No todos los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer el procedimiento penal, en todo caso, si fuere así, merece la pena no acudir como presunto autor, entre otras razones, porque si la actuación policial ha sido eficiente y eficaz la condena puede darse por segura, siempre y cuando la respuesta judicial lo haya sido en el mismo sentido. Con la sentencia judicial, ejecutada, el culpable debe hacer frente a las consecuencias penales y civiles, es decir, indemnizar por los perjuicios económicos que se consideren afectados. Por eso es normal conocer que un condenado debe abonar costes de tasas, daños materiales y morales, si se valoran en términos monetarios.

Cuando se trata de delitos contra los agentes de la autoridad, por ejemplo, atentado o resistencia, donde el culpable agrede físicamente y causa lesiones a los representantes de la , no hay discusión cuando comprobamos, tras la iniciativa del fiscal y la sentencia condenatoria, que se impone una pena y se reclama pagos por distintos conceptos, que puede suponer reparar daños en vehículos policiales o instalaciones, ropa y efectos propiedad de los agredidos. También, cuando las lesiones han causado la baja para el servicio policial, la sentencia suele valorar el importe económico de esa cura, y calcula una cantidad económica para abonar al agente herido, según el tiempo dedicado a esa recuperación y vuelta a su trabajo habitual. Es curioso, pero se paga a un lesionado que ha seguido cobrando de su organización, pues esa baja por razón de servicio está respaldada absolutamente, lo que no produce merma en sus ingresos normales. Es más, además del sueldo que la corresponde, se verá retribuido con la indemnización, que puede ser muy importante. Podría sospecharse, porque la picaresca la tenemos presente en cualquier caso, que alguien ralentiza su reincorporación al trabajo porque suma ingresos.

El condenado, entonces, pagará o verá embargados sus bienes para hacer frente a los importes que ordene la sentencia ejecutada. Si no tiene, como es natural y lamentable, la víctima notará ese vacío legislativo. Hay que insistir en que los insolventes no tienen ninguna responsabilidad que afrontar si de pagar dinero se trata, por eso, es bueno recordar que cualquier sanción económica en el ámbito administrativo es absolutamente inútil para ellos, que suelen revolcarse de risa cuando les llegan las sanciones ejecutivas. No hay mayor fracaso que airear estadísticas sobre infracciones denunciadas y sanciones a los que no pagan. Es como una justificación artificial de un trabajo baldío que, además, no satisface a quienes tienen derechos ofendidos por parte de los que no reciben respuesta legal adecuada. Pero casi todo el mundo se encoge de hombros y señala al legislador, ese ente abstracto que parece desenvolverse en lo etéreo de la ignorancia o indolencia.

No tenemos noticias sobre iniciativas de los fiscales para reclamar en sus conclusiones, que podrían constar en la sentencia, la indemnización económica a las organizaciones que pierden la contribución al servicio de un determinado número de agentes, que sí cobran por sus heridas, reciben sueldo con normalidad, pero quedan eliminados a las tareas y funciones que deben desempeñar en sus dependencias. La ausencia de un agente, o más, afecta gravemente a la prestación de los servicios que esa organización debe afrontar para atender a los ciudadanos, que no tienen porqué padecer las consecuencias de una agresión. Dejando las cosas como están, además de las consecuencias penales y económicas, que alcanza al profesional de la seguridad oficial, debería atenderse la indemnización adecuada para la organización. El condenado responderá por los daños en el coche oficial pero no tiene consecuencias si daña a la persona que trabajaba en él. Un policía cuesta al Estado, aproximadamente, unos 90 euros diarios. A tenor de esa cuenta, al condenado debería exigírsele una indemnización para la por su ausencia del servicio, que, además, no puede ser sustituido acudiendo a una hipotética bolsa de trabajo, como en otras dependencias. Efectivamente, esa sustitución supondría un coste que debería exigirse del mismo modo.

Si el fiscal no reclama indemnización para la Administración, alguien podría entender necesaria la intervención de la Abogacía del Estado, que defiende sus intereses en cualquier procedimiento; lógicamente, debemos incluir el penal cuando se trata de pedir el resarcimiento de los daños y las bajas médicas de sus funcionarios, en especial, porque de eso estamos hablando, de los policías. De ahí surge la pregunta de quienes no entendemos, o al menos no conocemos las justificaciones legales para que no se tomen esas iniciativas ¿Por qué no? No habrá acusación particular que defienda esos intereses, cuando sí puede existir, y es imprescindible en algunos casos, como hacen muchos policías, en defensa de sus intereses, lógicamente, además de la reclamación de tipo penal.

¿Por qué la Administración del Estado no defiende los intereses colectivos buscando resarcirse de los efectos negativos de una agresión injusta, que ha merecido la condena judicial?

¿Por qué la fiscalía no reclama, además, una indemnización para la Administración del Estado cuando uno de sus agentes ha dejado de prestar servicio al resultar herido?