Un ayuntamiento no puede dedicar su superávit para las necesidades que la Corporación municipal estime necesarias, debido la política restrictiva del gasto que se impuso tras la crisis económica. Está restricción tenía relación con las exigencias de de ejercer un control férreo del gasto público. Para ello se elaboró la denominada regla de gasto, que limita el gasto a un máximo de un tanto por ciento del gasto del año anterior, y que para 2017 autoriza un 2,1 % respecto al gasto del 2016.

Si sobra dinero debe amortizarse deuda, y si no se tiene deuda debe guardarse. Significa por tanto, que pese a existir un superávit, un ayuntamiento no puede destinarlo a crear empleo, a mejorar los servicios fundamentales, o a cumplir con los compromisos electorales. Un ayuntamiento saneado no debería tener las mismas restricciones que uno endeudado, pero la realidad es que la restricción es la misma para todos, tengan deuda o no.

En estos días hemos conocido el incumplimiento por el gobierno, de su promesa de una revisión del sistema de financiación autonómica, que está aplazada desde 2014. Ambas situaciones repercuten de forma muy negativa en el mantenimiento de nuestro , en gran medida dependiente de las CCAA, salvo pensiones y prestaciones por desempleo. El papel desempeñado por los ayuntamientos es un complemento fundamental a la labor de las otras dos administraciones estatal y autonómica, y el bloque de la regla de gasto para los ayuntamientos, aumenta el riesgo del mantenimiento y la calidad de los servicios más necesarios para el conjunto de ciudadanos.

Pero centrándonos en la situación de los ayuntamientos, la situación de empeñarse en exigir el cumplimiento de esa regla a todos por igual, resulta kafkiano. Los datos para cambiarla, están a disposición del gobierno, que por Acuerdo del de 10 de febrero de 2017, creó una Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación de nuestros municipios. La comisión se reunió por primera vez en marzo de 2017, y allí se fijó como objetivo, disponer de la mayor información posible que permitiese fijar un criterio que mejorase el actual sistema. Su informe definitivo lo emitió el 26 de julio de este año. Desde entonces el gobierno calla.

El análisis dibuja una situación compleja, por la variada composición y el número y tamaño de los municipios, así como las entidades de tipo empresarial que dependen de ellos. La Hacienda local española representa el 6% del en 2015 (año cerrado para el estudio). Tienen un superávit fiscal del 0,5% y un nivel de endeudamiento del 3,3% frente a 5,9% que tiene los ayuntamientos europeos en conjunto. Los impuestos municipales representan el 52,9% de sus ingresos, lo que debería permitirles una mayor autonomía fiscal. El gasto destinado al Estado de Bienestar es del 0,8% del PIB en protección social, sanidad y educación.

Las Entidades Locales españolas (Ayuntamientos y Diputaciones), han realizado un gran esfuerzo de disciplina fiscal, pero en términos de contabilidad nacional, han perdido peso en el conjunto de las Administraciones Públicas desde que entró en vigor el actual sistema de financiación que data de en 2004, año en que representaban el 14,8% del gasto público, y en los datos de 2015 es del 13,7%.

Los gastos por adquisiciones, gastos en envejecimiento de la población, servicios generales, servicios de protección contra incendios, gestión de residuos, transporte y servicios deportivos y de ocio, representaban el 46,1% del gasto total en 2015. Dentro de los ingresos, están los principales impuestos locales, entre los que destaca el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ha aumentado un 136,1%, entre 2004 y 2015. Existe un fuerte aumento de la recaudación por impuestos de los grandes Municipios, muy superior a las transferencias recibidas por el Estado, lo que ha supuesto un importante aumento de la presión fiscal por habitante. El sistema de transferencias corrientes del Estado cubre una parte escasa y decreciente de los ingresos corrientes municipales, el 22,2% en 2015.

Entre 2015 el superávit fiscal de los Ayuntamientos era superior a 5.000 millones de euros. Estos saldos contrastan con el empeoramiento producido en el resto de Administraciones Públicas. Desde el inicio de la crisis la deuda local aumentó en un 9,1%, pero en los últimos años se está produciendo un descenso muy importante, fundamentalmente porque la deuda de los grandes Municipios ha disminuido un 19,9%, y aunque no la ha disminuido la de los Municipios de menos de 300.000 habitantes, si es menor en el conjunto. En los últimos ejercicios la tendencia también ha dado la vuelta en esos Ayuntamientos menores, aunque no en las Diputaciones de régimen común, que habían tenido un comportamiento favorable en los años anteriores, pero que en los datos de 2016 han aumentado fuertemente su endeudamiento.

El informe documenta, que en todo el Estado, hay problemas de sostenibilidad fiscal en 789 Ayuntamientos y que 377 no pueden endeudarse, al sobrepasar la regla del 110% de ratio deuda/ingresos corrientes. Un total de 42 Entidades están en situación crítica. Son las ciudades medianas y algunos pequeños Municipios los que mantienen una situación más preocupante a medio plazo, dadas las tensiones detectadas en el gasto, a pesar del buen comportamiento de los ingresos locales, especialmente de los de carácter tributario.

La Comisión puso sobre la mesa en su informe 315 propuestas para reordenar esta situación, pero a día de hoy, el Gobierno no ha dado señales de vida al respecto. Lo que ha sido noticia, es que ha sido necesario un despiste en el gobierno, por presentar fuera de plazo su veto, para que se ponga sobre la mesa del Congreso la revisión de la regla de gasto. Nadie propone un endeudamiento sin control, pero sí que aquellas corporaciones que han hecho bien su trabajo y tienen superávit, encuentren una recompensa, no para endeudarse sin límite, sino para mejorar las condiciones de vida y la calidad de los servicios que sus vecinos se merecen.

Mantener esa regla de gasto es aplicar un criterio ideológico, puesto que impide ampliar los servicios públicos, pero si permite su contratación a través de empresas privadas. En paralelo impide, que las plantillas de personal municipal solo puedan optar por contratos de reposición de personal, no pudiendo ampliar en aquellos casos donde esas plantillas son insuficientes.

Como siempre el Estado piensa que los ayuntamientos son el hermano pobre de las administraciones, y se olvida que los municipios también son Estado. Pero sobre todo se olvida, que es la administración del Estado, la primera que incumple esa regla de gasto, y por lo tanto es la gran responsable del déficit del conjunto de las administraciones. La regla de gasto para los ayuntamientos debe revisarse sin demora.