la que pedíamos simplemente que se deje de promover y de apoyar económicamente la instalación o ampliación de macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha y que se promueva, por el contrario, un desarrollo rural y agropecuario sostenible, apoyando a cooperativas y pequeños/as productores/as y priorizando actividades como la ganadería extensiva y ecológica y el turismo rural y de naturaleza.

Porque todo esto huele a podrido, en muchos pueblos de Castilla-La Mancha la gente se está organizando para luchar contra las macrogranjas y esta lucha solo acaba con la paralización de los proyectos. Sabemos cómo se hace porque hemos logrado ya paralizar los proyectos de minería de tierras raras. Se hace con organización y movilización social y con una acción institucional coherente y consecuente. Por eso llamamos a la gente a organizarse y movilizarse para defender el futuro de nuestra tierra y resistir frente a las macrogranjas. Hay ya una rebelión en marcha.