Un pacto en el que quede asegurada esa política de agua “estable” en el país y que sea “fiel” reflejo del interés general de los españoles, porque “somos conscientes del valor que el agua tiene para todo el territorio”.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la II edición de ‘El futuro en español’, que se celebra en Murcia, donde tiene previsto reunirse con los representantes de las comunidades de regantes y del sector agroalimentario.

Tejerina, que ha señalado que se está en proceso de actualizar los planes especiales de sequía, ha comentado que el objetivo es tenerlos listos “antes de que finalice el año”.

Y es que, ha advertido, “debemos asegurar que los gobiernos venideros continúen con una política de Estado que represente, sin fisuras, el interés general”.

En clave hídrica y sobre este asunto, ha indicado que el Gobierno “no desoye la llamada sobre el tema del agua, que es universal y urgente, preocupa en el presente y condiciona el futuro”, ya que “los retos que plantea la gestión del agua en España en el contexto del cambio climático demandan un pacto que defienda una política de Estado solidaria y con vocación de continuidad a largo plazo, con la atención a las demandas en todo el territorio nacional”.

Uno de los principios, ha comentado, es “garantizar la disponibilidad de agua para los distintos usos desde una perspectiva de solidaridad e integradora”, además de un “equilibrio territorial”.

Por ello, ha explicado, “las interconexiones dentro de una misma cuenca o el aporte de recurso de otras cuencas deben formar parte de una gestión integrada de todos los recursos hídricos que posibilite un uso mejor y más sostenible del agua que contribuya a alcanzar los objetivos medioambientales”.

La ministra considera que debe ser necesario alcanzar un “obligado” acuerdo entre todos y “se pretende impulsar el uso de recursos no convencionales como la desalación y la reutilización y promover el uso eficiente del agua”.

Igualmente, ha comentado que al ser la agricultura el principal consumidor “se considera imprescindible continuar con el proceso de modernización de regadíos que garantice la sostenibilidad del sector, estimando en 800.000 las hectáreas de superficie en las que es posible actuar”.