El departamento que dirige en funciones procederá a este pago tras haber recibido este jueves las certificaciones correspondientes por parte de los colegios de abogados de las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.

De este modo, en los próximos días Justicia pagará 4.028.858,50 euros a estos colegios, el 95 por ciento de lo reclamado inicialmente por ellos, ya que el 5 por ciento restante —228.499,11 euros— dejará de abonarse por no corresponder a servicios prestados a clientes con la asistencia jurídica gratuita reconocida, según la normativa que la regula.

Un total de 14 de los 24 colegios de abogados del territorio que gestiona el Ministerio recibirán el mismo importe que habían solicitado anteriormente y el colegio de ha sido el único de todos que no ha presentado la documentación requerida, por lo que, por el momento, no recibirá importe alguno correspondiente al mes de octubre.

En el caso del colegio de Cuenca, sí ha enviado la documentación requerida pero respecto de julio, agosto y septiembre, meses cuyas certificaciones aún no había remitido.

La Intervención delegada, el organismo que supervisa la legalidad de todos los gastos del departamento, ha solicitado además a la Intervención General de la (IGAE) que incluya en su plan de auditoría para 2020 los pagos realizados a la Abogacía por este servicio con anterioridad a que estas supuestas irregularidades fueran detectadas.

Igualmente, el Ministerio ha trasladado al (CGAE) su “total disposición” para estudiar conjuntamente la situación de aquellas actuaciones del turno de oficio que garantizan el derecho de defensa y la asistencia de letrado reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución pero que no están amparadas por el régimen de subvenciones previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

ACREDITACIÓN DEL DERECHO

Justicia comunicó el pasado 21 de octubre al CGAE que las certificaciones de los servicios prestados por los abogados que garantizan el derecho de defensa de los más desfavorecidos debían acreditar en adelante que la persona defendida tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tal y como establece la normativa aplicable.

La Abogacía del Estado había informado previamente al Ministerio de que no se pueden destinar los fondos públicos presupuestados para sufragar ese servicio con el fin de abonar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado, ya que no está contemplado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ni por su Reglamento.

En base a ese informe, la Intervención delegada de Justicia reclamó que, a partir de octubre, las certificaciones enviadas por los colegios al Ministerio para el pago acreditaran que a cada ciudadano asesorado por estos letrados se le había reconocido este derecho a través de la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente, el único órgano que, según la ley, puede hacerlo.