El Gobierno ha presentado el Plan de Reforzamiento del Sistema Financiero español, un sector clave para la reactivación de la economía. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, , ha señalado que el plan tiene un doble objetivo: reforzar la solvencia de las entidades de crédito y favorecer la canalización del crédito hacia la economía real.

Elena Salgado ha indicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “nuestro sector financiero es un sector solvente, si se considera el ratio en su conjunto, que está ahora en el 8.5% de los activos ponderados, muy por encima de las exigencias legales, y, sobre todo, muy por encima de la media europea y de los requisitos exigidos en las situaciónes de estrés”.

Basilea III

La ministra de Economía y Hacienda ha señalado que nuestro sistema es solvente, pero “nos parece importante -ha dicho- reforzar esa credibilidad y disipar cualquier duda. Y por tanto, en cuanto a su reforzamiento, el objetivo del Real Decreto Ley es incrementar la solvencia de capital y adecuarla a lo que se exige en el acuerdo de Basilea III, que se comenzará a aplicar a partir del 2013”, es decir, ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que “nos adelantaremos a la entrada en vigor de Basilea III”.

Los elementos que integran el capital principal “son exactamente los que define Basilea III para el año 2013”, según ha manifestado Elena Salgado, esto es “la inclusión en este capital principal (core capital) de un nivel mínimo exigible del 8% de los activos ponderados por riesgo (APR) y del 10% para aquellas entidades que superen el 20% de la financiación mayorista y que no hayan colocado al menos un 20% de su capital a terceros”. Estos requisitos son iguales para bancos y cajas de ahorros.

Plazos

Salgado ha afirmado que estos requisitos deberán entrar en vigor el próximo 10 de marzo. Los bancos y cajas que no cumplan entonces ese nivel de exigencia de capital mínimo, tendrán un plazo para alcanzarlo. Las entidades tendrán quince días hábiles para comunicar al la estrategia y el calendario que garanticen el cumplimiento de los requisitos marcados. Esa estrategia podrá incluir la captación de inversores privados y su salida a Bolsa. O bien la entidad podrá solicitar apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y presentar, en el plazo de un mes, un plan de recapitalización.

El Banco de España deberá aprobar la estrategia elegida y las medidas para cumplir las exigencias de capital deberán haberse ejecutado antes del 30 de septiembre de 2011.

En ese mismo mes de septiembre, el Banco de España evaluará qué entidades han cumplido. Y, de forma puntual y motivada, podrá ampliar en algún mes el plazo para que alguna de ellas finalice su recapitalización.

Modificar el régimen jurídico del FROB

La segunda parte del Real Decreto aprobado modifica el régimen jurídico del FROB para dotarlo de los instrumentos necesarios para apoyar esta capitalización que necesiten las entidades.

El FROB modifica la composición de su Comisión Rectora que quedará integrada por nueve miembros, dos en representación del , cuatro a propuesta del Banco de España, y tres en representación de los .

Además, se dota al FROB de más apoyo financiero que le faculte para adquirir acciones o aportaciones al capital social de las entidades para el reforzamiento de sus recursos propios, dentro del marco de y de la protección de los recursos públicos.

La vicepresidenta segunda ha asegurado que “la presencia del FROB en las entidades será algo transitorio, ya que en un plazo máximo de cinco años” el Gobierno “desinvertirá”. “Si la entidad que solicita la entrada del FROB es una caja de ahorros”, ha asegurado la ministra de Economía y Hacienda, “deberá traspasar su actividad financiera a un banco, porque el FROB sólo actúa con bancos”.

Elena Salgado ha concluido indicando que “no se modifica la LORCA (Ley Orgánica de Regulación de las Cajas de Ahorros) y no hay nada en este Decreto Ley que distinga entre tipos de entidades, sean bancos o cajas de ahorros”.

La vicepresidenta segunda ha señalado que “el Decreto Ley dispone de algunas disposiciones de carácter fiscal para asegurar la neutralidad fiscal de todos estos procesos”.

Políticas activas de empleo

El Ministro de Trabajo e Inmigración, , que también ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que la reforma hoy aprobada por el Gobierno constituye un “importante hito” en la política de reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo en el ámbito laboral, que comenzaron en junio del pasado año con la reforma del mercado de trabajo.

La que hoy se presenta es “una reforma integral”, es una “modificación sustancial” del conjunto de las políticas activas de empleo vigentes desde hace más de un cuarto de siglo, subrayó Valeriano Gómez.

En este sentido, el ministro argumentó que “es la reforma más importante de las políticas de empleo abordadas en los últimos 25 años” y añadió que es “fruto del diálogo social, fruto de la concertación social”.

Objetivos

Entre los objetivos de la reforma, el ministro ha destacado que persigue “situar a los desempleados en el centro” de estas políticas, prestándoles una atención individual y dándoles medios para ampliar su capacidad de inserción en el mercado laboral, pero sin descuidar las necesidades de la población ocupada ni de las empresas, precisó el ministro.

Son medidas que pretenden fomentar la cultura e iniciativa emprendedora y fortalecer los servicios públicos de empleo a través de la colaboración público-privada. Finalmente, la reforma obedece, según explicó el ministro, a la necesidad de seguir progresando en la relación entre las políticas activas de empleo y la cobertura económica a los desempleados.

Valeriano Gómez ha sostenido que el decreto hoy aprobado busca conjugar la actuación del Estado que, según ha apuntado “debe garantizar la igualdad de trato de cada desempleado en todo el territorio nacional”, con la de las comunidades autónomas, que deben gozar de más flexibilidad a la hora de diseñar y ejecutar sus las políticas de empleo, según ha indicado el ministro.

En esta línea habrá un catálogo básico de servicios que tendrá que desarrollarse en todo el territorio nacional destinado a los desempleados, fundamentalmente, pero también a los ocupados y empresas, explicó Valeriano Gómez.