“Hoy se cumple un año que los constitucionalistas salimos a la calle para defender la unión, la solidaridad, la convivencia y la Constitución”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos () en el Parlament, , el día en el que se cumple un año de la “histórica manifestación” del 8 de octubre y en la que “más de un millón de catalanes” salieron a la calle para “decir ‘basta’”. Considera que ese día se “visibilizó por primera vez” que “Cataluña no son solo los separatistas o los que llevan un lazo amarillo, sino que somos todos”. Dos meses después de esa manifestación “Ciudadanos ganó las elecciones”, ha recordado.

Carrizosa ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa horas antes de que se reúna la Mesa del Parlament para tratar la “suspensión de los seis diputados afectados por la resolución del ” y en la que los partidos separatistas deberán decidir si “siguen por la senda de la prevaricación y la desobediencia” o si, por el contrario, “hacen caso” a los letrados del Parlament que ya “se negaron a avalar el texto jurídicamente”.

Asimismo, Carrizosa ha lamentado que “los intereses de los catalanes queden siempre para lo último para aquellos vividores del ‘procés’”, en referencia al pleno de Debate de Política General que se celebrará mañana en la Cámara, aunque debería haberse producido ya la semana pasada.

Por otro lado, el portavoz de Cs ha anunciado una serie de comparecencias que han solicitado desde su grupo parlamentario. Una de ellas es la del ex jefe del de la secretaría general de vicepresidencia de la Generalitat, , porque según apuntan varios medios fue el encargado de la gestión de las bases de datos usadas para “el referéndum ilegal del 1-O”. “No solo usaron el dinero de todos, sino que robaron datos personales y privados de todos los catalanes para hacer un acto ilegal”, ha manifestado.

Desde Cs también se ha solicitado la comparecencia del conseller de Ensenyament, Josep Bargalló, por “instrumentalizar las escuelas catalanas” y utilizarlas para “promover su relato” sobre el 1-O. Y también se ha exigido explicaciones a la consellera de Justicia, , por “las noticias que corroboran” lo que ya sospechaban desde Cs, y es que “existe un trato a favor para los políticos encarcelados”. “Esto es políticamente intolerable, ilegal y moralmente reprobable”, ha concluido.