En lugar de destinarlos, ha dicho, a la construcción de los edificios que acogerán la nueva sede de la patronal y los sindicatos durante la pasada legislatura, en la que, ha recordado, Mariscal formaba parte del equipo de gobierno municipal.

En declaraciones a los medios, ha destacado que “esa sería la primera incógnita a despejar”, señalando que, para poder terminarlos, el Ayuntamiento necesita “que los agentes sociales se pongan de acuerdo respecto de qué obra vamos a hacer”.

El alcalde de Cuenca ha explicado que “la obra inicialmente planeada no se pudo hacer porque el equipo de gobierno anterior contrató un proyecto para los sindicatos en el que, antes de empezar,ya faltaban 800.000 euros” a lo que hay que unir, ha dicho, el visto bueno del .

A este respecto, ha espetado, “o alguien pone más dinero, y el ayuntamiento no lo puede poner, o no se pueden terminar los proyectos como fueron concebidos”. No obstante, ha admitido confiar en que “sí se pueden reestructurar para que los agentes sociales tengan su sede”.

En otro orden de cosas, Ávila se ha mostrado “totalmente de acuerdo” con la reducción de la presión fiscal planteada por el presidente de CEOE-Cepyme Cuenca, , aunque, ha remarcado, que “en Cuenca no se puede hacer hasta que Rajoy no cambie las leyes que nos rigen”, remarcando que el consistorio conquense “tiene una imposición legal de no poder tomar decisiones que disminuyan la recaudación fiscal”.

Por ello, ha pedido a Sarrión que desde CEOE-Cepyme se insista ante el Gobierno central “para que nos permita reducir la presión fiscal a nuestros ciudadanos a aquellos ayuntamientos que, atravesando dificultades, estamos cumpliendo con los objetivos que se nos impusieron”, puntualizando que el consistorio conquense “ya no gasta más de lo que ingresa” y afirmando que, por ende, “eso no depende del Ayuntamiento de Cuenca, ni de este equipo de gobierno ni de ningún otro, porque la ley lo impide”.

Sin embargo, a juicio del primer edil conquense el principal problema que existe en España es el de la desigualdad, por lo que, ha defendido, “las medidas de política económica deben orientarse preferentemente a luchar contra ella, porque hay gente que ha hecho mayor patrimonio y hay mucha que ha perdido su vivienda, que no puede pagar suministros básicos”, una situación que ha calificado de “insostenible y que debería ser una prioridad de la política económica de la UE, del gobierno de España y de Castilla-La Mancha”.

Ávila ha admitido que una forma de luchar contra esa desigualdad es crear empleo, pero, ha expuesto, “no vale cualquier tipo de empleo, tiene que ser un empleo digno”, agregando que esta desigualdad también existe en materia fiscal y que “el principal problema es que las grandes corporaciones que hacen negocios en España no pagan apenas impuestos, porcentualmente pagan menos que los autónomos y pequeños empresarios y asalariados y esto sería necesario cambiarlo”.

Aún así, ha aseverado, la primera reforma fiscal que habría que hacer “es luchar contra el fraude”, ya que, ha concluido, “si no existiera fraude fiscal en España, no habría habido que hacer ningún recorte en sanidad, educación o servicios sociales”, por lo que ha pedido un plan del Gobierno central para luchar contra el fraude fiscal.