El próximo 25 de mayo, 400 millones de ciudadanos de tenemos una cita con las urnas para elegir a nuestros próximos representantes en el . En total 751 eurodiputados de 28 países distintos que durante los próximos 5 años tendrán en sus manos regir los destinos de la Unión, junto con los gobiernos nacionales reunidos en el Consejo, empezando por elegir al presidente de , el ejecutivo comunitario.

El sector agrario es, sin lugar a dudas, uno de los más comprometidos con el proceso de construcción europea, hundiendo sus raíces en propio tratado de y manteniendo sus principios en las distintas reformas que la primigenia Comunidad Económica Europea de seis miembros ha vivido hasta la actual Unión Europea, con 28 socios y numerosos candidatos llamando a sus puertas.

Desde el inicio de la PAC hasta nuestro días, los agricultores y ganaderos europeos hemos vivido numerosas reformas, la ultima hace menos de un año. Todas ellas han tenido su proceso negociador, en un principio con un papel predominante de la Comisión Europea que, a medida que el club europeo se iba ampliando para acoger a nuevos socios, no todos especialmente agraristas hay que decir, ha ido cediendo peso a los gobiernos nacionales reunidos en el Consejo y, en los últimos años, ha dado un paso importante en materia de legitimación institucional, al reconocer al Parlamento Europeo su capacidad decisoria, en donde el llamado “procedimiento de codecisión” pasa a denominarse “procedimiento ordinario”.

En definitiva, la práctica habitual será que tanto Parlamento como Consejo sean los que, al unísono y por consenso, adopten, modifiquen o rechacen las propuestas que la Comisión Europea presente. Así ha sido en la última reforma del pasado mes de junio, fruto de intensas negociaciones entre Parlamento y Consejo, que consiguieron modificar sustancialmente una propuesta inicial de la Comisión Europea especialmente lesiva para los intereses agrarios de buena parte de la Union y muy particularmente para los productos y productores españoles.

Creo que es de justicia reconocer el trabajo hecho por las partes negociadoras, tanto de los ponentes de la Comisión de Agricultura del PE en los reglamentos centrales de la reforma, como la enmiendas presentadas por nuestros europarlamentarios, bien coordinados y en sintonía con las posiciones negociadoras de nuestro Gobierno que, junto con las Comunidades Autónomas y las Organizaciones Agrarias mantuvo la presión en los aspectos más cruciales en donde nos jugábamos la viabilidad de la Reforma en nuestro país.

De esta manera se ha podido alcanzar un acuerdo sobre la PAC razonablemente satisfactorio para España, con márgenes de flexibilidad que permiten adaptar la PAC a nuestra realidad productiva y con unos recursos presupuestarios que garantizan la financiación en términos similares a los actuales, lo cual es destacable si tenemos en cuenta el momento de inestabilidad y debilidad presupuestaria y financiera que estamos viviendo en .

Por tanto, el debate europeo no es algo ajeno al agricultor y ganadero español, pendiente de su explotación y del clima a la hora de tomar sus decisiones, pero también de la normativa europea, no solo en materia de ayudas o pagos, sino en cuanto a condiciones de producción, restricciones o limitación en el uso de determinadas materias o imposiciones en cuanto a prácticas productivas, trazabilidad, bienestar animal o utilización de productos fitosanitarios.

Según datos de la propia Union Europea, los pagos de la PAC, las llamadas ayudas directas de la Política Agrícola Común viene a representar de media un 30% del total de los ingresos de agricultores y ganaderos. No es un montante desdeñable, a pesar de que apenas representa el 0’5% del de la UE, muchísimo menos de lo que aporta la agricultura y ganadería al PIB de los países de la UE, y por eso es necesario lograr que el ciudadano entienda que es importante mantener una PAC fuerte, solida, estable y bien dotada, para poder garantizar una agricultura y una producción alimentaria en Europa.

Dicho esto, casi tres cuartas partes de las rentas del agricultor provienen del mercado, es decir de su propia capacidad de orientar su producción a los gustos del consumidor, optimizando costes y buscando el máximo valor añadido a sus productos.

También en estos aspectos, las nuevas funciones y el papel reforzado del Parlamento Europeo cobran sentido. Como representantes de los ciudadanos de Europa, y por supuesto de sus agricultores, nuestros diputados deberán luchar para reducir al máximo las enormes cargas y trabas administrativas que dificultan hasta el grado máximo nuestra actividad profesional, imponiendo una burocracia absurda y costosa.

Al igual que deberán buscar la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales, incluido el europeo. De poco sirve que nuestros productores estén sometidos a las más estrictas reglas de producción y de trazabilidad de nuestros productos si luego nuestras administraciones no son capaces de controlar que las importaciones en la UE reúnan al menos los mismos requisitos en materia de producción.

No se trata de proteccionismo europeo. Europa es el mayor importador mundial de productos agroalimentarios del mundo y mantiene acuerdos de liberalización comercial con prácticamente todas las regiones del Planeta en condiciones claramente favorables para los exportadores agroalimentarios de los países terceros.

Se trata de poner cordura y coherencia en nuestras decisiones. No podemos prohibir un método de producción en Europa si no podemos impedir que ese producto entre libremente en nuestro territorio. Muchas, demasiadas veces, han podido más en la toma de decisiones fuerzas ajenas a la razón científica, profesional o económica.

Y en este punto, y de cara a las próximas elecciones, quiero ser especialmente crítico con en donde hasta ahora, y salvo contadas excepciones, han sido los representantes de los colectivos más radicales quienes han liderado los debates imponiendo sus tesis minoritarias ante el desinterés o falta de valentía de los grupos mayoritarios.

De cara a su futura composición, nuestros representantes en Europa adquieren un nuevo protagonismo, no exento de responsabilidad, ya que de ahora en adelante, las decisiones que tomen deberán ser tenidas en cuenta y formarán parte del cuerpo legislativo de la Union, y en definitiva, del hacer diario de sus ciudadanos y sus profesionales.

La agricultura europea, y muy especialmente la española, ha sabido dar la cara y adaptarse a las nuevas circunstancias, erigiéndose en un sector clave para la recuperación de la economía de nuestro país, gracias a sus exportaciones agroalimentarias, a sus productos de máxima calidad y al sacrificio y dinamismo de sus agricultores.

El 25 de mayo se trata de elegir a quienes nos representan en Europa y de exigirles que nos representen con la responsabilidad y dignidad que nosotros hemos acreditado.

Artículo de opinión de , Presidente nacional de ASAJA.