Que las diferencias económicas, sociales y culturales entre las distintas comunidades autónomas es un hecho real y notorio es algo que todo el mundo sabe (espero que también lo sepan los políticos que nos tratan de gobernar) y que hace que condicione la vida de los ciudadanos españoles y de los residentes de otros países en función del lugar de España donde estén ubicados.

Por ejemplo, el alquiler medio de un piso de 80 m2 en cuesta unos 1.000 euros (como mínimo), en Albacete, 450 euros. Por supuesto son precios, no de pisos de lujo ni en sitios de los denominados zona vip, sino más bien de zonas periféricas, en todo caso no del centro de las ciudades.

A todo esto le tenemos que añadir la diferencia en coste del transporte urbano para moverse en Madrid, en esta o en otras grandes ciudades de España donde, por lo general, se hace imprescindible utilizar algún tipo de transporte, o público o privado, para ir al lugar de trabajo. Todo ello acompañado por la propia carestía de la vida debido al ritmo económico que estas ciudades son capaces de generar, lo que implica que vivir en ellas sea, por lo general, más caro.

Por ejemplo ¿cuando hablamos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI = 900 euros) tenemos en cuenta estas variables, o no tenemos ni idea de lo que decimos, prometemos y al final hacemos o no en función de por dónde corren los aires?

¿Son nuestros políticos conscientes que la vida no es igual en unas regiones que en otras, ni en unas ciudades u otras? ¿Que el hecho de vivir en un determinado territorio condiciona tu situación económica y por tanto no es igual vivir con un sueldo de 1.300 euros en Madrid (por ejemplo) que con esta misma cantidad en Albacete (por ejemplo).

Y, quizás, lo más importante, tienen en cuenta nuestros políticos a la hora de fijar tributos de todo tipo y cotizaciones a la Seguridad Social, que no es igual la capacidad productiva (por lo general) de una empresa (Pyme, autónomo, pequeño comercio…) situada en Madrid (o en otras grandes ciudades) que en otras localidades (como por ejemplo Albacete). La propia sinergia industrial y la capacidad productiva de las grandes ciudades españolas, donde se sitúan las grandes empresas industriales y de servicios, hace que la propia dinámica económica y competitiva de unas y otras sean distintas.

Aplicar, de manera genérica, políticas iguales de todo tipo, en todos y cada uno de los distintos territorios españoles, es uno de los grandes problemas que tenemos en este país y que más pronto que tarde habrá que resolver si no queremos ir abocados, cada vez más, a que a las regiones más pobres les sea imposible coger el tren de esas otras regiones españoles cuya velocidad económica, productiva y competitiva es mucho mayor.

Regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía son algunos de los territorios más pobres de la España peninsular. Estas son regiones que forman parte de la España que va a una velocidad económica, social y cultural muy por debajo del resto de regiones españoles.

Regiones inmersas en territorios rurales y alejados de las otras grandes regiones españolas industrializadas, cuya velocidad de crucero económico está a un nivel muy superior. A esta diferencia, de todo tipo, entre las distintas comunidades autónomas españolas se le suele llamar la ‘España a dos velocidades’

Someter y meter en el mismo saco político, fiscal y social al conjunto de las comunidades autónomas españolas es no percibir ni afrontar con rigor y sentido de País la enorme diferencia entre unos territorios y otros.

Esta España rural, agrícola, ganadera, de servicios…(‘España vaciada’ la llaman algunos), casi exenta de industria, necesita, entre otras muchas cosas, de un tratamiento especial (político y fiscal), acorde con su propia idiosincrasia social y territorial. O eso o empezar a llenarlas de empresas industriales y competitivas que sean capaces de general miles y miles de puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.

Mientras llegan esas grandes industrias, e incluso aunque lleguen, una de las bazas (que no la única) sería realizar una fuerte apuesta por la Economía Social en estos territorios más deteriorados. Una Economía Social que fuera capaz de general empleo y fijar población en estas comunidades y zonas rurales más pobres.

Se hace imprescindible una Cohesión y Ordenamiento Territorial que iguale a todas las comunidades autónomas en derechos (efectivos) y posibilidades, y que impida que la vida de un ciudadano de Castilla-La Mancha, por ejemplo, sea de peor calidad que la de uno de Madrid o de , por ejemplo. Y todo ello pasa por reconocer las enormes diferencias existentes en la actualidad entre las distintas comunidades autónomas, conocer esa “España a dos velocidades” que hace que muchos ciudadanos de esa ‘España vacía’ se trasladen a las grandes ciudades industrializadas en busca de una vida que les permita conseguir un empleo, desarrollar un proyecto de vida y consolidar su futuro.

Estamos, espero, a tiempo de remediar estas enormes diferencias de esta ‘España a dos velocidades’. Todo depende de la voluntad que tengan los políticos de turno de velar por todos los ciudadanos de este país, por encima de sus respectivos partidos. Tengamos fe.