La nueva normativa, cuyo anteproyecto se encuentra ya en una fase avanzada de elaboración, define la naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística como actos administrativos generales, frente a las normas que incorporan dichos instrumentos y que tienen la naturaleza de disposiciones de carácter general. Esta medida evita el fenómeno de la nulidad en cascada y se acompaña con otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.

De la Serna ha recordado que decenas de planes territoriales y urbanísticos han sido anulados por los tribunales en los últimos años, afectando a ciudades prácticamente de todas las Comunidades Autónomas. Frente a la inseguridad jurídica que provoca la anulación de los planes y la imposibilidad de subsanar meros defectos formales e incluso salvar los actos de aplicación generados por los planes que se anulan, algunas comunidades autónomas han aprobado medidas parciales y provisionales con el objetivo de aportar seguridad jurídica pero que no suponen soluciones globales ni satisfactorias para lograr resolver un problema que afecta a todo el país.

La anulación de un plan territorial o urbanístico se declara, en general, sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias que la han determinado. Conlleva, además, la nulidad “en cascada” de su planeamiento de desarrollo e, incluso, de cada uno de sus actos de aplicación, como los instrumentos de gestión y las licencias de obras.

Según ha indicado el ministro, frente a la nulidad absoluta y la imposibilidad de subsanación debería distinguirse entre los supuestos de nulidad y los de anulabilidad, en los que sería posible la convalidación y la retroacción de actuaciones para la subsanación del defecto determinante de la anulación.

Mediante el uso de sus competencias, el Estado puede dar una respuesta completa y no provisional a este problema, para lo cual es necesario, ha agregado De la Serna, una reforma normativa como la que se plantea, que viene demandada por Comunidades Autónomas y magistrados, y que se ha elaborado con dictamen favorable de la Comisión de Codificación del .