​En relación a la percepción social de la independencia judicial, el ministro ha recordado “la necesidad de regular la participación de jueces y magistrados en la actividad política de manera que esa independencia no quede comprometida, ni siquiera en apariencia”. Para ello, ha señalado la necesidad de alcanzar un acuerdo de todas las fuerzas políticas para configurar una Estrategia Nacional de Justicia que sea capaz de fortalecer la independencia de la Justicia y mejorar su agilidad.

En ese sentido, ha repasado varios aspectos que ya se han adoptado, como la dotación de mayor eficiencia y especialización en la planta judicial, la revisión y modernización profunda del sistema procesal, la eliminación de recursos y trámites dilatorios durante la instrucción, la regulación eficiente de la acción colectiva en un único proceso para múltiples perjudicados, o el impulso de mecanismos de resolución extrajudicial, como la mediación o el arbitraje.

El titular de Justicia ha señalado también una serie de retos que deben ser abordados de manera inmediata, destacando la inaplazable expansión de las nuevas tecnologías. Igualmente, ha mencionado la necesidad de crear más unidades judiciales, objetivo que aún no ha sido posible por la situación del Gobierno en funciones, pero cuyo proyecto de constitución se encuentra ya avanzado en el .

Catalá se ha referido a la preocupación mostrada por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia por la entrada en vigor de la segunda instancia en la jurisdicción penal y ha anunciado la planificación avanzada de unidades judiciales en el seno de las salas Civil y Penal de estos Tribunales para afrontar el previsible aumento de asuntos derivados del nuevo recurso de apelación. Se suma a este esfuerzo la posibilidad de reforzar estas salas con autorizaciones de comisiones de servicio a la espera de poder crear plazas permanentes.

El ministro también ha reconocido la urgencia de convocar nuevas plazas de jueces y fiscales, para lo que ha defendido la posibilidad de emitir una oferta de empleo público al respecto, al tiempo que se ha mostrado partidario de resarcir a jueces y magistrados de la pérdida de sus derechos motivada por el ajuste presupuestario del ejercicio 2012, mediante una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como una revisión del sistema de retribuciones.