La espiral de tensión y crisis que se vive en tiene un futuro incierto. Parece evidente que los independentistas declararán la independencia de forma unilateral en los próximos días. Esta es, en todo caso, su promesa. Si eso ocurre, el Gobierno se verá una tesitura tan complicada como carente de precedentes. Y cabe la posibilidad de que el Ejecutivo se decida a aplicar el artículo 155 de la Constitución, hasta ahora nunca utilizado, que supondría la suspensión de la autonomía catalana.

Además, tras el mensaje de S.M. El Rey en el que dijo: El Estado debe “asegurar el orden constitucional” ante quienes quieren “quebrar la unidad ”, al Gobierno de se le puede haber dado un “refrendo monárquico” por parte del Jefe del Estado para poder aplicar el citado artículo 155.


Lo que dice el artículo 155 de la Constitución Española

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del , podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.


Puigdemont pretende llevar el conflicto en Cataluña allende de las fronteras españolas, y trata de ir de “víctima” de lo que está ocurriendo de cara al resto de los países, tanto de la UE como del resto del mundo. Su objetivo es externalizar la situación para “hacerse ver” de manera internacional y a partir de ahí tratar de convencer al mundo de que la culpa de toda esta situación la tienen solo los españoles que no están a favor de un Referéndum ilegal, teniendo en cuenta que el mismo se produce saltándose a la torera todo el marco constitucional español e internacional, ya no solo de Europa. Pero como dice uno de nuestros refranes “Calumnia, que algo queda”.

Por otro lado, los eurodiputados de Podemos han enviado una carta al presidente de (CE), , en la que aseguran que se cumplen las condiciones para activar el artículo 7 del Tratado de la UE en España tras la, según ellos, “violencia policial” en Cataluña, que pretendía impedir el referéndum (ilegal) del 1-O. Un artículo que contempla incluso la suspensión del derecho de voto de un país en el .

En la misiva y en un comunicado, la formación política de Podemos subraya que la actuación del Gobierno central español “socava los valores esenciales de Europea establecidos en el artículo 2 del Tratado” de la UE, según afirman los cinco europarlamentarios de Podemos (, , , Estefanía Torres y Xavier Benito).

El documento, también dirigido al vicepresidente primero de la Comisión, , denunció “la represión policial” y reclamó “una solución democrática y política” para Cataluña.

El artículo 7 del Tratado de la UE tiene por objeto garantizar que se respeten los valores comunes de la UE, incluido el Estado de Derecho. Podemos pide que se investigue a España y en virtud de eso la UE tiene una respuesta que puede ser por dos vías. El apartado 1, considerado un mecanismo preventivo, supone enviar un aviso al país de la UE en cuestión antes de que se llegue a producir una “violación grave”. El apartado 2, el mecanismo sancionador, permite al Consejo suspender ciertos derechos que se derivan de la aplicación de los Tratados en el país de la UE en cuestión, incluidos los derechos de voto de ese país en el Consejo. En ese caso, la “violación grave” debe haberse producido durante algún tiempo.


Lo que dice el Artículo 2 del tratado de la UE

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Lo que dice el Artículo 7 del Tratado de la Unión UE en sus apartados 1 y 2 (antiguo artículo 7 TUE)

1. A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Antes de proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones.

El Consejo comprobará de manera periódica si los motivos que han llevado a tal constatación siguen siendo válidos.

2. El , por unanimidad y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones.

3. Cuando se haya efectuado la constatación contemplada en el apartado 2, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo. Al proceder a dicha suspensión, el Consejo tendrá en cuenta las posibles consecuencias de la misma para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas.


Ante esta situación cabe preguntarse:

¿Quiénes se han saltado a su antojo la esencia misma de lo que promulga el citado artículo 2 del Tratado de la UE?

¿Quiénes se han saltado a la torera el concepto de Democracia vigente en España y amparada por la Constitución de 1978?

¿A quiénes pretenden engañar, a los distintos Organismos Internacionales que velan desde siempre por la legalidad vigente emanada del Pueblo y refrendada en las urnas?

Desde el Ejecutivo comunitario sostienen que el artículo 7 no resulta aplicable al caso de la crisis catalana. Según el análisis de la Comisión Europea, en España es la Generalitat de Carles Puigdemont y no el la que ha puesto en riesgo el Estado de derecho con la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O. “Tendríamos que ir con el artículo 7 contra por lo que está pasando en Cataluña. Sería absurdo”, explicaba recientemente un alto funcionario europeo.

Como recordatorio, el Estado de derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma de organización política) y el derecho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho.

Puigdemont y los que refrendan su actuación han hecho caso omiso del Estado de derecho y del derecho mismo, incumpliendo la legalidad vigente e intentando hacer ver al mundo que ellos “no han roto nunca un plato”, “que están oprimidos”, “marginados”… en definitiva, intentan ir de “víctimas” de cara a la opinión pública internacional.

Por otro lado pretenden ser “voz oficial” ante , pero no se quieren dar cuenta que el representante oficial dentro del Consejo que forman los estados miembros de la UE es el propio Estado Español y no la región de Cataluña, que es solo eso, una región perteneciente a un estado miembro de la Unión.

En todo caso, está claro que los independentistas, precisamente amparados por un Estado de Derecho y por una Democracia legalmente constituida que les protege, pero que ellos se están pasando por el forro de sus caprichos, seguirán haciendo de su capa un sayo, es decir, según su propio albedrío y con esa libertad en la que ellos mismos ni creen ni toleran, y todo eso al margen de cualquier otra opinión que no les interese.

Según el filósofo griego Platón en la democracia ateniense quien realmente gobernaba era una minoría de políticos y demagogos que abusaban de la incapacidad política del pueblo y de su insensatez. Según este filósofo, los dirigentes democráticos son demagogos ambiciosos de honores y poder, formados y educados por los sofistas para alcanzar el poder mediante el halago y el engaño, por medio del arte de la palabra.

Platón rechazaba el principio fundamental de la democracia ateniense, según el cual cualquier ciudadano es competente para desempeñar funciones públicas sin necesidad de preparación previa y sin tener en cuenta ni sus conocimientos ni su virtud. Platón simula el absurdo que supone la democracia ateniense mediante el símil del navío: del mismo modo que no aceptaríamos viajar en un navío en el que la tripulación es inexperta, están bebiendo y entregándose a la juerga, tampoco deberíamos aceptar un régimen político como la democracia en el que el timón del Estado se puede dar el caso de caer en manos de una masa ignorante y manipulada.

Por último, la decepción de Platón frente a la democracia fue definitiva ya que bajo este sistema político, se cometió la extrema injusticia de juzgar y ejecutar al más justo de los hombres, a su maestro Sócrates, lo cual demostraba que la democracia no era sinónimo de justicia.

Estas reflexiones de Platón, aunque en épocas distintas, y teniendo en cuenta que el filósofo griego no era partidario para nada de la Democracia que todos entendemos, pueden ser lo suficientemente interesantes en este momento para ser objeto de análisis y también de reflexión para la sociedad en general, la de España y la de otros lugares.

No obstante y al margen de las reflexiones de Platón, tal y como he repetido en alguna ocasión, el problema de Cataluña es más de tipo económico y financiero que de un acuerdo político territorial. Así lo viene demostrando la historia desde hace muchas décadas con los distintos problemas habidos entre Cataluña y el resto del Estado español.

Esperemos por bien del Estado de Derecho mismo y del conjunto de los españoles (de todos) que creemos en la Democracia, en la libertad bien entendida, en el respeto, en , en la igualdad y en la justicia, que esta situación sea dialogada, consensuada y concluida sin mayores problemas para la Nación española.