Llegamos al XXXVIII aniversario de la Constitución Española en un tiempo donde se reclama por parte de una gran mayoría de actores políticos y sociales, la necesidad de actualizar la norma fundamental del Estado, una de las constituciones que con solo dos reformas, una en 1992 y otra en el 2011, menos modificaciones ha tenido en nuestro entorno europeo.

El cambio por el cambio no tiene mayor validez ni significado, pero parece razonable pensar que después de 38 años, la sociedad española ha sufrido unas transformaciones sociales, políticas y económicas que avalan la oportunidad de esta reforma; fundamentalmente por la evidente voluntad de los españoles de seguir profundizando en el estado social y de derecho. El texto debería responder a los retos que plantea una sociedad del siglo XXI y que se muestra en la actualidad insuficiente para dar respuestas a viejos y nuevos problemas, suponiendo, de facto, un blindaje a servicios básicos como la sanidad, la educación, la vivienda, el medioambiente, el trabajo o las prestaciones sociales.

Los efectos de la crisis económica que han derivado en una creciente desigualdad y pérdida de derechos, evidencian la necesidad de elevar la exigencia de los derechos fundamentales en nuestra Constitución como los de sanidad o vivienda, así como también acometer una modificación del capítulo II del Título VIII referido a la , que devuelva la soberanía municipal que en estos últimos años ha sido recortada a los ayuntamientos con la excusa del endeudamiento público.

La calificación de excusa viene justificada atendiendo a los datos económicos, tanto del como del propio , de los que se desprende que son las corporaciones locales las menos endeudadas en comparación con los déficits acumulados por el conjunto de las comunidades autónomas y del propio Estado.

Respecto a los objetivos de estabilidad fijados por el Gobierno el año pasado la elevó su gasto un 5,5%, las comunidades autónomas, un 4,4% y los ayuntamientos sólo un 1,7%. Del total de la deuda pública en manos de las administraciones públicas, el 87,7% por un valor de 962.147 millones de euros se corresponde con el endeudamiento de la Administración Central, mientras que las comunidades autónomas suponen el 24,1% con 264.174 millones y las corporaciones locales, solo el 3,2% con 35.083 millones, según datos del Banco de España.

De esta forma el conjunto de corporaciones municipales, diputaciones y entidades locales menores rebajaron la deuda el año pasado hasta los 35.147 millones de euros, un 0,8% menos que en 2011, siendo las únicas administraciones que registran, desde 2012, un superávit de sus cuentas públicas.

Los Ayuntamientos y Diputaciones necesitan de una actualización constitucional que garantice la mejora de la financiación local porque no en vano son las administraciones locales las que contribuyen con sus políticas, desde la cercanía y con un mejor y mayor conocimiento de la realidad social, a preservar y desarrollar el principio de igualdad que garantice los mismos derechos a todos los ciudadanos, ejerciendo un auténtico papel vertebrador en el Estado y la mayoría de la veces infravalorado injustamente.

La reforma constitucional que afectará a las Administraciones Locales debería contemplar además la regulación en las Diputaciones para la elección directa de los diputados provinciales, una condición previa para otorgar mayor legitimidad a esas instituciones provinciales, acercando el representante al representado. Es pertinente un esfuerzo de mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones si queremos poner fin a la desafección política y renovar la confianza en lo público.

No podemos olvidar que los 8.122 ayuntamientos españoles y 41 Diputaciones también somos parte del Estado: el Estado más cercano a sus administrados, los que se sitúan en la vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los que han sido y siguen siendo, la primera red de solidaridad con millones de hombres y mujeres afectados por la crisis.

Somos Estado porque nos implicamos en la atención a las personas con nuestros servicios sociales, somos Estado, porque abrimos y mantenemos albergues, centros de cultura, instalaciones deportivas, alumbrado, suministro de agua, mantenimiento de carreteras, seguridad y extinción de incendios y así un sinfín de servicios ciudadanos que requieren mayores garantías constitucionales que reconozcan la autonomía política y funcional de las Administraciones Locales.

Esta garantía constitucional es un apoyo imprescindible en los ayuntamientos pequeños y dispersos en el medio rural para preservar el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución.

Es hora de devolver la dignidad a esas escuelas de democracia que son los ayuntamientos, donde se ejerce de forma más directa los derechos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, que es la esencia de la democracia desde su origen en las polys griegas.

Un estado que no ampara ni vela por los derechos de los ciudadanos en el concepto del contrato social, carece de legitimidad moral, política y democrática. Todo recorte de recursos deviene desgraciadamente en una pérdida de derechos, y es por ello que la reforma constitucional que blinde la suficiencia financiera de las administraciones locales, es el primer paso para afrontar los retos de representatividad, legitimidad y participación ciudadana, que demanda la sociedad española para una nueva política que amplíe y garantice con igualdad los derechos de ciudadanía.

Presidente de la Diputación de Albacete