La a la Ciudadanía de CCOO País Valencià ha realizado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo sobre “multitud de empresas del sector de transporte de mercancías por carretera que operan en la provincia de tienen instalado su domicilio social en Cuenca con el objetivo de pagar menos salarios y Seguridad Social”, puesto que los salarios son alrededor de 470 euros al mes inferiores a los establecidos en el convenio de Valencia.

Así, según informa el sindicato en un comunicado, Inspección de Trabajo “en sus resoluciones está requiriendo a estas empresas a abrir sus centros de trabajo en Valencia, a aplicar el convenio colectivo de la provincia y a retribuir y cotizar por sus trabajadores y trabajadoras como es preceptivo”.

CCOO ha detectado que estas empresas, las llamadas ‘empresas buzón’ (sociedades que no operan en el lugar donde tienen su sede) están trabajando en el de València. “Esto supone un fraude, ya que el unificó doctrina estableciendo que el convenio de aplicación es el del lugar en el que se desarrolla la actividad, y no donde la compañía decida domiciliar su sociedad”, señala en su comunicado.

El sindicato, que aboga por luchar de forma decidida contra el fraude y contra el ‘dumping social’, calcula que, aproximadamente, 7.000 trabajadores y trabajadoras se encuentran en esta situación fraudulenta. Cuenca cuenta con alrededor de 500 empresas de transporte, mientras Valencia con unas 600, “algo absolutamente desproporcionado si comparamos la actividad que se desarrolla en cada una de las dos provincias”, apunta, con lo que “la Seguridad Social estaría dejando de ingresar unos 170 euros por trabajador o trabajadora al mes”.

CCOO considera que, “además del perjuicio salarial, el fraude a la Seguridad Social y a la , se está generando competencia desleal entre las empresas”. “Sin embargo —lamenta—, las compañías valencianas, lejos de defender una competencia leal, no toman ninguna determinación más allá de quejarse en privado”.