Se ha acabado el año y siempre se desea lo mejor para el próximo, y así debe de ser, sin embargo las perspectivas económicas no tienen nada de halagüeñas, más bien son pesimistas.

Me gustaría que el próximo año fuera el comienzo de la tan anhelada justicia, paz, igualdad, libertad y trabajo con que muchos se dan golpes de pecho pero que no demuestran con hechos en su día a día.

Me gustaría que la gran división de clases sociales en términos económicos que existe en la actualidad no existiera.

Me gustaría que la clase política (todos) que tanto luchan por (según dicen) los ciudadanos de este país demostraran con hechos, no con dichos, que están a la altura de las circunstancias y fueran solidarios para con sus compatriotas.

Difícilmente se puede ser solidario cuando se ven sueldos de 5.000 euros brutos mensuales de media (coste salarial total con impuestos y cotizaciones salariales incluidas, de ahí para arriba) entre la clase política mientras que el resto de los españoles: trabajadores, pequeños empresarios y autónomos en sus negocios, se las ven y se las desean para poder llegar a final de mes. Eso sí, a la clase política y a los funcionarios que nos les faltan sus pagas a costa de sangrar y exprimir a los pocos autónomos y pymes que van quedando en este país.

Se están cargando la gallina de los huevos de oro, pero les da exactamente igual con el fin de tener a todos estos contentos, a fin de cuentas parece ser que “el fin justifica los medios”. Algunos parece ser que se saben la obra “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo de memoria y lo aplican a rajatabla.

Mientras que unos se llevan buenos sueldos a final de mes otros no pueden calentarse porque ni siquiera pueden pagar los costes de la energía eléctrica que las grandes compañías (con el beneplácito del Gobierno) les obligan a pagar.

Y si hablamos de la vivienda, dice el Artículo 47 de la Constitución Española:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

En fin… sin más comentarios a este respecto.

Dicen que estamos saliendo de la crisis, podrían preguntar nuestros políticos a los trabajadores (no funcionarios y políticos, ni personal de la banca), autónomos y pymes de qué crisis están saliendo.

La crisis, para los que están acosados a impuestos para mantener a una infraestructura institucional y política que España hoy en día no se puede permitir, ni ha cesado ni va a cesar mientras no haya mucha más gente produciendo que cobrando de los que producen. Vamos, que no se puede consentir que para que los que viven de la política se lleven buenos sueldos se tengan que “freír” a impuestos a los pocos que los generan, entre otras cosas porque eso tiene un fin muy negro.

Es lamentable ver la hipocresía y cinismo de muchos políticos (y los que viven de la política) reclamando igualdad social y económica cuando ellos se llevan, como he dicho anteriormente, un buen sueldo a sus casas. Más les valdría dar ejemplo y rebajarse los sueldos como mínimo a la mitad, y aún estarían muy por encima de los sueldos más altos que un trabajador, autónomo o pequeño empresario se lleva a su casa.

España hoy en día no puede mantener una infraestructura institucional, funcionarial y política como la que tiene en la actualidad cobrando los sueldos que cobran, y con la situación de precariedad que tiene el país. Es, simplemente, imposible.

El hecho de que en España exista una economía sumergida, que puede rondar entre el 25% ó 30%, no hace más que ver la precariedad de un país donde al menos uno de cada cuatro euros que produce es ilegal (ni tributa, ni cotiza). Economía sumergida consentida por todos porque de lo contrario España estallaría en mil pedazos. Y claro, tampoco podemos meternos muy de lleno con las grandes fortunas ni con las grandes empresas porque entonces corremos el peligro de que se nos “enfaden” y se lleven sus dineros y empresas fuera del país.

Sin embargo, como he dicho, nos damos a diario golpes de pecho diciendo que “vamos de solidarios” y “reclamamos justicia social”, más le valdría a los que “intentan” dirigir el País y sus comunidades autónomas que demostraran con hechos consumados esta circunstancia.

Al toro hay que cogerlo por los cuernos y afrontar con rigor y seriedad las situaciones a las que nos enfrenta la vida. Si en otros momentos se ha podido mantener una infraestructura política, institucional y funcionarial con unas determinadas cargas sociales (nóminas, impuestos y cotizaciones a la seguridad social), hoy en día, simplemente, España no se lo puede permitir.

Yo ya sé que todo esto es políticamente incorrecto decirlo, y que es mejor callar y mirar para otro lado, pero creo que ya está bien de ser condescendiente, hay que hablar con claridad pese a quien pese. No hay derecho a que para que unos vivan muy bien otros tengan que sufragar una carga social de tributos de todo tipo que en la actualidad no son asumibles por los que peor lo están pasando: los trabajadores de base, los autónomos y las pymes. Si los gobiernos de turno necesitan dinero para mantener sus infraestructuras (enormemente sobredimensionadas) lo que tienen que hacer es aplicar criterios tributarios especiales a las grandes fortunas y las grandes empresas (especialmente a la gran Banca, aquella a la que rescatamos con dinero de todos los españoles, los grandes especuladores en situaciones de bonanza, y también sin ella), y por otro lado controlar y disminuir la lacra que supone la economía sumergida en este país, además de aflorar la enorme cantidad de dinero negro que muchos tienen almacenados en sus “sótanos”.

Según datos del , España tenía en el año 2009 una Deuda Pública de 568.700 millones de euros (el 52,70% del PIB.) En octubre de 2016 la deuda pública en España era de 1.103.391 millones de euros, lo que representa casi el 100% del PIB.

En ocho años (2009-2016) hemos duplicado la Deuda Pública española. Ciertamente estos años han coincidido con los más duros de la crisis en España. Cientos de miles de empresas han cerrado dejando millones de personas en las listas del paro. Esto conlleva a que la capacidad de generar tributos y cotizaciones a la Seguridad Social ha caído en picado debido a la falta de capacidad productiva. La merma impositiva vía IRPF e Impuesto sobre Sociedades, además de la enorme disminución en las cotizaciones a la Seguridad Social, han dejado las arcas españolas en una dramática situación.

Y si hablamos de la deuda que mantienen las comunidades autónomas es para echarse a llorar. En el caso de Castilla-La Mancha la Deuda Pública es del 36% de su PIB (a la cabeza del conjunto de todas las comunidades, junto con la Comunidad Valenciana y Cataluña), muy por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas (24,9%) según datos del Banco de España correspondientes al 2º trimestre de 2016.

¿Cuándo se va a poder pagar todo esto? ¿A costa de quién? Me temo que serán los mismos de siempre quienes paguen los platos rotos y la desidia de la clase dirigente.

Según Eurostat, España refleja los peores puestos de Europa en los principales indicadores del mercado laboral

Después de toda la legislatura y una prórroga en funciones del , los datos del mercado laboral publicados recientemente por Eurostat siguen sacando los colores al gobierno tanto como lo hacían cuando Rajoy ganó las elecciones.

Es cierto que en España se ha frenado la destrucción de empleo y se han vuelto a crear puestos de trabajo, pero esta recuperación ha sido generalizada en el resto del continente. La consecuencia es que España sigue muy lejos del resto de países europeos.

Uno de cada cuatro parados de la eurozona es español

Rajoy ha repetido en numerosas ocasiones este año recién acabado que uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo se crea en España, sin embargo, omite un dato muy preocupante: en el país vive uno de cada cuatro parados que hay en la Zona Euro. En julio todavía quedaban casi 4,5 millones de personas desempleadas según los datos publicados por Eurostat, mientras que en el resto de países de la eurozona ya son menos de 12 millones. El siguiente país tras España en número de parados es Francia, que tiene casi 1,5 millones de desempleados menos.

La tasa de paro en España, esto es, el porcentaje de población que está desempleada sobre el total de personas que quieren trabajar (población activa) es la segunda más elevada de toda la zona euro. Solo en Grecia hay más proporción de la población sin trabajo. En concreto, la tasa de paro en España se situó en julio en el 19,6%, casi el doble que el resto de la eurozona, que ya está en el 10,1%.

Por otro lado están los jóvenes, el futuro de este país. Más de la mitad de ellos creen que tendrán que emigrar por trabajo en los próximos dos años, según un estudio del Centro sobre Adolescencia y Juventud.

“Jóvenes y empleo, desde su propia mirada” es el título del informe, elaborado a partir de una encuesta a 2.013 jóvenes y cuyos autores son Ignacio Megías y .

Los jóvenes son uno de los colectivos que más han sufrido los efectos de la crisis económica, con una tasa de paro del 35,7% entre los 20 y los 29 años, además de inestabilidad, precariedad y bajos salarios. Esta situación, que se ha prolongado durante años, ha provocado que casi la mitad de los encuestados cree que tendrá menos oportunidades laborales que sus padres.

Los datos arrojan una visión negativa de su futuro laboral, ya que un 74% considera “bastante” o “muy probable” tener que trabajar en lo que sea y un 67% piensa que dependerá económicamente de sus padres. El balance es que cientos de miles de jóvenes han emigrado a otros países en busca de un empleo que les garantice un futuro y la posibilidad de construir y planificar un entorno familiar.

En la eurozona hay casi 3 millones de jóvenes menores de 25 años que están en el paro, según los datos de Eurostat. De todos ellos, casi un 22% son españoles. Este ha sido uno de los grandes problemas del país durante años, ya que antes del estallido de la crisis España también tenía en torno a un 20% de los parados jóvenes. En el año 2011 España llegó a tener casi un 29% de todos los desempleados menores de 25 años de toda la eurozona.

La consecuencia es que la tasa de paro juvenil en España sigue siendo de más del doble de la europea. En concreto, de todas las personas con menos de 25 años que quieren trabajar, solo un 57% pueden hacerlo, mientras que en el resto de la eurozona, tienen trabajo el 80%.

De todas las personas en edad de trabajar (tomando como referencia entre 20 y 64 años), en España tienen un empleo un 62,8%. Este es un grave problema para el país y un agujero en la Seguridad Social, ya que quedan muy pocos cotizantes sobre el total de la población.

En la eurozona tienen trabajo un 69,2% de las personas en esta franja de edad y en algunos países la tasa es superior. Por ejemplo, en Alemania trabajan un 78,2% de las personas en edad de trabajar.

Los beneficios de la migración.

El envejecimiento de la población es uno de los mayores problemas de los países desarrollados y una de las soluciones que tiene es la llegada de extranjeros en edad de trabajar y también de concebir hijos. Una gran multitud de estudios han mostrado las ventajas de la inmigración, pero el país de acogida tiene que ser capaz de ofrecer un trabajo a las personas que llegan.

Este es el gran problema de España: de todos los extranjeros en edad de trabajar, sólo lo hace el 56,1%, el tercer peor dato de la eurozona, solo superado por Grecia, con un 49,4% de los extranjeros con empleo, e Italia, con el 55,7%.

Del resto de extranjeros en edad de trabajar, el 18,2% está en el paro y el 25,7% no están activos (no buscan empleo). Alemania, uno de los países que está recibiendo más presión migratoria, tiene al 73,3% de los extranjeros trabajando y sólo un 3,9% en el paro.

A modo de recordatorio vuelvo a poner en tela de juicio la Constitución Española que en su Artículo 35 dice lo siguiente:

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”

Otra vez más… sin más comentarios a este respecto.

Se están marchando de España los que deben de sufragar las pensiones presentes y futuras de los jubilados y de los que pronto lo estarán. Aquellos a los que hemos formado y educado se están yendo a otros países porque en el nuestro no tienen garantizado un presente y mucho menos un futuro. Tristes esperanzas para un país que consiente que se vaya su juventud porque no es capaz de planificar una estructura productiva acorde con las circunstancias.

Actualmente en España hay 17,7 millones de cotizantes, lejos de los más de 19 que había en 2008. Esto, sumado al aumento de pensionistas -que en 2008 eran 8.338.439 y en septiembre de 2016 eran 9.433.986- hace que haya menos de 1,8 cotizantes por cada pensionista. En 2007, año antes del estallido de la crisis, había casi 2,5 cotizantes por pensión.

¿Quién sostendrá a los pensionistas en breves años? ¿De dónde sacaremos el dinero para pagar? Mal pintan las cosas. Sin embargo, insisto, queremos seguir manteniendo una infraestructura institucional y política imposible de mantener, y seguimos… hasta cuándo. ¿Quién cogerá al toro por los cuernos? ¿O nos tendrá que colonizar algún otro país europeo que nos enseñe cómo hacer las cosas para no caer en la bancarrota nacional?

En España hace falta un proyecto de país, una planificación que determine por dónde y hacia dónde vamos, evitando la burocracia sobredimensionada (política, institucional y funcionarial) y favoreciendo la inversión tanto pública como privada que es la única capaz de generar trabajo y por tanto tributos de todo tipo y cotizaciones a la Seguridad Social. Con ello podremos asegurarnos el Estado de Bienestar tan anhelado y que en la actualidad se encuentra en peligro de extinción.

Podríamos seguir argumentando cifras y hechos en referencia a otros aspectos de la vida social y económica española, pero como muestra bien vale un botón.

Tiempo al tiempo…