El rescate de las constructoras (empresas propietarias) de las autopistas en quiebra es una más de las “irresponsabilidades” de nuestro “sistema” y que ahora los ciudadanos de a pie tendremos que pagar. Y de nuevo unos y otros tratarán de explicar hasta la saciedad que “si esto que si lo otro, que no es tanto porque no sé qué…” en fin, una detrás de otra y mientras tanto los paganos siempre son los mismos.

A muchos nos gustaría ver las cuentas de explotación de las empresas que han quebrado para ver dónde y a qué sitio han aplicado determinadas partidas, y en qué forma y cuantía se han repartido los sueldos unos y otros de dichas empresas antes de quebrar.

Esto solo pasa en este País. Habría qué ver hasta qué punto llegó la mano de la política y las grandes empresas constructoras en el origen de dichas contratas y cómo se ha ido desarrollando la gestión, organización y planificación de la explotación de dichas autopistas. Y sobre todo, quiénes y cómo hicieron los estudios de viabilidad de dichas autopistas.

Los políticos de turno hicieron un encargo a las empresas privadas por el método de la ‘concesión pública’, es decir, el Estado seguía siendo oficialmente el propietario de las mencionadas autopistas pero les concedía a sus constructores el derecho temporal a explotarlas comercialmente; finalizado el plazo (de hasta 40 años), las empresas concesionarias quedaban obligadas a hacer entrega a la Administración de todas las obras “en buen estado de conservación y uso”. Es decir, el Estado autorizó a construir y explotar tales autopistas y al cabo de varias décadas proyectaba quedárselas sin pagar nada por ellas.

Pero claro todo esto tenía su “letra pequeña”, si la concesión se resolvía anticipadamente, por ejemplo, por insolvencia sobrevenida de la empresa concesionaria, el Estado debía quedarse con las autopistas antes de plazo y, en consecuencia, indemnizar a las empresas concesionarias de acuerdo con “el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión”. Y aquí es donde entra en juego el aspecto más “oscuro” llevado a cabo entre poderes públicos y sector privado: si el negocio de la concesionaria pincha, el Estado corre con los gastos de la inversión. Y aquí paz y después gloria.

Pero no pasa nada, unos y otros (siempre en connivencia de los políticos de turno que lo consienten y dan su visto bueno) realizan un acto de irresponsabilidad hacia la ciudadanía y al final quienes pagan los platos rotos son los “mismos”. ¡Y si el presupuesto próximo viene mermado por 2, 3 ó 4 mil millones de euros pues se suben los impuestos y/o las cargas sociales de trabajadores, autónomos y Pymes y asunto resuelto!

¡Qué desvergüenza, qué falta de responsabilidad, qué falta de respeto a la ciudadanía y qué cúmulo de despropósitos!