Esta profesora acaba de ganar en los juzgados una sentencia que anula el “apercibimiento escrito” con el que concluyó el expediente sancionador que se le abrió absurdamente por una serie de actuaciones, que tal y como refleja literalmente la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado de Cuenca, se hubieran solucionado con una simple llamada telefónica.

Normalmente, y como también ocurrió en ese mismo centro con otras y otros compañeros, cuando se produce un error a la hora de realizar ciertos trabajos burocráticos -trabajos que son excesivos para el profesorado que ya lleva una gran carga lectiva horaria- el servicio de inspección informa al profesorado para que rectifique y corrija los errores que se hubieran cometer.

En el caso que nos ocupa, a la profesora no se le advirtió de posibles errores, sino que directamente se abrió un proceso sancionador en base a una serie de acusaciones que han sido desmontadas, una por una, por el juez que ha dictado la sentencia. Una sentencia clara y contundente que si algo pone en entredicho es la actuación tanto del equipo directivo del centro como del propio servicio de inspección educativa.

Dicho proceso sancionador acabó en un mero apercibimiento escrito sin más consecuencias, pero la profesora afectada recurrió a la justicia para defender su trabajo y su dignidad.

Hasta aquí ya resultaba harto vergonzosa la actuación de la Administración educativa, pero los servicios jurídicos de la Consejería de Educación persisten en la indignidad y han recurrido la sentencia. Rechazamos rotundamente este “sostenella y no enmendalla”, este empecinamiento de la Administración en su voluntad de atentar sin fundamento contra la dignidad de la profesora.

La persona afectada tendrá que volver a defenderse; y tendrá que correr con unos gastos para simplemente no perder una sentencia ya dictada y ganada. Estos gastos, que pueden superar los 300 euros en procurador o procuradora, más los desplazamientos a los juzgados de Albacete, son indispensables para seguir con el proceso. En el caso de personas con problemas económicos, se verían obligados a perder dicha sentencia, ya ganada, por el simple hecho de no poder afrontar los gastos y quedar impedidos de defenderse en procesos posteriores.

Por ello, desde la , exigimos que, por un lado, no se vuelvan a producir estos casos y que, cuando las sentencias son tan claras como esta, y que no suponen ningún tipo de desembolso económico de la administración, dejen de recurrirlas.