El ministro ha explicado en la quinta reunión de la Comisión de que, desde el 1 de enero, fecha en la que entró vigor la obligatoriedad de uso de LexNET, este sistema que aboga por el ‘papel cero’ ha hecho posible la presentación de 405.705 demandas y de 1.875.733 de escritos de trámite. Además, ha informado de que se ha multiplicado por ocho la presentación de escritos por la tarde y en jornada no hábil.

Catalá ha agradecido el “compromiso y paciencia” de los diferentes actores implicados en el plan de digitalización y ha insistido en su compromiso de que el próximo 7 de julio el sistema de Justicia Digital esté implantado en los partidos judiciales más importantes del territorio del Ministerio, es decir, en aquellas CCAA que no tienen las competencias transferidas.

“El siguiente desafío”, ha dicho el ministro, según ha informado Justicia en un comunicado, “es impulsar la tramitación electrónica de los procedimientos a que obliga la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la ”.

Para ello, Catalá ha abogado por adoptar la estrategia que ya funciona en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y en las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la , en los órganos judiciales de Cuenca y y, desde esta semana, también en .

PRÓXIMA SOLUCIÓN PARA FISCALÍA

En cuanto a la integración de las fiscalías, el ministro ha indicado que se está trabajando en una solución tecnológica que estará lista en los próximos meses. La Fiscalía General se encuentra entre los actores que forman parte de la Comisión de Justicia Digital.

El pasado 16 de marzo, el expresó su “profunda preocupación por las importantes disfunciones” que está suponiendo la aplicación del sistema LexNeT, recomendando que se paralizara su implantación hasta que se corrigieran estos problemas.

Catalá ha reconocido que se han registrado en estos primeros meses las “lógicas incidencias” y que las 23 medidas que se están aplicando para mejorar el rendimiento del sistema están permitiendo su “estabilización”, lo que impactará en los próximos meses en una reducción de costes y tiempos de tramitación.