En rueda de prensa, Pérez ha recordado que, tras dicha supresión, la zona oeste, pasará a abarcar 78.000 hectáreas, doce términos municipales que deberán cubrir tres agentes medioambientales, la mitad que la plantilla anterior a la rezonificación, lo que llevará consigo “mayor carga de trabajo, más desplazamientos, más inseguridad o incremento del tiempo de respuesta”, ya que implica la duplicación de la superficie de vigilancia y control.

En este punto, en relación a los supuestos “criterios técnicos por falta de personal” que habrían llevado a la Dirección Provincial de , y Desarrollo Rural a tomar esta decisión, ha indicado que dicha situación se arrastra desde el despido de más de 40 agentes medioambientales en 2012, cuando pasaron de 164 a 114, por lo que este año se tendrán que duplicar las guardias y “van a tener un verano bonito”.

A ello se une el que se trata de la zona “más comprometida y problemática por su orografía, bastante inestable, y con falta real de comunicaciones a la hora de atacar un incendio”, además de que la mayor parte de superficie forestal corresponde a fincas particulares, “que, normalmente, no tienen el tratamiento de monte de utilidad pública”.

Y ello, ha dicho, en un área aquejada de una climatología “bastante extrema”, por lo que, tras un invierno con escasez de lluvia y nieve, existe alto riesgo de incendio, al igual que en la zona centro, en torno a la cual se han reunificado otras dos zonas que suman 58.800 hectáreas.

Los representantes de dicha junta de personal entienden que la orden atiende a criterios “economicistas, aunque se pierde la eficacia en la lucha contra el fuego”, ha n manifestado.

PERSONAL EXTERNO

Asimismo, respecto a la falta de funcionarios de carrera que habría obligado a la contratación de personal técnico externo para la coordinación de incendios en la presente campaña, han mostrado su “total y radical” oposición, dada la existencia de bolsas de funcionarios interinos, por lo que es una decisión que les “preocupa y llama mucho la atención, porque puede ser la puerta a la externalización y privatización del servicio de extinción de incendios”.

Asimismo, desde la junta de personal han criticado la falta de seguridad que sufren los agentes medioambientales en la campaña de extinción de incendios, “los primeros que se tienen que hacer cargo y los últimos que abandonan el incendio y no tienen medios suficientes” para desarrollar su labor.

“No tienen acceso a una imagen real del incendio, se meten a ciegas, lo que crea una grave situación de inseguridad”, han precisado, añadiendo que los vehículos que utilizan tienen más de 300.000 kilómetros y que los sistemas de comunicación son los heredados del antiguo ICONA, además de que la brigada de investigación “no sabe dónde tiene que actuar” por falta de zonificación clara.