El pasado viernes, el gobierno nos anunció la aprobación de dos nuevos impuestos que dañan la competitividad de nuestra economía, las conocidas como “tasa ” y “tasa Tobin”.

En un mundo con economías globalizadas, listo para afrontar la revolución 4.0 en la que estamos inmersos, estos nuevos impuestos no dejan de ser medidas populistas, de resultados recaudatorios inciertos, y si me lo permiten, de consecuencias nefastas para España.

En el caso de la tasa Google, el gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros, sin confirmar si tendrá efecto retroactivo desde el 1 de Enero, afectando a la decisiones de inversión de grandes empresas tecnológicas (bastó el anuncio de esta medida para que Google decidiera establecer su nuevo centro en Europa y crear 1.300 puestos de trabajo en Portugal, perdiendo España una gran oportunidad), y perjudicando a toda una red de startups y empresas más pequeñas que se verán afectadas en sus habilidades para competir, frente a grandes empresas con mayor capacidad para diluir impuestos entre su estructura de costes.

Por otra parte, la estimación de recaudación realizada por el gobierno parece difícil de creer, cuando lo que se espera recaudar por este concepto a nivel europeo son 4.500 millones de euros, siempre que los diferentes países de la UE alcancen un acuerdo sobre la carga impositiva a los nuevos modelos de negocio digital. ¿Vamos a ingresar el 26% del total de recaudación previsto para la UE? Hemos anticipado un impuesto europeo cuya fecha de aplicación Francia y Alemania quieren para 2021, y otros de nuestros socios europeos como Reino Unido o Irlanda ven con reticencias.

En el caso de la tasa Tobin, la situación es todavía más inoportuna. Con este impuesto se gravan las compras de acciones de empresas españolas cotizadas que tengan una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Esta tasa, va a recaer sobre los intermediarios financieros. Con este impuesto, el gobierno espera recaudar 850 millones de euros, cifra que la AIREF ya ha rebajado de manera significativa, y que saldrán de las arcas del sistema financiero, o de la repercusión del coste sobre los clientes. En cualquier caso, se trata de una medida absolutamente miope y populista.

El Gobierno debería tener en cuenta varias cuestiones fundamentales: nuestro país necesita más que nunca un sistema financiero saneado y competitivo, especialmente si entramos en un proceso de desaceleración económica tal y como adelantan todos los indicadores. Las entidades financieras han asumido el coste de las nuevas reformas tributarias hipotecarias, siendo previsible que las sentencias del TJUE añada un nuevo varapalo con las hipotecas ligadas al IRPH, han afrontado un cambio regulatorio de dotaciones y capitalización muy exigente, con márgenes de rentabilidad débiles y sin perspectivas de aliviarse con una subida de tipos que no veremos hasta 2021, donde la transformación digital y las fusiones han cambiado el modelo de negocio y obligado a reducir las plantillas en miles de trabajadores, y sin embargo sufre un nuevo ataque de marcado carácter populista y demagógico.

Necesitamos un sistema financiero flexible, eficiente, que sea accesible para los ciudadanos, competitivo y por tanto económico. Si tenemos en cuenta que no existe un consenso sobre esta tasa a nivel europeo, abrimos la ventana a nuevas deslocalizaciones de servicios financieros hacia otros países y regiones de la UE.

La consecuencia final de estos dos nuevos impuestos parece por tanto evidente: pérdida de la competitividad en dos sectores estratégicos, el tecnológico y el financiero, costes que recaerán en último término sobre los ciudadanos, ingresos lejos de la recaudación estimada por el Gobierno, y con riesgo evidente de verse modificados por una armonización europea. Pero para este gobierno, parece que es mejor aprobar estas tasas “made in Spain”, y seguir financiando el del presidente y las cuotas de golpistas y extremistas.

SANTIAGO SANCHEZ LOPEZ

Secrt. Economía del