Una noticia que ha sido acogida con “satisfacción” por el equipo de Gobierno, puesto que, según el vicepresidente de la Diputación, Julián Huete, “esta sentencia no solo quita la razón a los socialistas, sino que, además, avala la gestión del Plan de Obras y Servicios que está haciendo el equipo de Gobierno con los cambios introducidos en 2017, sobre todo, en torno a las pedanías”.

De hecho, a su juicio, el alto tribunal viene a ratificar los criterios poblacionales introducidos por el equipo de Gobierno en las normas del POS para la asignación de fondos a las pedanías, “no ofreciendo duda alguna sobre el hecho de que las normas están bien hechas porque benefician a los ciudadanos de la provincia y a las pedanías”; no en vano, “algunas de ellas están recibiendo ahora el doble de fondos que con las anteriores normas”.

Y es que, según Huete, la Diputación tiene “una especial preocupación” por las pedanías, que se materializa no solo en ese reparto real de fondos con criterios poblaciones, sino también en la puesta en marcha por primera vez de un Plan Especial de Pedanías o en las mejoras de accesos y sistemas de abastecimiento, lo que está permitiendo que haya más servicios en infraestructuras y más medios, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Para Huete, esta sentencia es, asimismo, una muestra más del modus operandi del Grupo Socialista “haciendo oposición por oposición para distraer a la ciudadanía, entretener a la Justicia y entorpecer la labor del equipo de Gobierno en su afán de trabajar por todos los municipios de esta provincia, tengan el tamaño que tengan”.