La constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico por la que se fundamenta y organiza el poder del estado; en ella se establecen los derechos fundamentales de los ciudadanos, la estructura orgánica del estado, las condiciones de aprobación y de validez del resto de normas jurídicas y, si se trata de un estado políticamente descentralizado, la distribución territorial del poder.

El concepto de constitución ha sido mutable a lo largo de la historia. En la antigüedad la politeia griega o la constitutio latina se identificaban con la naturaleza del estado entendida como totalidad, incluyendo el conjunto de su estructura económica y social; en la época medieval, la palabra constitución se asociaba a los actos de derecho público del reino en oposición a la consuetudo o antigua costumbre.

En la actualidad, continúa perdurando la idea de constitución que arranca con las revoluciones de y la revolución francesa de finales del s. XVIII —con el precedente de la revolución inglesa de 1688—, vinculada al reconocimiento de los derechos fundamentales, a la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y al ejercicio del gobierno con el consentimiento de los gobernados.

De la experiencia estadounidense (declaración de independencia de 1776, aprobación de las constituciones de los estados de la Unión y Constitución federal de 1787) y de la experiencia francesa (declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y Constitución de 1791) se desprende un concepto de constitución emparentado con la idea de una constitución escrita, aprobada en un solo documento, en la que se encuentra codificada la regulación de los órganos superiores del estado y de sus relaciones, y en la que cristaliza el fenómeno del llamado constitucionalismo, entendido como la doctrina política e ideológica que lucha por la limitación del poder y la conquista de la libertad frente a la arbitrariedad del absolutismo.

Pese a la aparición del estado liberal y a la ruptura con el absolutismo propiciadas por la influencia de la revolución francesa, la reacción conservadora sufrida a partir de la derrota napoleónica y del congreso de supuso la introducción de un concepto histórico tradicional de constitución (la constitución como producto de la tradición de un pueblo no necesariamente encauzada a través de un texto escrito sino de la costumbre) que propugnaba la retención de la soberanía en manos del monarca, lo que se materializó en la concesión de cartas otorgadas sin ninguna participación de la nación (como la Carta constitucional francesa de 1814) o en constituciones pactadas como expresión de la soberanía compartida entre rey y parlamento (ejemplos de ello serían la Constitución francesa de 1830 o la Constitución española de 1876), opuesta a la fórmula de la soberanía nacional propia del primer liberalismo.

La oleada de revoluciones que sacudió a partir de 1848 conllevó la profundización en el estado liberaldemocrático, que retomó los principios del constitucionalismo, desplazando el principio monárquico en aras de la soberanía popular, de la extensión del sufragio y de un mayor reconocimiento de derechos de participación política (tales como el derecho de asociación), así como de los primeros atisbos de derechos económicos y sociales (Constitución francesa de 1848).

El s. XX fue escenario de traumáticas rupturas en el orden constitucional causadas por dos guerras mundiales y por la aparición de totalitarismos de signos fascista y comunista que, a través de una concentración de poder sin precedentes, ahondaron en el desprecio hacia la dignidad humana y en el exterminio de los derechos más básicos que habían constituido la esencia de la noción de constitución.

Tras este cúmulo de duras experiencias, el constitucionalismo europeo de la posguerra se vio implicado en la necesidad de reforzar las garantías de los derechos y el respeto hacia el pluralismo, de lo que serían muestras la Ley Fundamental de Bonn (1949), la Constitución italiana (1947) o la propia Constitución española de 1978.

La sombra de los regímenes dictatoriales alentó el manejo de un concepto de constitución valorativosustancial por el que se da primacía al contenido liberaldemocrático del texto constitucional y no a su condición de norma superior o de norma que regula los aspectos esenciales de la comunidad política, ya que el concepto de constitución entendido bajo estas dos últimas acepciones puede incluir regímenes antitéticos a lo que representan la libertad, la igualdad, la democracia y los derechos fundamentales.

En España, la Constitución de 1978, aprobada por referéndum y sancionada por el rey I, puso fin al régimen dictatorial del general Franco e inauguró una nueva etapa, caracterizada por el reconocimiento y la protección de las libertades públicas, la aconfesionalidad del Estado, la división de poderes y el funcionamiento democrático de las instituciones públicas. El sistema de gobierno escogido fue el de la monarquía parlamentaria, con la presencia de dos cámaras legislativas, y el , elegidas por sufragio universal.