En este sentido, el ministro ha puesto de relieve el apoyo decidido de los procuradores a las reformas emprendidas durante la pasada legislatura por el Gobierno para reaccionar de la manera más ágil y eficaz posible a los cambios vertiginosos que exige esta nueva realidad digital.

Entre otros ejemplos de este impulso de cambio hacia una Justicia digital, abierta e innovadora, el ministro Catalá ha destacado los 45 millones de comunicaciones por vía electrónica registrados en los ocho primeros meses del año, un 517% más que en el ejercicio anterior en el caso de las demandas. También ha señalado la reducción de los tiempos dedicados a la presentación y notificación de documentos desde 60 días a 19 en juicios ordinarios, así como el ahorro en costes de desplazamientos, tiempo y papel por un importe de 327 millones de euros. En cuanto a la mejora de la accesibilidad a la Justicia, el ministro ha resaltado dos datos que la ratifican: un aumento del 472% en los escritos enviados en día festivo y un 547% en horario de tarde y noche.

La primera fase de implantación del expediente digital desarrollada desde enero a julio de 2016 ha permitido, en palabras del ministro, que todas las oficinas judiciales de las capitales de provincia trabajen ya íntegramente en ese formato, lo que supone que hoy contemos con más de 600 juzgados digitales que manejan el 70% de los asuntos en el territorio que gestiona el y que han firmado de forma telemática más de un millón de documentos en menos de seis meses.

Más allá de la Justicia digital y LexNET, Catalá ha señalado otros avances en modernización como los avisos por SMS para señalamiento de juicios o el servicio de información actualizada sobre el trámite en el que se encuentra un expediente. También ha destacado que se han celebrado 13.662 subastas judiciales electrónicas a través del portal del BOE por un importe de 600 millones de euros en adjudicaciones.

El ministro de Justicia ha agradecido el papel protagonista de los procuradores en el esfuerzo de adaptación profesional a los desafíos tecnológicos de la orientados a mejorar el servicio y encontrar nuevos nichos de mercado. Entre estos últimos, Catalá ha destacado el que se deriva del Convenio firmado el pasado 20 de septiembre con el Ministerio de Justicia y que les permitirá colaborar en el procedimiento de obtención de la nacionalidad española.

Por último, el ministro ha manifestado la necesidad de promover en los próximos meses una Estrategia Nacional de Justicia, es decir, un acuerdo político, institucional, profesional y social que impulse la transformación de la Justicia española y actúe sobre los aspectos que más preocupan a los ciudadanos: la independencia judicial, la organización de la Administración de Justicia, la transparencia y rendición de cuentas y su profesionalización, entre otros. También ha incluido entre los objetivos prioritarios para la próxima legislatura, reforzar la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para que la transformación digital llegue por igual a todo el territorio, así como la construcción de un sistema de gestión procesal común del que puedan disponer todas las comunidades autónomas para prestar sus servicios a la Administración de Justicia.