La diputada regional por Guadalajara y coordinadora de Política Social del PP de Castilla-La Mancha, María Crespo, criticó en Albacete la falta de financiación para la Ley de Dependencia que fue el gran reclamo publicitario en la campaña electoral de Partido Socialista, así como la lentitud de su aplicación en nuestra región.

Acompañada por la secretaria regional de Bienestar Social y Familia, la hellinera Marisefa Andújar, la diputada regional del PP se mostró “alarmada” por la falta de desarrollo de la Ley de Dependencia en nuestra región, que no se corresponde con el gran despliegue publicitario desarrollado por ZP, al destinó 10 millones de euros, la “cuarta cantidad más alta de la historia para una campaña”.

María Crespo aportó datos que ha podido recabar del IMSERSO, puesto que la política obstruccionista y opaca de la Consejería de Bienestar Social se niega a dar datos provincializados del desarrollo de Ley, y resumió en que de las 30.000 demandas de familias en Castilla-La Mancha, se está dando una prestación económica a 3.000 personas que atienden a un familiar con discapacidad física o psíquica.

El Partido Popular se niega a que la crisis económica se cebe con las políticas sociales, por lo que anunció María Crespo “pedirá responsabilidades a la Junta de Castilla-La Mancha para que dé solución a la falta de recursos. “Si hay dinero para la subida de 170 altos cargos, o para publicidad y propaganda con presupuestos estrepitosos, lo habrá también para ayudar a las familias, ante un Ley que había generado muchas expectativas y que está causando grandes frustraciones”.

Crespo entiende que 18 meses después de la promulgación de la Ley, es tiempo más que suficiente para hacer una valoración y apuntó que para nuestra región está siendo “lenta y frustrante para gente muy vulnerable a la que se la está faltando el respeto, porque sí hay dinero para publicidad, propaganda y sueldos”.

Añadió que “el diseño le esta ley no garantiza la solidaridad interregional. Es potestativo de las CC.AA. aportar mayor o menor financiación de los mínimos que establece la Ley nacional. Así, Madrid aportó 700 millones, Valencia 300 y Castilla-la Mancha, 42 millones de euros. Esta Ley se ha configurado sin saber exactamente el número de dependientes que hay, pues están apareciendo muchos más de los previstos”.

Por su parte, Marisefa Andújar, hizo mención a las dificultades económicas que están atravesando las familias, azotadas por la crisis: precios altos en productos básicos de la cesta de la compra, desempleo y subida de las hipotecas. Señaló que las ayudas económicas a las familias están muy por debajo en España con relación al resto de Europa y que, en la medida que la crisis se está cebando con las economías domésticas, el PP trabajará durante todo el mes de agosto para que las políticas sociales, como es la propia Ley de Dependencia, no se vean mermadas y poder así transmitir las soluciones en los diferentes estamentos institucionales a través de sus parlamentarios.