Así, durante su defensa del citado decreto ley ante el Pleno del Congreso, que este jueves debate su convalidación, la vicepresidenta tercera del Ejecutivo ha reseñado la “polémica” surgida con esta modificación, apuntando que la misma “responde a las advertencias que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y entidades locales vienen haciendo desde marzo de 2018”.

En este sentido, ha explicado que esta limitación “puede conllevar una restricción injustificada de la concurrencia” en caso de ayuntamientos pequeños, ya que estos cuentan con un menor número de posibles contratistas.

Y es que, tal y como ha afirmado ante la Cámara Baja, la reforma de la contratación pública aprobada hace dos años contemplaba la prohibición de contratar con empresas que suscribieran más contratos menores que, individual o conjuntamente, superaran los 40.000 euros en caso de contratos de obra, o 15.000 euros en aquellos de servicios o suministros.

PROBLEMAS TÉCNICOS

“Puede provocar en la práctica que no se cubran todas las necesidades de contratación en determinados lugares por falta de empresas suficientes. Es decir, algo que se hizo pensando en evitar prácticas ilegales de fraccionamiento está en la práctica causando problemas técnicos”, ha aseverado.

Calviño ha apostillado que el Gobierno “es consciente de este problema desde hace tiempo”, que por esa razón habían incluido una modificación en esta línea en los fallidos Presupuestos de 2019 y que por ello ven en este conjunto de trasposiciones “la ocasión para resolver esta situación cuanto antes”.

En todo caso, la vicepresidenta ha querido subrayar que se sigue prohibiendo la fragmentación de la contratación pública que esconda fines fraudulentos, con el fin de limitar la transparencia o publicidad en las licitaciones.