La iniciativa, firmada por el coordinador federal de IU, , y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, , define la decisión del Gobierno sobre el ATC como “propagandística” y señala que se trata de una medida “publicitada a bombo y platillo” por el equipo de , pero sin consecuencias.

“De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para ‘analizar con cierto detalle la situación’”, critica IU en el texto registrado.

argumenta, en este sentido, que “si la solución que se ofrece es temporal” habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares del país ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI) donde almacenar provisionalmente los residuos que producen o están en diferentes fases de cara a su construcción.

A su juicio, construir el ATC sería “duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria”, por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

IU DESMONTA VERSIONES CONTRARIAS

Frente a distintas versiones interesadas, aclara también que “tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012”.

La parlamentaria de IU desmonta también en la iniciativa otro de los “falsos” argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación de este tipo de basureros nucleares zona.

Al respecto, apunta que “no traerá ningún beneficio, sino más bien al contrario, a las diversas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas con las que cuenta la agricultura y la ganadería de la provincia de Cuenca”. “El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona”, ha apuntado.

La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, a través de un procedimiento abierto y participado por la ciudadanía, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.