Hace justo un mes que el Consejo de aprobó el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCLM) para 2016.

El próximo paso sería que dicho anteproyecto tuviese entrada en las Cortes de Castilla-La Mancha y comenzase el proceso de debate y aprobación del mismo.

Hace un mes que no se ha vuelto a saber nada de ese documento.

No obstante, gracias al Tratado de Maastricht y a las condiciones de estabilidad presupuestaria, unión monetaria, papel del y forma de financiar los déficits públicos establecidas en el mismo, podemos adelantar sin temor a equivocarnos demasiado, cuál va a ser la magnitud de una de las principales partidas de los mismos: la dedicada al pago de intereses y amortización de la deuda pública autonómica.

De acuerdo con la información pública disponible en las páginas web del y la Intervención de la JCCLM (cuenta general y ejecución presupuestaria), el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado de media entre los ejercicios 2012 y 2015 casi un 20% del gasto total a pagar los intereses y a amortizar la deuda pública emitida por esta comunidad autónoma.

De unos gastos totales medios anuales de 8.200 millones de euros en este período, alrededor de 1.650 millones de euros de media al año se han destinado a devolver deuda (1.225 millones de euros) y sus correspondientes intereses (425 millones de euros).

Para hacernos una idea de la magnitud de este importe, valga señalar que en 2014 el gasto destinado a “Educación, cultura y deportes” y al “” por parte de la JCCLM fue de 1.441 y 2.487 millones de euros, respectivamente. Es decir, después del SESCAM, la partida de gasto de mayor envergadura en los presupuestos será la destinada a la deuda pública.

Sirvan estos datos para denunciar que, mientras no se cuestione y se rompa con las ataduras que se derivan del Tratado de Maastricht, los principales beneficiarios de los presupuestos públicos no serán las personas, sino la gran banca (, Santander, ) y los fondos de inversión que especulan con la deuda de las administraciones públicas.

Recientemente el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que destinará 600 millones de euros en 2016 al Plan de Emergencia Ciudadana. Eso está muy bien. Pero que quede claro, destinará aproximadamente tres veces más a hacer frente a sus compromisos financieros, o lo que es lo mismo, a rescatar bancos por la vía indirecta de sus inversiones “seguras” en deuda pública y a acrecentar ganancias de fondos de inversión especulativos.

Así es , amiga de sus amigos, pero que pague la ciudadanía. ¿Nos podemos hacer una idea de las posibilidades de mejorar los servicios públicos castellano-manchegos de acuerdo con principios de justicia social y participación ciudadana si se pudiera contar con los 1.650 millones de euros al año que ahora se destinan a mejorar la cuenta de resultados de bancos y grandes fortunas?

PD: Consuelo de tontos/as. Esta situación no es exclusiva de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Otras comunidades autónomas, ayuntamientos y disfrutan de escenarios similares.

Artículo de opinión de , profesor Titular de Política Económica de la