Esta resolución, políticamente inaceptable para el Ejecutivo español, es producto de la deriva de los grupos independentistas que, inexplicablemente, han contado con el apoyo de otro grupo parlamentario, en su irresponsabilidad de utilizar las instituciones catalanas para alentar el conflicto y no para servir a los intereses generales de todos los catalanes. La extravagancia jurídica de este intento de condena y rechazo de S.M el Rey Felipe VI, que carece de todo fundamento legal y constitucional, no resta gravedad a la actuación protagonizada esta tarde por los citados grupos.

Por este motivo y en defensa de la legalidad y de la Constitución, el Gobierno adoptará las medidas legales a su alcance para impedir siempre aquellas actuaciones que socaven la posición constitucional de todas cada una de las instituciones del Estado.