Lima, al frente de la desde hace poco más de una semana, ha destacado en su comparecencia la próxima puesta en marcha del proceso que permitirá destinar los saldos y depósitos abandonados, más conocidos como “cuentas durmientes”, a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.

Se da cumplimiento así al mandato legal establecido en el artículo 18 en la modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, llevada a cabo en 2015.

Para dar cumplimiento a la ley, se ha aprobado la Orden SSI/1270/2017, de 21 de diciembre de 2017, que establece las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado Programa Reina para la Inclusión.

La finalidad del programa es garantizar la movilidad de las personas con discapacidad en España y fuera de nuestras fronteras “procurando una formación, unos estudios y unas posibilidades emprendedoras con auténtica igualdad de oportunidades”, ha explicado Ana Isabel Lima.

Está previsto que la convocatoria de ayudas se publique en el BOE durante el primer trimestre de 2019.

En su repaso a las acciones que ya está acometiendo el Gobierno, Lima ha destacado “una importante reforma en la que hemos contribuido activamente”: el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la Legislación Civil y Procesal en materia de discapacidad, informado por el el pasado 21 de septiembre.

Una norma que “sienta las bases para el apoyo a la persona que pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, lo que tradicionalmente se ha llamado capacidad de obrar”, ha señalado la secretaria de Estado. Es decir, supone un cambio del sistema actualmente vigente en nuestra legislación en el que predomina la sustitución por orden judicial en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas que, como regla general, serán las encargadas de tomar sus propias decisiones.

En esta línea, Lima ha calificado de “éxito democrático” el hecho de que 100.000 personas con discapacidad intelectual y mental pudieran votar en las próximas elecciones. La Reforma de la Ley Orgánica del (LOREG) ha superado ya el primer paso legislativo en el Congreso de los Diputados con amplio apoyo de los grupos políticos y sigue su curso.

Por otro lado, la secretaria de Estado ha señalado que los presupuestos para 2019 aumentan 315 millones de euros para recuperar las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares de las personas en situación de . “Una medida con un impacto importante en el género”, ha señalado, “porque el 83% de las personas cuidadoras no profesionales que se quedaron sin cotización en 2012 eran mujeres”.

Además se destinan 515 millones de euros más para mejorar las cuantías del Sistema de Dependencia, lo que supone un incremento del 40% respecto al ejercicio anterior, hasta los 1.800 millones.

La secretaria de Estado ha señalado, además, los planes en los que trabaja su departamento. Entre ellos, el desarrollo del II Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2026. “De la misma manera que este Gobierno ha defendido y trabajado para recuperar la sanidad universal, trabajaremos y defenderemos la accesibilidad también universal”, ha asegurado Ana Isabel Lima.

“Precisamente porque la accesibilidad es el instrumento que convierte a las sociedades más justas, más iguales, más solidarias y más inclusivas”, ha insistido, “resulta vital desarrollar este Plan”. El objetivo es contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los espacios como la educación, el mercado laboral, la reducción de la pobreza y la participación ciudadana.

La accesibilidad también afecta a las formas de comunicación y, por eso, “el Gobierno pretende terminar con los once años de olvido que han sufrido las personas sordas. Personas que han vivido y están viviendo sin el derecho a comunicarse como libremente decidan”.

Se refería así la secretaria de Estado al Reglamento de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. El desarrollo del Reglamento contribuirá a la eliminación de las barreras de comunicación para la participación efectiva de las personas sordas.

Además, la trabaja de la mano de las entidades sociales en el desarrollo del Plan de Acción de la del Espectro del Autismo 2018-2024 para mejorar la atención, la calidad de vida y la integración social de las personas con autismo.

Por último, el departamento que dirige Ana Isabel Lima está desarrollando el Plan Nacional de Prevención de Deficiencias y de Intensificación de Discapacidades 2018-2021 para que las personas afectadas alcancen la mayor autonomía en todos los ámbitos de la vida y puedan acceder en igualdad de oportunidades a los recursos sociales y al ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.