El sindicato CCOO lamenta la escasa importancia que las conclusiones del G20 dan al capítulo social, y aunque suponen un avance en la filosofía y en la orientación de las medidas sobre reactivación económica y regulación del sistema financiero, sólo su concreción, desarrollo y aplicación permitirá juzgar su efectividad y justicia.

La Declaración final de la Cumbre de Londres del G20, a pesar de las insuficiencias e inconcreciones de algunos de sus capítulos, refleja un cambio importante en los principios inspiradores de la política económica mundial de las últimas décadas al considerar la necesidad de aunar esfuerzos globalmente para hacer frente a la crisis, junto con la ampliación a los países emergentes y más pobres dentro del universo a proteger de los efectos negativos de la recesión mundial. Y la orientación de ese cambio es positiva. En ese sentido, tiene razón Gordon Brown al afirmar que “la política del Consenso de Washington ha terminado”.

Llama la atención a CCOO que sólo se haya dedicado un capítulo a lo social y medioambiental y, aunque que hay que celebrarlo por sí mismo, la distancia de lo conseguido con respecto a las peticiones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) es muy alta. Los principios y los valores parecen orientados en un camino distinto al del neoliberalismo, pero el nivel de concreción es muy inferior. Se pide a la OIT que valore, junto con otros organismos, las medidas tomadas en beneficio del empleo, lo que hace suponer implícitamente que se incorporará al G20 y sus trabajos.

Aunque no se han aprobado nuevas medidas concertadas de estímulo de la demanda, a cargo de nuevos planes de reactivación nacionales, las decisiones de fortalecer las actuaciones del Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo con el incremento en 1,1 millones de dólares de su capacidad de préstamo (un billón el FMI y 100.000 millones los bancos) va a permitir hacer frente al principal problema de los próximos meses: la insolvencia financiera de numerosos países -emergentes y menos desarrollados- por la acción combinada de la retirada de capitales procedentes de los países desarrollados, la contracción del comercio internacional y el descenso de los precios de las materias primas. Con ello podría evitarse que estos países, que no tienen recursos propios para hacer frente a esta situación, cayeran en una recesión profunda que se sumaría a la recesión de los países desarrollados, agravándola.

El FMI es el organismo que sale más reforzado de la Cumbre de Londres: se anticipa, a 2011, su nueva reforma -esperemos que sea más democratizadora que la anterior- y se le confiere, junto con el Consejo -antes Foro- de Estabilidad Financiera de Basilea, del que formará parte España, la función de supervisar el sistema financiero mundial.

En principio, cabe valorar positivamente las declaraciones genéricas sobre la necesidad de reforzar la regulación en los sistemas financieros y la necesidad de acabar o como mínimo limitar, las prerrogativas de los paraísos fiscales, aunque sería conveniente avanzar rápidamente en su definición y puesta en práctica, y habrá que esperar a su desarrollo y aplicación para juzgarlas. Nos parece insuficiente el que los límites de la retribución de los ejecutivos sean abordados sólo desde el punto de vista de la Responsabilidad Social Corporativa.

Se reitera el compromiso de cumplimiento de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas para la disminución de la pobreza en 2015, mencionando en el mismo párrafo, de forma confusa, que las acciones acordadas en la Declaración contienen un fondo de 50.000 millones de dólares para la protección social y el fomento del comercio y el desarrollo de los países más pobres. Más clara es la referencia a una línea de crédito, especial y flexible, del FMI de 6.000 millones de dólares a estos mismos países.

La salida de la crisis, no obstante, no comenzará a ser una realidad hasta que no se conozca con precisión y se contabilicen en los balances las elevas pérdidas acumuladas por las entidades financieras, empresas y particulares resultado de los artificios financieros utilizados en la última década que aprovechándose de la falta de regulación y control público, se apoyó en la concesión de créditos a personas y empresas sin solvencia suficiente para comprar activos con un precio incrementado artificialmente por encima del valor real de los bienes y servicios producidos.

El proceso de consolidación de pérdidas será más doloroso si cabe en aquellos países donde la burbuja creada mediante un desmesurado aumento de los precios de los activos inmobiliarios tenga un peso superior, como es el caso de España.