La democracia es el principio político que rige el Estado moderno y el destino utópico al que toda sociedad aspira. Desde el punto de vista etimológico significa “gobierno del pueblo”, pero desde el ámbito social la democracia supone mucho más al reunir una serie de valores que se consideran hoy imprescindibles para la convivencia armónica de todos los ciudadanos. La historia está llena de luchas por alcanzar esta meta. Los valores democráticos han trascendido el ámbito político para calar hondo en la conciencia de las sociedades modernas, donde muchos ciudadanos aplican en su día a día la regla de la voluntad de la mayoría, el principio de igualdad y la defensa de las libertades. La democracia se ha establecido así como la principal regla de la convivencia. Además del respeto a los derechos humanos que se presuponen en cualquier sociedad democrática, existe una serie de libertades que se fueron consiguiendo poco a poco durante un largo proceso en el que el pueblo logró imponer su voluntad. En el siglo XVIII se conquistaron derechos civiles como la libertad de expresión, de ideología y de religión, así como los derechos a la propiedad privada, a realizar operaciones mercantiles y a la justicia. En el siglo XIX la lucha se centró en los derechos políticos, es decir, en el derecho al voto y a presentarse como dirigente, mientras que en el siglo XX se abogó por los derechos de índole social, como el derecho a la vivienda, al trabajo, al bienestar económico o a la seguridad.

Casi todos los países se autoproclaman hoy en día democráticos, aunque no todos lo son. Bajo el concepto ideal de la democracia se esconden a veces dictaduras en las que los recortes de las libertades civiles de los ciudadanos son habituales.

DE A LONDRES

Aunque es bastante probable que la democracia, entendida como el cumplimiento de la voluntad general, se diera ya en las primeras sociedades históricas, se acostumbra a decir que el concepto político en sí nació en Atenas a finales del siglo VI a. C. La democracia ateniense se basaba en un principio de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos que se denominaba isonomía. Sin embargo, esta igualdad no era absoluta, pues solo se refería a los varones libres nacidos en Atenas, que eran los que poseían el rango de ciudadanos. En la democracia era directa, es decir, cada ciudadano tenía voz y voto en las asambleas. La reducida dimensión de las ciudades hacía innecesaria la creación de un gobierno representativo. Así, las polis o ciudades-Estado estaban gobernadas según la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos. La República romana heredó el sistema democrático ateniense, pero en los tiempos del Imperio degeneró en el despotismo y en un abuso de poder que perduró, tras su desintegración, durante toda la Edad Media. El Renacimiento recuperó el espíritu humanista y abrió de nuevo el debate de la democracia mediante la creación de teorías políticas como la del pensador italiano . En su libro El príncipe Maquiavelo expuso los fundamentos del absolutismo. Para el autor italiano la democracia era un sistema débil que no podía funcionar, por lo que en su libro justificaba la existencia de un príncipe o un dirigente fuerte que acumulara todos los poderes. Según sus reflexiones, consideradas la primera teoría política moderna, al dirigente hay que juzgarle por su eficiencia, pero nunca por su moral. En la práctica este pensamiento inspiró la frase “El fin justifica los medios”.

No fue hasta los siglos XVII y XVIII cuando la democracia, con su inherente sistema electoral como medio consultivo de la voluntad del pueblo, comenzó a considerarse el sistema político más adecuado. El primer paso se dio en Inglaterra. En 1689 el Parlamento inglés promulgó la Declaración de Derechos (Bill of Rights), una carta que el príncipe se vio obligado a aceptar para acceder al trono de Inglaterra. Esta declaración limitaba los poderes del monarca, lo que ponía fin al absolutismo y establecía un equilibrio de poderes entre el rey y el Parlamento. Además, la Declaración de Derechos reconoció por primera vez libertades civiles de los ciudadanos como la libertad de culto y la libertad de expresión. Los planteamientos ingleses calaron hondo entre los pensadores de y y sentaron las bases de un nuevo sistema político. El absolutismo comenzaba a derrumbarse.

A finales del siglo XIX la mayoría de las monarquías europeas siguieron el ejemplo inglés y adoptaron una Constitución como norma suprema a la que todos los ciudadanos, incluido el rey, debían someterse. La Constitución limitaba el poder del monarca y establecía la soberanía popular. Además, en muchos países se instituyó un cuerpo legislativo representativo similar al Parlamento inglés, una cámara que desde 1688 había establecido como principio político la libertad de opinión y discusión.

UN PUEBLO LIBRE Y SOBERANO

El ejemplo inglés y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, proclamada en 1776, animaron a la burguesía y a los revolucionarios franceses a levantarse en contra de los abusos de la monarquía y de la nobleza, unos estamentos que contaban con muchos privilegios que les situaban por encima del resto de los ciudadanos. En 1789, tras la toma de la Bastilla que dio inicio a la Revolución francesa, se firmó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que consideraba las libertades civiles como la base de todo Estado democrático. Esta declaración establecía la soberanía nacional, por la cual los ciudadanos, libres e iguales, tenían la potestad de elegir a sus gobernantes mediante el sufragio. La decisión de la mayoría establecía el principio de legitimidad de los gobernantes, que debían trabajar durante su mandato para mejorar las condiciones del pueblo.

La Revolución francesa unió al concepto de democracia tres características: la libre elección de los gobernantes, el sometimiento de la autoridad a la Constitución y la garantía de las libertades civiles (religión, expresión y opinión). Estas tres bases, unidas a la soberanía nacional, permanecen en el Estado democrático actual y se consideran condiciones sin las cuales no puede existir la democracia.

CIUDADANOS CON DERECHOS

El gran triunfo de la Revolución francesa fue el reconocimiento de las libertades civiles. Tras la revuelta las teorías políticas de Maquiavelo fueron desterradas en favor de la democracia, que salvaguardaba los derechos de los ciudadanos y aseguraba que ningún dirigente político podía vulnerarlos para conseguir un fin. La teoría del contrato social de , que defendía que las sociedades son fruto de un pacto de los hombres por el que deciden someterse a la voluntad general, encontró su respaldo en los salones de la Ilustración e inspiró a los revolucionarios. Así, después del 14 de julio de 1789 las libertades civiles quedaron ligadas para siempre al concepto de democracia. Como principios básicos de la soberanía popular se establecieron la libertad individual y la libertad política, es decir, aquella que permite que cada ciudadano intervenga en la creación del gobierno. Esta última se fundamentaba en el derecho a elegir y ser elegido.

Por otro lado, en la revolucionaria se defendió también el principio de igualdad jurídica, que estableció que todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado con las mismas leyes, independientemente de su sexo, su religión o su estatus económico. Se trataba por tanto de una igualdad ante la ley, pero no de una igualdad en otros aspectos, como los relacionados con las oportunidades o la economía.

En diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la (ONU), fijó de forma definitiva todos los derechos civiles y políticos del ser humano. En este documento clave para cualquier democracia moderna se citan, entre otros, los derechos naturales (como el derecho a la vida y a la intimidad) y los derechos sociales (como los derechos de reunión, asociación y manifestación). Además, en este documento de la ONU se establecen las garantías procesales y se prohíben la tortura y la esclavitud.

GARANTÍA DEMOCRÁTICA

La democracia debe contar con mecanismos que garanticen la libertad de expresión, pues sin esta libertad no puede existir un régimen democrático. De hecho, el primer recorte de libertades que sufren los ciudadanos cuando un dictador toma el poder afecta a esta libertad básica. La censura, el control de los medios de comunicación, la manipulación de la información y la prohibición de manifestar públicamente la opinión son las herramientas que adoptan los regímenes totalitarios para controlar a los ciudadanos.

La libertad de expresión se considera esencial para la democracia, ya que permite denunciar las situaciones sociales injustas, así como la publicación y expresión de las ideas y de las opciones políticas, elementos que resultan vitales para el desarrollo de los pueblos. Sin la libertad de expresión el pueblo no puede criticar a sus dirigentes ni rechazar sus imposiciones. El silencio es el principio de la sumisión de los ciudadanos ante sus gobernantes.

Desde esta perspectiva, todo gobierno democrático debe garantizar la libertad de prensa y fomentar la pluralidad de los medios de comunicación libres e independientes, así como dar a conocer sus acciones a través de estos.

Muchos países que se autodenominan democracias en realidad no lo son al recortar, entre otras, la libertad de expresión. Tal es el caso de y , dos Estados con sistemas políticos basados en el comunismo marxista. Ambos se denominan democracias populares, organizadas sobre un partido político único, donde en teoría están representadas todas las opciones. La formación de otras alternativas políticas está prohibida y es duramente perseguida. En estos países las libertades de expresión y de prensa no existen, pues los medios de comunicación están controlados por el Estado, que ejerce la censura de cualquier contenido que no sea favorable a sus intereses.

CRÍTICAS A LA DEMOCRACIA

La democracia predica la libertad de expresión y de opinión, por lo que ella misma ha sido también objeto de duras críticas. A pesar de que en la actualidad se considera el mejor método para respetar la voluntad y los derechos de todos los ciudadanos de un país, la democracia no deja de ser un sistema utópico que plantea, en la práctica, varios inconvenientes. La democracia total y absoluta es difícil de conseguir en una sociedad cuyos ciudadanos tienen necesidades distintas. Si bien la mayoría de los países e instituciones se autodefinen como democráticos, nunca lo son totalmente. A pesar de que muchos la consideran un sueño irrealizable, al menos en su totalidad, la democracia es probablemente la utopía política que ha conseguido llegar más lejos.

Incluso sus grandes defensores reconocen que la democracia en estado puro no existe ni siquiera en las instituciones más respetadas. Ponen como ejemplo el de Seguridad de la ONU, donde el derecho a veto que poseen cinco países (Estados Unidos, Francia, el , China y ) rompe el principio de igualdad y supone un obstáculo para la imposición de la voluntad de la mayoría. Del mismo modo, estas cinco naciones son miembros permanentes del Consejo desde su creación, así que tampoco han sido elegidas de forma democrática por el resto de los países, por lo que rompen otro de los principios básicos de cualquier institución demócrata.

Otro de los problemas que se plantean actualmente es definir cuál es el sistema de gobierno más idóneo para respetar los principios democráticos. Los defensores de la república argumentan que esta forma de gobierno es la única que puede justificar la democracia. Los republicanos afirman que la democracia es incompatible con la monarquía, puesto que implica la desigualdad de unos ciudadanos (los reyes) que poseen por nacimiento derechos diferentes a los del resto del pueblo. Además, los partidarios de la república consideran que las monarquías son imposiciones históricas que impiden a los ciudadanos ejercer su derecho a elegir libremente a su jefe de Estado. Asimismo, también se critica la propia institución monárquica, que en muchos casos da prioridad a los varones sobre las mujeres en la línea de sucesión en algunas coronas europeas y asiáticas, un hecho que rompe el principio de igualdad sexual.

Independientemente de la forma de gobierno democrático por la que opte cada país, existe un problema básico que va unido al propio concepto de democracia. Al dar prioridad a la voluntad general, en las democracias se corre el peligro de que las minorías queden desamparadas. La denominada “tiranía de la mayoría” es una de las razones históricas por las que algunos grupos sociales minoritarios tardan más en conseguir sus derechos. La presión de la mayoría es la causa del debate actual sobre el uso del velo islámico en los organismos públicos y de la lucha de los homosexuales por que se reconozcan sus derechos. La existencia de una Constitución donde se vean recogidos los derechos de todos los ciudadanos es una de las bazas principales con las que cuenta la democracia para proteger a los colectivos minoritarios que forman parte de cada país. Los gobernantes están obligados a respetar y atender las necesidades de todos los grupos específicos que forman su sociedad, independiente del número de personas que los formen. Las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas deben, según la Oficina para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, ser tratadas con dignidad, así como ser protegidas por todos los gobiernos, que deben considerar a dichos colectivos minoritarios como grandes elementos de cohesión de su sociedad. Del mismo modo, la ONU induce a proteger a otros colectivos como los inmigrantes, que no tienen derecho a voto pero que forman parte de la estructura de cada país. En sus recomendaciones sobre los Derechos de las Minorías, la ONU condena expresamente la discriminación de estos colectivos y afirma que deben contar con una atención específica puesto que “los derechos particulares no son privilegios, sino derechos que se conceden para que las minorías puedan preservar su identidad, sus características y sus tradiciones”.

En la práctica, todas estas recomendaciones perfilan el sentido de la democracia al afirmar que la voluntad general de la mayoría nunca podrá violar las libertades de los ciudadanos, aunque estos estén en minoría. Ese es el principio de cualquier Estado democrático: cumplir la voluntad general de sus ciudadanos mientras se respetan los derechos individuales de todos sus habitantes.