Tal y como nuestros protagonistas avanzaron en la ocasión anterior en la que protagonizaron ‘Defiende tus derechos’, dedicarían especialmente una cita del espacio “al derecho que, como ciudadanos, tenemos a una vivienda (tal y como apunta el artículo 47 de la Constitución Española) ‘todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada’…”, tal y como enmarca Salvador Jiménez, todo un experto en la materia y junto al que podremos conocer mucho, a lo largo de todo el programa, de su mano.

Reflexiona Jiménez, de inicio, sobre si estamos ante un “verdadero derecho” a la vivienda reflejado en la Constitución o no; es decir, sobre “si es posible que quien no tenga acceso a ninguna puede acudir a los tribunales y, de esa manera, que estos le provean de una…”.

Relata cómo organismos internacionales de todo tipo (la , el , la propia Unión Europea…) “hablan del derecho a la vivienda con carácter imperativo” y cómo “en España, la legislación contempla el derecho en ese artículo 47 de la Constitución, pero un derecho aún no ‘fundamental’ y, por ende, ejercitable ante los Tribunales), si bien hay partidos políticos que vienen apuntando esa necesidad…”.

Señala que, por ejemplo, que “en Francia se trata de un derecho ejercitable ante los Tribunales desde el año 2007”; que “en Cataluña, en el año 2006 se introdujo esta exigencia” y que “en el País Vasco, en el artículo 6.2 de su LEY 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, se afirma claramente que el ejercicio del derecho debe ser reclamado ante el ”, lo cual considera “un avance muy importante, porque de esa forma sí que el derecho se ha convertido en ejercitable ante los tribunales”.

Prosigue Salvador explicando que, en Castilla-La Mancha, con la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Garantías en el Acceso a la Vivienda (derogada en 2012), “la Comunidad Autónoma se comprometía a asegurar una vivienda pública en el plazo máximo de un año a quien lo solicitase y, de no ser así cumplido ese tiempo, ayudarle a pagar el alquiler… pero la medida estuvo en vigor apenas unos meses (porque con el cambio de Gobierno se vino abajo)”, lamenta. Señala que actualmente, en la región “hay intentos de búsqueda de soluciones para la problemática de vivienda, y se está redactando el anteproyecto de una nueva ley que hay que ver en qué desemboca…”.

“Hay que cambiar el paradigma en materia de vivienda en nuestro país porque es un derecho básico”

El 16 de diciembre de 1966, la Organización de Naciones Unidas adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, (que entró en vigor el 3 de enero de 1976) y al que se incorporó también España.

Jiménez relata por qué nuestro país ha sido sancionado precisamente por dicho Comité debido a un incumplimiento que nos explica al detalle durante el programa: “Por la imposibilidad de pagar el alquiler, una familia (con dos menores a cargo) fue desahuciada en teniendo que vivir varios días en un coche; tras agotar la vía judicial española (acudiendo incluso al Constitucional) reclamaron a la denunciando al ; la resolución del , Sociales y Culturales (en 2015) condenó a nuestro país por no haber buscado una alternativa habitacional a esa familia desahuciada, habiendo violado así el derecho a la vivienda, instando al Gobierno español a indemnizar a la familia y a modificar la legislación procesal en materia de desahucios elaborando, además, un plan integral de acceso a la vivienda (junto a las CC.AA.) para colectivos vulnerables”, explica.

“¿Qué ocurre con los cientos o miles de viviendas que han sido arrebatadas (por parte de los Bancos a los que todos hemos ‘rescatado’) a los ciudadanos que no podían pagar, que han ido a parar al ‘Banco malo’ y que no salen a disposición de la gente y no hay leyes o normas para que esas viviendas vuelvan al pueblo?”, se pregunta Roncero al hilo de esta vorágine de normativas de una y otra índole.

“Hay que cambiar el paradigma en materia de vivienda en nuestro país porque el derecho a la vivienda es un derecho básico y, realmente, es un derecho fundamental que debería estar protegido como se ha de hacer; mientras que el artículo 47 siga siendo sólo un principio, todo va a ser insuficiente, hay que hacerlo un derecho fundamental, subjetivo, exigible, ejercitable ante los tribunales, y ahí es donde está fallando nuestra normativa”, subraya convencido Salvador Jiménez.

Quien fuera alcalde de la ciudad, afirma que “tradicionalmente, España (en materia de vivienda social) es una de los países más débiles de Europa (y así lo dice Amnistía Internacional): en nuestro país, el parque de viviendas que se destina a estos colectivos sólo está entre el 1% y 2% (mientras que, por ejemplo, en Francia supera el 20%, una cifra que crece i9ncluso más en muchos otros países europeos)”.

Momento que aprovecha para destacar que “el de la vivienda es un derecho prestacional, y sería la Administración la que debería construir las viviendas para ponerlas en manos de aquellos colectivos que no pueden acceder a ellas en el mercado convencional”.

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de nuestro país, Plan sobre el que Jiménez apunta que “puede venir instado, en parte, por esa resolución que llegaba de Europa, pero hay que ver si está cumpliendo lo que le estaba pidiendo en ella la ONU…” advierte, volviendo a la condena por incumplimiento que en 2015 se hizo a nuestro país y que ha detallado anteriormente.

Explica que “para funcionar, el Plan Estatal de Vivienda hace necesario que las Comunidades Autónomas se impliquen y, como mínimo, dos o tres meses serán necesarios para eso…”. No obstante, detalla algunas cuestiones que se contemplan en dicho Plan: “Se prioriza el alquiler de vivienda para lo que, en cada Comunidad Autónoma, hay que establecer unos parámetros para beneficiarios (que serán aquellos con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, es decir, 1.613’52 euros), el parque de viviendas (formándolo por aquellas que están en propiedad de entidades de crédito con las que se llegue a acuerdos y también estimulando a los promotores la construcción de viviendas protegidas cuando se comprometan a desatinarlas a alquiler un mínimo de 25 años) y quién lo gestiona”.

Para Salvador Jiménez, se trata de un Plan “bien intencionado”, pero igualmente indica que “de buenas intenciones están los cementerios llenos…”. Así, señala que “falta algo fundamental: que, en viviendas sociales, el parque sea público, es decir, que se trate de viviendas de promoción pública construidas por las Administraciones”.

Al hilo de esto, lamenta que “desde la crisis, ni la Comunidad Autónoma ni los Ayuntamientos han invertido en constricción de vivienda pública; por ejemplo, en Albacete llevamos unos 8 años sin poner la primera piedra de una promoción de vivienda pública protegida, y esto desemboca en viviendas ocupadas irregularmente y en otros casos en los que, en el mismo hogar, hay tres generaciones diferentes conviviendo (y, generalmente, a la generación más joven en estos casos, se le deniega las ayudas porque no son una unidad familiar independiente…)”, denuncia.

“Las administraciones competentes, en ciudades como Albacete, tienen que hacer una inversión de construcción de vivienda pública porque no hay vivienda” subraya, explicando un caso anónimo que se le ha presentado esta misma mañana y sobre el que asegura que, “aunque sea un prototipo ‘de libro’ de necesidad de vivienda pública protegida, seguramente las Administraciones (aunque quieran, que seguro que quieren) no lo pueden atender porque no hay vivienda”. Un ámbito éste plagado de reflexiones y de realidad a abordar urgentemente y que lleva a Roncero a concluir este programa lanzando una invitación (para participar en uno futuro) “al director general de Urbanismo de Castilla-La Mancha o a algún diputado para explicarnos qué se está haciendo en la región en base a esta realidad”.

Si lo desean, pueden ahondar en esta interesante información en materia del derecho a la vivienda visionando al completo la edición del programa ‘Defiende tus derechos’ que acompaña a este adelanto por escrito del contenido del mismo.