​El titular de Justicia ha destacado el incesante trabajo realizado por jueces y tribunales contra ese fenómeno, lo que a su juicio demuestra que la Justicia no sido en ningún momento complaciente con esa realidad como atestiguan, además, los 13.000 detenidos como consecuencia del Plan de lucha contra la delincuencia económica.

Para Catalá, la lucha contra la corrupción emprendida por el Gobierno está siendo muy intensa gracias a la aprobación de normas específicas como la Ley de Transparencia, la que regula la financiación de los partidos o el Estatuto del alto cargo, sin olvidar el endurecimiento del Código Penal.

El ministro ha destacado también, entre los proyectos más importantes acometidos por la Justicia, la reforma del procedimiento penal que establece un plazo fijo de instrucción y la modificación de las reglas que permiten la apertura del juicio oral para que se celebre en cuanto la comisión de un delito haya sido objeto de instrucción.

Otro cambio relevante es la reforma del comiso, con la creación este mismo año de la que pondrá a disposición de los ciudadanos los bienes y activos que sean resultado de una actividad delictiva.

Rafael Catalá ha hecho también referencia a otras reformas de la Justicia emprendidas desde su departamento y con una marcada dimensión social, como la que se refiere a la protección de las víctimas del delito gracias al Estatuto de la Víctima. Asimismo, el ministro ha defendido la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal como figura equiparable a otras de nuestro entorno democrático y que será de aplicación a delitos de especial gravedad, como el asesinato terrorista o los abusos sexuales a menores con resultado de muerte.​​​​​

, el ministro de Justicia ha resaltado que el conjunto de la política de su departamento se orienta hacia el objetivo de hacer de la Justicia una realidad cercana, amigable y próxima al ciudadano y alcanzar la necesaria agilidad en el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Para alcanzar una reforma efectiva, Catalá ha apelado también a los operadores jurídicos y a la propia sociedad, ya que considera que es una responsabilidad que trasciende más allá de las Administraciones.​